La autodeterminación de género y el viraje del PSOE: de impulsarla en 2017 y en diez leyes autonómicas a verla como un obstáculo en la ley trans

La ley trans que prepara el Gobierno ha abierto una enorme brecha en la coalición. El PSOE se ha desmarcado del borrador que ha elaborado el Ministerio de Igualdad al considerar que refleja solo la posición de Unidas Podemos y deja en el aire la redacción final del texto, que aún tiene que pasar por otros ministerios, como Justicia. El principal foco de conflicto es la inclusión de la autodeterminación de género, una reivindicación histórica del colectivo trans y la piedra angular del proyecto para Igualdad. Ello implica la posibilidad del cambio del sexo legal sin necesidad de cumplir requisitos previos –actualmente se exige un informe diagnóstico y dos años de hormonación– más allá de la “declaración expresa” de la persona, pero el PSOE apuesta por seguir manteniendo algún tipo de filtro, aunque no detalla una alternativa concreta.

“Me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”, afirmó la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en una entrevista en la Cadena Ser este jueves. La también secretaria de Igualdad del PSOE marcó así la postura de los socialistas siguiendo la posición que fijó el partido este verano a través de un argumentario contrario a la autodeterminación, que la señalaba como carente de “racionalidad jurídica”. Se trata de un giro radical del partido de Pedro Sánchez, que hasta ahora había apoyado e impulsado iniciativas similares a la elaborada por Igualdad, tanto en el Congreso como en diez comunidades. En ellas rigen leyes autonómicas –que tienen implicaciones y alcance diferente a la estatal– que recogen el principio de autodeterminación de género.

Fuentes oficiales del departamento de Calvo señalan a elDiario.es, que “para cambiar el sexo en el registro no va a exigirse ningún informe médico o psicológico”. “Lo que defendemos es que esa ”manifestación de voluntad“ quede reflejado con seguridad jurídica, como en cualquier otro proceso de orden administrativo. Porque la seguridad jurídica la da el cambio registral. Lo que hay que establecer es cómo se va a plasmar, o qué forma jurídica concreta va a tener para que esto se lleve a cabo con todas las garantías”, apostillan esas fuentes.

Ferraz no explica a qué se debe el viraje y se limita a decir que el Gobierno tiene ahora que analizar a fondo el borrador de Igualdad. Sin embargo, dirigentes socialistas consultadas por elDiario.es admiten que ha habido una modificación en el posicionamiento tras intensificarse el debate en los últimos años en el movimiento feminista, y no solo en España. Fue el propio PSOE el que impulsó una iniciativa prácticamente calcada a la que ahora ha redactado el departamento de Irene Montero en 2017. La propuesta, según un comunicado socialista de entonces, pedía “eliminar la exigencia de informes o tratamientos médicos, y el límite legal de 18 años para que los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo”. Los trabajos se alargaron hasta 2019, cuando el Boletín Oficial del Congreso publicaba el texto base de la norma, que recoge básicamente el punto que ahora el PSOE cuestiona de la ley trans: la libertad de cambiar el sexo y el nombre únicamente con “la declaración expresa” de la persona interesada.

La iniciativa, que pretendía modificar la actual Ley 3/2007, que su vez habían aprobado los socialistas hace diez años, reconocía entonces como “imprescindible” lograr la despatologización de las identidades trans “eliminando para siempre las exigencias de informes o tratamientos médicos”. De esta manera, para que el Estado “reconozca verdaderamente el derecho a la identidad sexual o expresión de género autopercibida y libremente determinada” es necesaria “una legislación que reconozca su derecho a rectificar la mención registral relativa al sexo sin condicionamientos ni dependencias de asignación o acreditación por parte de terceros a través de los informes médicos hasta ahora exigidos”, manifestaba el texto.

El informe de la ponencia contó con el respaldo del PP (aunque había votado en contra en dos puntos sobre personas no binarias e intersexuales), del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Compromís y PDeCAT, pero nunca llegó a debatirse en comisión. A mediados de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria anticipada de elecciones y la disolución de las Cortes, por lo que todas las iniciativas decayeron. Solo los populares habían intentando diluir la iniciativa durante la tramitación. Así, una de las enmiendas presentadas buscaba precisamente seguir manteniendo algún requisito médico. Y lo justificaba en que “la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares”.

