La Comunidad de Madrid ha movido ficha en la partida de ajedrez que disputa contra el Gobierno central. Esta vez con la Educación como tablero. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado este jueves su Ley Maestra, con la que pretende boicotear buena parte de las medidas que se incluyeron en la llamada Ley Celaá precisamente para contrarrestar las políticas educativas madrileñas de las últimas dos décadas.
No va a ser el último episodio de esta pelea ideológica: el Ministerio de Educación está optando por ponerse de perfil para no dar argumentos al Gobierno regional, pero el PSOE calificó este miércoles la normativa autonómica a través de su secretaria de Política Social, Educación y Universidades, María Luz Martínez Seijo, de “panfleto ideológico, una estrategia de marketing” y afirmó que cuando se aprobase sería recurrida si es necesario tras analizarla “punto por punto”.
En 19 años –y siete presidentes– nunca el PP había considerado necesario realizar una ley educativa propia madrileña que adaptase las diferentes normas estatales a la región. Hasta ahora. El Ejecutivo regional no se esconde: se aprueba esta ley para defender la “libertad de elección” de las familias, a la escuela concertada y los centros de educación especial, elementos todos ellos amenazados por la Lomloe, según el Gobierno regional que preside Ayuso.
La presidenta madrileña, que ha utilizado el enfrentamiento constante contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez –al igual que hiciera su predecesora y mentora Esperanza Aguirre con José Luis Rodríguez Zapatero– para lanzar un perfil político nacional, ha visto en la educación un filón para ahondar en esta batalla, al igual que ha hecho con los impuestos. En ambos casos, Ayuso pretende “blindar” sus posiciones ideológicas con leyes autonómicas que impidan la acción del Gobierno de coalición. Desde el PSOE avisan: “Una ley autonómica nunca va a estar por encima de una ley estatal”, según asegura este jueves la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid durante el debate parlamentario.
Al proyecto legislativo impulsado por el Gobierno regional, se le han añadido 27 enmiendas transaccionadas presentadas por el grupo parlamentario del PP y el de Vox. Mientras ambas formaciones se congratulaban por la aprobación de la ley, la izquierda en bloque criticaba una norma que califican de “innecesaria”.
Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos acusan al Ejecutivo de Ayuso de “atacar” a la educación pública, ahondar en la segregación educativa y “hacer negocio”. “Esta ley atenta contra la igualdad de oportunidades”, aseguró Agustín Moreno, de Unidas Podemos, mientras que desde Más Madrid acusaron a las derechas de incumplir la Constitución.
También la comunidad educativa agrupada en torno a la Plataforma Regional por la Escuela Pública, que aglutina a sindicatos docentes y familias usuarias de la red pública. En un comunicado, la plataforma llama a la ley Maestra “ley Ayuso de privatización educativa” y sostiene que “no es más que otra vuelta de tuerca al camino marcado por las políticas neoliberales y de mercantilización de la educación por parte del actual gobierno”.
19 años segregando
La Comunidad de Madrid ha realizado desde que está gobernada por el PP (de 2003 hasta hoy) una política de impulso indisimulado de la escuela concertada bajo el mantra de defender la “libertad de elección de las familias”. Unos centros, sobre todo los pertenecientes a la llamada nueva escuela concertada (la que surge en el SXXI al calor de las políticas populares, la que por ejemplo utilizó Francisco Granados para cobrar mordidas), en forma de sociedades mercantiles, que tienen en ocasiones grandes beneficios y reparten dividendos.
Lo que los diferentes gobiernos regionales no publicitan tanto es que la escuela concertada pide cuotas voluntarias a las familias, que funcionan de facto como una barrera para los más desfavorecidos. También se instauró el distrito único en toda la región, de manera que la proximidad al colegio dejó de ser una cuestión definitiva para escoger centro. Y la literatura científica ha demostrado –es bastante intuitivo– que quienes se pueden permitir cruzar media región para ir al colegio que creen mejor para su descendencia son los más pudientes.
El resultado: si Madrid fuera un país, sería el segundo de toda Europa que más segrega a su alumnado, solo por detrás de Turquía. Los ricos con los ricos, los pobres con los pobres. El informe de Save the Children y Esade titulado Diversidad y libertad, reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro señala los mecanismos que apuntalan esta situación: financiación de los centros, las citadas cuotas de la escuela concertada, los baremos para elegir colegio o instituto, la matrícula viva o la zonificación escolar son algunos de los elementos decisorios. Todos ellos tienen lugar en la Comunidad de Madrid.
Otra práctica muy madrileña de los últimos años ha sido ceder suelo público, a veces a 99 años vista, para la construcción de colegios que tenían el concierto antes de nacer. A ningún gobierno le preocupó que estas cesiones estuvieran expresamente prohibidas por ley: hasta que el exministro del PP José Ignacio Wert legalizó la práctica en su Lomce, los gobiernos de Madrid cedieron bajo esta fórmula al menos 45 parcelas para estos fines.
El contrapeso de la Lomloe
A todo esto quiso poner coto el Gobierno central con la Lomloe. La conocida como Ley Celaá introduce medidas como eliminar la expresión “demanda social” que introdujo la LOMCE para justificar la construcción de centros concertados; garantizar la oferta de plazas con el apellido “públicas”, no concertadas; o asegurar un reparto “equitativo” del alumnado para que no se concentre el menos favorecido en la escuela pública y el más favorecido en la concertada, como sucede ahora.
Y, acción-reacción, la ley Ayuso va replicando casi punto por punto. Habla de garantizar las plazas “sostenidas con fondos públicos”, lo cual mete en la ecuación a la concertada, centros que específicamente aparecen nombrados en la norma como garantes. Reintroduce el concepto “demanda social”, que en toda la historia solo ha existido en la Lomce de Wert, una norma que en buena medida se dedicó a validar las cosas que pasaban en la Comunidad de Madrid.
Respecto a la cesión de suelo, la Ley Maestra no da rodeos: “La Comunidad de Madrid podrá convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”.
También recupera Ayuso para Madrid la posibilidad de financiar con fondos públicos colegios que segreguen por sexo, de nuevo una práctica que estuvo prohibida hasta la Lomce de Wert y que la Lomloe de Celaá ha vuelto a acotar por discriminatoria. La Ley Maestra establece en el artículo 5 que “no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960”.
La presidenta también ha incluido en su norma el blindaje del distrito único, que como explicaba el informe sobre segregación es uno de los elementos que más separa al alumnado y también ha considerado necesario establecer por ley “el derecho a recibir enseñanzas en castellano” en la región como lengua vehícular. En una comunidad sin lengua cooficial donde, como comenta con sorna la oposición, la única amenaza al castellano en las clases es el programa bilingüe por el que tanto apuesta el PP y que se considera, también, segregador del alumnado. La explicación hay que buscarla, de nuevo, en la Lomloe, que eliminó de su articulado la referencia a que el castellano es la lengua vehicular de la educación. Una referencia, por otra parte, que de nuevo se inventó Wert para su Lomce: nunca antes había existido. La partida de ajedrez que se extiende en el tiempo.