La LOMCE apuesta por reciclar los libros de texto, pero a la vez obliga a cambiar el material escolar de más de 180 asignaturas. Aunque la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que comenzará a implantarse en septiembre, ha incorporado una enmienda para buscar formas de reutilizar los libros, en la práctica su propia puesta en marcha lo impide.
Las editoriales trabajan a destajo para tener a tiempo las primeras ediciones de la 'era Wert'. Sin embargo, en rigor, los contenidos de las materias aún no son definitivos. Además, el Ministerio de Educación insiste en recortar el dinero que destina a las ayudas: un 37,5% menos que el curso pasado. Así, una parte de los costes de la nueva ley, aprobada solo con los votos del PP, recaerá de lleno en las familias.
“Nos enfrentamos al cambio del material de más de 180 asignaturas”, afirma José Moyano, presidente de la Asociación de Editores de Libros de Texto (ANELE), “con el inmenso trabajo que supone cambiar una sola materia para todo el país y en un tiempo tan reducido”, asegura.
Los sectores críticos con la norma denuncian además que este cambio garantiza el negocio de las editoriales durante varios años. “Y menos mal que se pasó de dos años a tres para la implantación”, insiste Moyano. Las anteriores leyes de educación preveían un calendario de entre cinco y diez años. En cambio, la LOMCE llegará a las aulas de 1º, 3º y 5º de Primaria y las 14 titulaciones de la nueva FP Básica en el próximo curso. Para el resto de Primaria y los cursos impares de Secundaria y Bachillerato, las modificaciones aterrizarán en 2015-2016, y en los cursos pares la reforma se aplicará en 2016-2017.
Como complicación derivada del escaso margen de tiempo, los fabricantes de libros ni siquiera tienen claro cuáles serán los contenidos. El Ministerio de Educación los determina para las asignaturas troncales, pero las autonomías tienen cierto margen en las específicas, además de las denominadas “de libre configuración autonómica”. Y en un contexto en el que varias comunidades autónomas han anunciado que recurrirán la LOMCE al Constitucional o que se declararán directamente insumisas, es un trámite que no parece que vaya a estar listo a tiempo. En cualquier caso, y aunque el viernes pasado acabó el plazo para hacer sugerencias al borrador de currículos, las editoriales llevan tiempo trabajando con él, confiando en que “no suele haber grandes cambios”.
El precio de la nueva ley de educación
Los costes del prototipo de una asignatura troncal, como Matemáticas, para todo el país “en todas sus lenguas autonómicas” ascienden a 200.000 euros, según afirma el presidente de ANELE. A esta cantidad hay que sumarle el precio de impresión de cada ejemplar. Para Jesús María Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), “el Gobierno ha acometido unos cambios innecesarios y, por ello debería correr con los gastos”. En ANELE afirman que aún no saben si habrá variaciones en los precios, que el año pasado aumentaron un 1,1%, aunque se declaran “comprometidos con la contención”.
El Estado ha reducido las subvenciones para el material escolar, que son de dos tipos: ayudas económicas para la adquisición de libros de texto o de préstamo de material didáctico gestionados por los centros educativos. Este martes el BOE recogía el descenso en la aportación estatal de 2013, de 32 a 20 millones. Los presupuestos del presente año no incluyen transferencias a las Comunidades Autónomas en este concepto, sólo a los centros dependientes del Ministerio en Ceuta y Melillla.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentó en las Cortes Generales las recomendaciones de un estudio del pasado octubre sobre la evolución de estas ayudas desde 2008. La institución defiende que los libros se adquieran con fondos públicos y sean reutilizados por distintos alumnos, un sistema que fomenta valores y actitudes de uso responsable entre los escolares.
El estudio apuntó que en los últimos cinco años los fondos totales destinados a la financiación de las políticas de gratuidad han caído un 45,2%: un descenso del 74,9% de la financiación estatal y del 34,9% de la autonómica. Como consecuencia, el número de beneficiarios ha bajado un 33,1%, desde los casi tres millones en el curso 2008/2009 a los dos millones en el pasado año escolar.
