El sistema de desaladoras instalado en la España seca cuya construcción investiga la Guardia Civil produjo el año pasado 130 Hm de los 403 de capacidad que poseen las plantas explotadas por la empresa Acuamed, según los datos de la sociedad. Y 2015 fue el mejor curso de la red, doblando el volumen declarado en 2011. La red de infraestructuras ha conllevado la inversión de unos 1.700 millones de fondos públicos.
La Audiencia Nacional sospecha que el fraude en Acuamed, a cuyo director general se le han encontrado 100.000 euros en metálico en su domicilio, se produjo en los sobrecostes a la hora de construir las infraestructuras. Una red de 12 plantas que, a pleno rendimiento, no llegaría al 10% de la demanda conjunta total de las cuencas del Júcar y el Segura a las que sirven (más de 5.000 Hm). Las desaladoras tienen que funcionar como apoyo para la presión que ejercen la agricultura, sobre todo, y las poblaciones de Almería, Murcia o la Comunidad Valenciana. Pero a los consumidores no les gusta recurrir al agua desalada.
Los datos evidencian que el arco mediterráneo español tiene carencia de agua. La propia empresa estatal registrada ha explicado al desarrollar sus proyectos que “la alta concentración de población en la costa y la agricultura intensiva” multiplican la demanda. Especialmente los regantes.
La agricultura se lleva más del 80% de los litros utilizados en las cuencas del Júcar y el Segura (el ámbito territorial de Acuamed). Entre ambas, las hectáreas de regadío consumen más de 4.000 Hm al año, según las memorias de las dos confederaciones hidrográficas. Pero para satisfacer esa sed, se pide agua barata. El precio que se cobra de media por el metro cúbico de agua desalada es de 50 céntimos. El precio medio que se aplica al agua que llega con los trasvases está en 14 céntimos. Los agricultores consideran a las desaladoras “prohibitivas”.
En realidad, los precios del agua no reflejan todo su coste. Por ejemplo, el caudal que llega desde pantanos y a través de tuberías no incluye lo que supone haber inundado un valle para crear el embalse ni la factura medioambiental de las infraestructuras.
Con todo, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, se ha colocado en la línea de agua a bajo precio y anunció en octubre de 2015 que subvencionaría la producción desalada hasta dejarla en un “precio reducido de 30 céntimos el hectómetro cúbico”. La infrautilización de las plantas ahora bajo sospecha ya supuso en 2012 una queja formal por parte de la Comisión Europea. Los fondos europeos Feder han financiado con decenas de millones de euros muchos de estos proyectos. La Dirección General de Política Regional de la CE ha contestado a eldiario.es que “ha pedido explicaciones” sobre el presunto fraude en Acuamed para evaluar si cabe “pedir la devolución” del dinero.
Sistema de concesionarias
La docena de plantas que gestiona Acuamed se han construido con diferentes modelos a la hora de contratar empresas para levantarlas o dar el servicio. Las adjudicaciones de contratos son justo el paso en el que se han detectado las irregularidades ahora investigadas. El diputado de Podemos y profesor de economía del agua, Pedro Arrojo, aseguraba a eldiario.es tras saltar el escándalo que “las desviaciones en los presupuestos de estas infraestructuras son la norma. Se escapan al control”.
Las desaladoras más antiguas de Acuamed, las de Málaga y Marbella, las gestionan sendas empresas públicas. Pero la mayoría de los proyectos funcionan con una concesión por diversos años a una unión de empresas (normalmente a la que también se encargó la obra). Los plazos varían y las contratistas también. Así, la de Águilas (Murcia), con una inversión de 238 millones, tiene una concesión de 15 años a la UTE Ferrovial-Sacyr-Cadagua-Sadyt que opera la desalinización. Igualmente, la de Torrevieja (300 millones) se adjudicó a Typsa por 15 años. La de Valdelentisco a Cadagua por un periodo de 4 años. En Baja Almanzora, Almería, el contrato de concesión se firmó por tres lustros con la alianza de FCC-Befesa y Aqualia.