La desigualdad en la inversión anual por dependiente: 13.000 euros en Euskadi frente a 6.500 euros de Castilla y León

El sistema de dependencia continúa lastrado por la desigualdad territorial que se produce en la inversión económica. Frente a comunidades como Euskadi (12.932 euros), Extremadura (11.813 euros) y Navarra (10.541 euros) que destinaron más de 10.000 euros a los beneficiarios de esta prestación en 2021, otras autonomías –como Castilla y León, Andalucía, Galicia, Canarias y Murcia– no llegaron a los 7.000 euros anuales.

Esta disparidad territorial es uno de los puntos conflictivos donde la asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales pone el foco. A pesar de que 2021 ha supuesto un punto de inflexión en la gestión de la dependencia en nuestro país, en gran medida gracias a la inyección económica del Gobierno central, la asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales alerta de los retos que el sistema todavía tiene por delante.

El año pasado la inversión pública en dependencia supuso 9.559 millones de euros a las arcas públicas. Ante el aumento de la financiación estatal –que ha pasado de 1.300 millones de euros en 2020 a 1.992 millones en 2021– esta organización ha detectado que algunas autonomías han optado por reducir la inversión pública en servicios sociales. Por su parte, los gobiernos regionales aportaron 7.566 millones de euros (79,2%) al sistema. El peso de la financiación autonómica ha caído cinco puntos a lo largo del último año, según los datos que han hecho públicos este martes.

La asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales considera “especialmente sangrantes” los “recortes” ejecutados por la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Canarias, que han reducido en 55 millones y 43,6 millones –según los datos publicados por la organización– las partidas presupuestarias destinadas a atender a personas dependientes, en comparación con los datos de 2020. Junto a esas dos autonomías, hay otros nueve ejecutivos regionales que también han reducido su inversión: Castilla y León, La Rioja, Galicia, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla La Mancha.

Recortes “especialmente sangrantes”

En la última edición del informe anual comparativo de la financiación de dependencia, la asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales alertan de “la acusada desigualdad territorial”. Para identificar esas horquillas entre regiones utilizan una variable que denominan inversión en dependencia “por persona potencialmente dependiente y año”, que engloba a las personas que ya necesitan una prestación y aquellas que estiman que la requerirán en un futuro cercano. En la zona alta del ranking de esa variable se encuentra Euskadi (2.310 euros), Extremadura (1.774 euros) y Navarra (1.500 euros), mientras a la cola se sitúan Canarias (543 euros) y Galicia (596 euros).

En el gasto medio por persona beneficiaria también existe disparidad. Comunidades como Euskadi (12.931 euros), Extremadura (11.813 euros) y Navarra (10.541 euros) se sitúan por encima de los 10.000 euros, frente a otras como Castilla y León (6.599 euros), Andalucía (6.653 euros), Galicia (6.758), Canarias (6.893 euros) y Murcia (6.898 euros) que se mantienen bastante alejadas de ese parámetro. 

46.300 fallecidos en lista de espera

Más allá de los datos económicos, la asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales pone el foco en el número de personas que murieron sin que se les otorgara el derecho que tenían reconocido a una prestación. En 2021 fallecieron 46.300 personas en las listas de espera de la dependencia: 18.356 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 27.944 personas pendientes de resolución de prestación, según los datos aportados por la organización. 

Para paliar la situación de la dependencia en nuestro país, el Ministerio de Derechos Sociales implementó un plan de choque que ha supuesto una inversión de 600 millones. Esta estrategia ha tenido en 2021 un impacto directo en el sistema.

Aún así, los gerentes de servicios sociales han alertado de que la reducción de la lista de espera, uno de los objetivos de esta estrategia, “no se cumplió”. “En lugar de reducir en 60.000 personas el ‘limbo de la dependencia’ –aquellas personas a las que se reconoce el derecho a la prestación, pero aún no la tienen concedida–, solo se redujo en 38.807 personas. Incluso siete comunidades incrementaron esa lista de espera”, recoge el informe elaborado por la organización.  

A su vez, desde este colectivo lamentan que el Gobierno central haya dejado sin gastar 75 millones de euros presupuestados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el “nivel mínimo”, una vía de financiación que se aporta a cada región en función de diferentes indicadores, como el número de dependientes efectivamente reconocidos y atendidos. 

Sobre esta cantidad, desde el Ministerio de Derechos Sociales ya apuntaron que “la ejecución depende de la gestión de las comunidades” y “no todas han acelerado a la vez, ya que cada una aborda sus problemas particulares con sus propias medidas”. Más allá de los 75 millones señalados por la asociación, hay que tener en cuenta que de los 1.746 millones presupuestados en el “nivel mínimo” se ejecutó el 95,6% de esa partida.