Madrid carga con la gestión de las ayudas a los centros
De los 30 millones de euros que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid venía dedicando a las ayudas para libros de texto cada curso, hoy no queda ni el esqueleto. Las ayudas puestas en marcha por Esperanza Aguirre en 2006 (inicialmente solo para familias numerosas) ya no existen como tal. El sistema vigente desde el curso pasado es el de préstamos de libros, un fondo de 4,6 millones de euros que la Consejería de Educación transfiere a los centros públicos y concertados de Primaria y Secundaria para que sean ellos quienes gestionen el dinero.
La LOMCE ha incorporado este mecanismo gracias a la iniciativa de Elena Alfaro, una madre que recogió 270.000 firmas en una campaña para poner en marcha un sistema gratuito de préstamos. Sin embargo, el negocio editorial sigue sin favorecer a las familias con varios hijos. Los materiales se quedan obsoletos y no pueden ser reutilizados de un año para otro. Y mucho más ahora, cuando algunos contenidos cambian por completo.
En centros educativos como el colegio concertado Sagrada Familia, en el municipio madrileño de Pinto, ni siquiera se ofrece la posibilidad de reciclar los libros de texto. “Este curso nos han obligado a comprarlos. Para poder pagar los 270 euros que me han costado solo los de mi hijo, hemos vendido los del curso pasado y aun así no nos llegaba”, explica Laura (nombre ficticio), madre de un chico de quinto de Primaria. Pero este caso no es el más común. La práctica desaparición de las ayudas para libros ha activado los mecanismos de solidaridad de los centros educativos.
La reutilización de libros, condenada a desaparecer
En La Latina, un colegio público de Aluche, la dirección del centro entrega desde hace varios cursos una circular en el tercer trimestre para pedir que las familias que, si no van a reutilizar los libros, los donen a los niños y niñas que no pueden costeárselos. “Las necesidades están aumentando y la respuesta de la Administración ante esta situación es nula”, denuncia Sonia Molina, secretaria del colegio. La “despreocupación” se extiende hasta el punto, explica, de que ahora son los propios centros los que tienen que repartir la partida que reciben anualmente. “Antes los beneficiarios recibían un cheque que canjeaban directamente en el lugar de compra. Y la Comunidad de Madrid era responsable de la baremación. Desde este año, sin embargo, nosotros tenemos que pedir a los padres y a las madres las nóminas, el informe de vida laboral o la documentación del paro para constatar cuál es su situación económica”.
A partir de estos datos, el centro decide qué niños y niñas se benefician del préstamo de material, supervisados por el consejo escolar. En este curso, el colegio ha proporcionado libros de texto a 89 alumnos y alumnas de los 109 que lo solicitaron.
Para Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Educación de CCOO, “que los colegios e institutos manejen este tipo de datos personales coloca a los alumnos y alumnas en una situación de vulnerabilidad”. Un nuevo modelo de gestión que también emplaza a los trabajadores de administración del centro en una posición complicada. “Leer las solicitudes ha sido muy doloroso. Hasta que no te ponen los papeles sobre la mesa no reparas en los ínfimos ingresos de muchas familias”, confiesa María Cruz Guerra, directora del Instituto Antonio López, en Getafe. Este curso, la Comunidad les concedió 3.000 euros, una cantidad con la que solo han podido comprar 17 lotes de libros de texto. “Estábamos desbordados porque con ese presupuesto éramos incapaces de dar respuesta a todas las familias. Por eso pusimos en marcha las donaciones”.
“Habíamos logrado impulsar iniciativas propias, como las de los bancos de libros, para que las familias reutilizasen el material, pero ahora con los cambios no será posible”, dice el presidente de CEAPA, que ve contradictoria la actuación del Gobierno con la disposición adicional quinta de la LOMCE.
La ley recoge en este artículo que el Ministerio de Educación “promoverá el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares”. “Para hacer un verdadero programa de préstamo, debe ser la Administración la que lo lleve a cabo”, afirma Sánchez. La CEAPA, asegura, seguirá trabajando para evitar que la ley llegue a las aulas y recurrirán a la insumisión. “No nos rendiremos. Intentaremos que nada cambie en los centros educativos y que se sigan utilizando los mismos libros, si los profesores colaboran”, concluye.