La dirección socialista evita pronunciarse sobre ese cambio de criterio, que Ángeles Álvarez, que fue una de las representantes socialistas en la elaboración de esa ponencia, atribuye a una mayor información a posteriori sobre el asunto. “El PSOE se cayó del caballo cuando tomó conciencia de las consecuencias prácticas de legislar la autodeterminación”, explica la exdiputada, que ahora es una de las principales opositoras a esa norma, al considerar que provoca “el borrado de las mujeres”.

Diez leyes autonómicas lo reconocen

Más allá del ámbito estatal, desde 2014 hasta hace unos meses se han aprobado normativas que van en la dirección del borrador de Igualdad, algunas LGTBI y otras específicamente trans. Entre ellas, las de Andalucía, Extremadura, Madrid, la Comunitat Valenciana, Murcia, Navarra, Baleares, Aragón, Euskadi y Cantabria contemplan específicamente la autodeterminación de género. Las implicaciones son diferentes que las que propone el borrador de la ley trans –que supone poder cambiar el sexo en el Registro Civil–, pero el principio es el mismo, el de reconocer a la persona sin necesidad de filtros ajenos a sí misma.

La ley andaluza fue la primera en incorporar la autodeterminación de género en 2014 de la mano de un Gobierno del PSOE e IU. La norma reconoce que para favorecer “una mejor integración” y evitar “situaciones de sufrimiento o discriminación”, la Administración “proveerá a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada”. Y lo hará mediante trámites “gratuitos” que “en ningún caso implicarán la obligación de aportar o acreditar cualquier tipo de documentación médica”. Tras esta iniciativa pionera en España vinieron las demás, todas prácticamente iguales y la mayoría defendidas por diputadas socialistas. Pilimar Zamora, por ejemplo, apeló en el parlamento aragonés a que el objetivo era “mejorar la vida de las personas” que “quieren ejercer su derecho a su identidad de género libremente manifestada”.

Desde el PSOE aragonés explican ahora que la norma que apoyaron en el Parlamento autonómico “regula exclusivamente competencias autonómicas como educación, cultura, juventud, inserción social o igualdad de oportunidades y no discriminación en el empleo, entre otras”. “Se aprobó en un momento en el que no existía debate normativo a nivel estatal, que recoge una regulación legal mucho más amplia y que afecta a más aspectos”, apuntan desde el partido de Javier Lambán, que propuso la norma en coalición con la Chunta Aragonesista. En el partido se muestran convencidos del compromiso del PSOE con las personas LGTBI y con “regular con la suficiente seguridad jurídica la garantía de todos los derechos”. “La mejor forma de lograr esa garantía de derechos para las personas transexuales es legislar de forma prudente, segura y rigurosa”, apostillan.

“Con lo que sabemos hoy, no habría salido así”

En Ferraz tampoco emiten un posicionamiento concreto respecto a las distintas normativas autonómicas que se han impulsado con apoyo socialista. “Lo importante es el debate nacional, que es el paraguas de todos los derechos. Seguramente después todos los parlamentos mirarán al nacional”, señalan fuentes oficiales del partido de Sánchez. “Las leyes autonómicas generan recursos pero no tienen marco de reconocimiento de derechos”, agrega una dirigente consultada por esta redacción, que coincide con otras socialistas en que las normas de las comunidades tienen un “impacto limitado” a los niveles administrativos de su competencia mientras que lo “relevante” es trasladar el cambio de sexo sin requisitos previos al Registro Civil.

Aunque el marco autonómico no reconoce el derecho de modificar el sexo legal, como sí hace la propuesta de Igualdad, sí posibilita a las personas trans acceder a algunos derechos sin obligarles a atravesar requisitos médicos: en general, permiten el cambio de nombre y sexo en documentos que son de su competencia, como la tarjeta sanitaria o el abono transporte. También impulsa la formación de los profesionales sanitarios y educativos, y la adopción de protocolos en entornos escolares para garantizar que los menores sean tratados de acuerdo a su identidad. Entre otras cosas, garantizan por ejemplo que los niños y niñas puedan usar las instalaciones del centro educativo “incluyendo los aseos y vestuarios” que les corresponden, dice literalmente la ley valenciana.

