Ningún obispo felicitó este viernes a Pedro Sánchez cuando, por primera vez en nuestra historia democrática, salió adelante una moción de censura y el líder socialista se convertía en nuevo presidente del Gobierno. En su toma de posesión, por primera vez en la historia de la democracia española, Sánchez ha prometido el cargo ante la Constitución. No hubo ni Biblia ni crucifijo sobre la mesa de Zarzuela.
Fuentes episcopales dan por hecho que el presidente de los obispos, Ricardo Blázquez, enviará la tradicional carta de felicitación al secretario general del PSOE. Pero, al menos en público, la actitud del episcopado español ha sido la del silencio. Tiene motivos para temer por sus intereses.
La apuesta por el Estado plenamente laico fue uno de los ejes del programa con el que Sánchez llegó, hace algo más de un año, a la Secretaría General del PSOE, después de las primarias en las que se enfrentó con Susana Díaz y Patxi López. En su documento programático, 'Somos socialistas-por una nueva democracia', el hoy presidente del Gobierno apostaba por que “España debe consolidar su condición de Estado laico” y eliminar el velo de confesionalidad que, 40 años después, continúa copando los actos públicos.
Según la Constitución española, España es aconfesional: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. En la práctica, hay cooperación con todas (aunque cita expresamente la católica), pero el artículo puede dar lugar a interpretaciones políticas, permite estirarlo hacia el catolicismo o hacia el laicismo. Así ha sido según si los gobiernos eran del PP o del PSOE a lo largo de la historia.
¿En qué medidas concretas? Por ejemplo, en la financiación de la Iglesia (que por ejemplo no paga IBI), en el peso de la asignatura de Religión (que hoy cuenta para nota), en los crucifijos o no en las escuelas o en los funerales de estado (que han sido oficiados por siempre prelados católicos aunque entre las víctimas hubiera personas de otras confesiones o laicas). Hoy en día es el Estado, por ejemplo, quien paga a los curas de hospitales, aeropuertos o del ejército. O a los profesores de religión católica.
La España que habrá de gobernar Sánchez ya no es tan católica según las encuestas, pero los privilegios de la institución siguen tal y como quedaron consagrados en los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, una extensión de los pactos que la Iglesia española suscribieron con el dictador Franco en 1953. El 'Concordato' del 79, aprobado después de la Constitución pero negociado a la par, otorgaba una posición de privilegio a la Iglesia católica, blindada por la Constitución y su artículo 16: la católica es la única religión nombrada en la Carta Magna.
No a la religión en el horario escolar ni el currículum
Entre las apuestas del nuevo presidente están “garantizar los valores, derechos y libertades civiles, adecuando su legislación a las características propias de una sociedad abierta, plural y compleja, en la que se respetan las convicciones y expresiones ideológicas, religiosas, culturales y de género de todos los ciudadanos”, sin que ninguna confesión religiosa tenga trato preferencial, según su documento de propuestas.
Pero, además, ese ideario subrayaba que “la naturaleza laica del Estado se ha de traducir en una potenciación de la educación laica y en valores, que se oriente a lograr que los centros educativos sean escuelas de ciudadanía, reforzando el futuro y el valor de la democracia”. En cuanto a la clase de Religión, la propuesta del nuevo presidente del Gobierno es rotunda: “Ninguna religión confesional debe formar parte del currículo y del horario escolar”. Si de él depende, Religión dejará de contar para nota, tal y como consagró la ley Wert.
Apostando decididamente por el Estado laico, Pedro Sánchez buscará la derogación de normas y acuerdo constitutivos de privilegios heredados del pasado. “Por ello -constata el programa con el que accedió a la Secretaría General del PSOE-, es preciso proceder a la denuncia de los cuatro Acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979, que dieron continuidad al Concordato establecido en 1953 entre el Régimen franquista y la Santa Sede”.
En ellos, entre otras cosas, se garantiza “la misión apostólica” de la Iglesia en “libre y público ejercicio”. Los archivos de la iglesia son “inviolables” (también aunque contengan información relevante y civil), así como sus templos (motivo por el que el abad del Valle de los Caídos ha podido impedir la entrada de técnicos, por ejemplo). También se establece la presencia de sacerdotes en hospitales, “sanatorios u orfanatos”, “tanto públicos como privados”, especifican los acuerdos, que consagran que la asignatura de Religión estará “en todos los centros de formación”, entre muchas otras medidas de privilegio en la esfera pública frente a otras religiones. En cuanto al dinero, el estado “se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico” y en esos textos se recogen también los numerosos privilegios económicos y exenciones fiscales.
Cortar el grifo de la financiación
En particular, Sánchez deja claro que pretende cortar el grifo a los obispos, apostando decididamente por “la autofinanciación de la Iglesia”, y que los símbolos religiosos desaparecerán de las tomas de posesión de cargos públicos o lugares de la soberanía popular, como ha hecho en la suya propia. Ahora mismo recaudan a través de las campañas del IRPF sin especificar el destino de ese dinero, tienen exenciones fiscales, solares cedidos, no pagan IBI y se inmatricularon a su nombre miles de inmuebles gracias a un cambio legislativo promovido por José María Aznar.
También, que se asegurará “la neutralidad de todas las instituciones, servicios y servidores públicos respecto a las convicciones ideológicas y religiosas de los ciudadanos”, algo especialmente significativo en las festividades populares o en Semana Santa, donde se ha convertido en curiosa tradición la presencia de las corporaciones municipales, o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en procesiones, romerías y otros actos netamente religiosos. O la imposición de medallas civiles a vírgenes.
Sobre el papel, Pedro Sánchez lo tiene claro, y contará con el apoyo tanto de Unidos Podemos como de ERC. Sin embargo, recuerdan desde el Episcopado español, “no es la primera vez” que algún partido amaga con la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado.
“El propio Zapatero lo hizo y al final acabó subiendo el IRPF del 0,52 al 0,7%”, apuntan, subrayando que el Concordato es una ley de rango internacional, que suscriben dos estados, España y el Vaticano, y que romperlo podría tener implicaciones políticas y diplomáticas. “Más si cabe cuando, por fin, en Roma tienen un aliado en el Papa Francisco para implementar medidas sociales”, cuestionan fuentes eclesiales. En su primer acto como presidente, Pedro Sánchez, de momento, ha mandado un mensaje.