Allí, en la Comunitat Valenciana, la norma se aprobó en 2017 sin unanimidad. El PP rechazó la ley propuesta por el Govern liderado por el socialista Ximo Puig, aunque la encargada de redactarla fue la vicepresidenta, Mónica Oltra, de Compromís. Podemos e IU no formaban entonces parte del Ejecutivo, pero sí apoyaron la norma. Su artículo 1 dice: “Esta ley tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho de autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género sentida diferente a la asignada en el momento del nacimiento”. El Consell Jurídic Consultiu puso pegas a la redacción de la ley, pero fueron ignoradas. La secretaria de Igualdad del PSPV, Rosa Peris, es de las dirigentes que defienden el cambio de posición: “Con lo que sabemos hoy, esa ley no habría salido así”.

Las últimas leyes, impulsadas hace meses

La última de las leyes trans aprobadas fue en el Parlamento de Cantabria en noviembre de 2020. Como las demás normas autonómicas, ya en el preámbulo reconoce “el derecho a la autodeterminación y a la libertad para definir la propia identidad sexual o identidad de género”. Además, hay otras tramitaciones abiertas que, al menos hasta ahora, han contado con el apoyo de los socialistas. Es el caso de la iniciativa legislativa del Parlamento de Canarias, cuyo Boletín Oficial publicó en marzo del año pasado una proposición de ley “de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales”. Los proponentes fueron el PSOE, los partidos nacionalistas (Coalición Canaria y Nueva Canarias), el PP, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera.

El documento recoge que el objetivo de la ley es regular, entre otras materias, “la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género de las personas”. Dispone, además, que “en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico”. El PSOE canario rechaza pronunciarse sobre la disparidad de criterios con la dirección federal. “No se harán declaraciones al respecto hasta la aprobación de la ley”, responden a las preguntas de elDiario.es.

En La Rioja, donde hace escasos meses se tomó en consideración una proposición de ley a iniciativa del PSOE e IU, el debate suscitado en el Gobierno deja en el aire la posición final de los socialistas: “Viendo la discusión a nivel nacional estamos abiertos a ajustarla a lo que vaya ocurriendo”, explica el portavoz del PSOE en el Parlamento riojano, Raúl Díaz, que subraya, no obstante, que más allá del principio de autodeterminación de género la propuesta incluye otros aspectos relevantes para las personas transexuales, como protocolos en educación o sanidad, entre otros.

La disputa de la autodeterminación

El debate está presente en el movimiento feminista y ahora se ha trasladado explícitamente al seno del Gobierno, aunque tampoco hay unanimidad interna ni en el PSOE ni en Unidas Podemos. Las socialistas que se oponen con mayor dureza a la propuesta de Igualdad sostienen que no se puede “legislar sobre un sentimiento [el sexo sentido]”. “No se puede sustituir el sexo por el género”, dice una exdirigente experta en igualdad. “El no binarismo niega la desigualdad estructural”, reflexiona otra en referencia a que se reconozca legalmente la categoría no binaria, más allá de hombre o mujer.

Sin embargo, las personas trans insisten en que lo que busca la autodeterminación es que el Estado reconozca su identidad, no sus deseos o sus elecciones. “La identidad de género no se puede elegir o decidir, es nuestra realidad, nuestra experiencia más íntima”, explicaba esta semana la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGBT), Uge Sangil, que insistía en que las personas trans “ya somos y existimos”, y lo que reclaman es que su reconocimiento legal no dependa de terceros.

“¿Que hagan informes los profesionales es patologizar? No lo veo así”, señala otra de las fuentes socialistas consultadas. “Algún proceso de seguridad jurídica tiene que haber. Hasta las víctimas de violencia de género necesitan un informe”, apostilla otra. “Lo tenemos que hacer con la seguridad jurídica suficiente para que los nuevos derechos no supongan una merma para derechos preexistentes”, expresó Calvo ante el temor a que “la desaparición del sexo como concepto perjudique la protección de las mujeres”, según explica una veterana socialista, aunque no ahonda en esos potenciales perjuicios.

La mayoría de fuentes socialistas consultadas consideran que tiene que haber algún requisito que acredite la transexualidad a la hora de realizar el cambio legal del sexo en la línea de la “situación estable de transexualidad” que señaló el Tribunal Constitucional en una sentencia. Un tribunal que, por otro lado, determinó que la ley actual es inconstitucional por excluir a los menores, algo que pretende paliar el nuevo borrador de la ley.

El PSOE sigue sin aclarar cuáles pueden ser esos requisitos que den la seguridad jurídica a la que apela insistentemente. Y a pesar de que la bronca entre los socios parece lejos de resolverse, Calvo se mostró –al menos públicamente– confiada en llegar a un punto de entendimiento. “Va a salir bien”.