La profesora López de los Mozos no aclara por qué mérito académico puso sobresaliente a Pablo Casado

La Asamblea de Madrid ha acogido este viernes la primera sesión de la reducida Comisión de Investigación sobre las irregularidades producidas en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos. Tres de los profesores que durante semanas acapararon portadas por las calificaciones que pusieron a Pablo Casado y a Cristina Cifuentes se han vuelto a ver hoy las caras: Enrique Álvarez Conde, el exdirector del departamento universitario clausurado, y las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos.

Tras años trabajando conjuntamente en el IDP, clausurado después de que eldiario.es develase que se regalaban títulos universitarios a alumnos VIP, este viernes dos de ellos ni se han saludado cuando se han cruzado en una de las salas de la Asamblea de Madrid. Rosado y Álvarez Conde han sido los últimos en declarar, los dos siguen imputados en la causa judicial que todavía se encuentra abierta. En ella se investiga la falsificación del acta exhibido por la expresidenta el pasado 21 de marzo para defenderse tras conocerse que obtuvo un máster con calificaciones falsificadas. Y los dos han compartido estrategia, no han respondido a las preguntas de los diputados.

Aún así, Álvarez Conde ha leído un comunicado en el que ha tratado de eludir responsabilidades y ha reconocido que sufrió presiones del Gobierno regional. “No llego a alcanzar qué obligación política se puede deducir de mi persona”, ha comenzado indicando, para atacar acto seguido a las dos instituciones públicas que estuvieron involucradas en este escándalo. “Siempre actué dentro de la legalidad más absoluta y mi único error fue no haberme sabido sustraer los días 20 y 21 de marzo del 2018 a las fuertes presiones del rectorado de la universidad y de la Comunidad de Madrid”.

En su breve declaración ha alegado que en los másteres de Cifuentes y Montón él no era el máximo responsable: “Fui un profesor más de dichos másteres impartiendo asignaturas compartidas”. Sobre su imputación y el protagonismo que tiene en esta trama, en la que él ostentaba el máximo poder del instituto investigado, también ha intentando desvincularse. “Parece que cometí el error de estar situado en el lugar y en el momento más inoportuno, siendo el objeto de encarnecidas luchas políticas”. Además, ha añadido: “Fui el instrumento idóneo para la caza de otras piezas mayores. Este es mi pecado capital”.

Aunque ha anunciado esta decisión, los diputados no han querido perder la ocasión de interrogar al catedrático que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel situó como el “urdidor” de un “plan preconcebido” para “regalar títulos académicos”. Le han recordado gran parte de los titulares que ha protagonizado este último año. Más allá de las prebendas políticas, también han citado los títulos investigados obtenidos por abogados italianos o los presuntos pagos sin justificar detectados por la Policía.

Álvarez Conde replica a los diputados

A pesar de no responder a las cuestiones planteadas, no ha podido mantenerse en silencio ante las interpelaciones. Al diputado del PSOE le ha acusado de no tener “buena información”. Una vez que el de Ciudadanos le ha recordado que esta situación era fácil de resolver teniéndole a él delante, le ha planteado: “Mi opinión ya se la he dado, no voy a decir nada más”. Finalmente, al de Podemos le ha advertido de que sus acusaciones le “servirán para el ejercicio” de su “derecho a defensa”.

Una de sus pupilas, la docente Rosado se ha limitado a explicar que no declaraba “siguiendo el consejo” de sus abogados porque alguno de los hechos que se están investigando se mantienen judicializados. Entre los grupos que han interpelado a estos docentes universitarios no se encontraba el Partido Popular. A pesar de contar con dos políticos implicados en esta causa, han decidido no asistir a esta sesión.

Por su parte, la segunda profesora que ha tomado la palabra, Alicia López de los Mozos, sí que ha respondido a las cuestiones planteadas por los diputados. Como ha hecho el que fue su jefe, ella también ha tratado de evitar la asunción de responsabilidades, llegando a asegurar que calificó por “algún criterio académico” a Casado y también a la alumna que confesó que le regalaron el título.

Esta profesora fue la primera que reveló que su firma estaba falsificada en el acta exhibido por la expresidenta. En su declaración, la profesora titular de Derecho Constitucional de la URJC, que mantiene su plaza, no se ha querido implicar en ninguna irregularidad.

Entre las cuestiones lanzadas en la Comisión, no ha sabido explicar por qué evaluó a María Dolores Cancio, la única alumna que reconoció que Enrique Álvarez Conde le regaló el título sin hacer nada. Lo confesó ante la jueza. Preguntada y repreguntada por el diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño sobre el sobresaliente que puso a esta estudiante, se ha limitado a asegurar que “algún criterio académico tendría para hacerlo”.

El portavoz de Ciudadanos Roberto Núñez ha insistido en su turno de palabra en destacar que estos hechos son “una contradicción difícil de entender”. “Posiblemente me haya llegado un trabajo de esa alumna o de la dirección del máster”, ha respondido la docente, sin convencer a los representantes públicos. Esta argumentación ha sido muy cuestionada ya que Cancio se autoinculpó en sede judicial. Esta alumna, que coincidió con López de los Mozos en los pasillos del campus de Vicálvaro mientras era becaria del IDP, alegó ante la magistrada que “recogió el título sin haber hecho nada para merecerlo”.

La compareciente también evaluó a Pablo Casado. Sobre la calificación que puso al líder actual del PP, ha insistido en la misma argumentación: “Si hay una calificación mía es porque he tenido un criterio académico para calificar”, pero no ha precisado cuál, si fue por examen o por uno de los cuatro trabajos que el presidente del PP alegó haber entregado aunque nunca ha mostrado en público.

Una profesora no recuerda si coincidió o no con Casado

A su vez no ha querido desmentir que no haya coincidido nunca en clase con Casado ni con Cifuentes. “Ni puedo afirmar que le he visto, ni que le he dejado de ver”, ha respondido sobre el líder actual del Partido Popular. Ha dado esta respuesta, a pesar de reconocer que las clases de los másteres investigados era pequeñas, de “quince alumnos”. Ante la sorpresa de los intervinientes, ha reconocido en reiteradas ocasiones que ningún portavoz de la URJC se ha puesto en contacto con ella. Tras un periodo en el que ha estado de baja por las consecuencias que estos hechos han tenido en su vida personal, este curso ha empezado a “retomar” su vida profesional.

Por su parte, el director de eldiario.es, que ha inaugurado la sesión, ha recordado de forma detallada las irregularidades que esta redacción detectó en los posgrados impartidos por el instituto de Derecho Público. “Mi sensación es que en todos los másteres que hemos estudiado de la URJC, todos tenían bicho. Todos tenían alumnos VIP”, ha destacado.

Ante las preguntas del diputado de Podemos ha asegurado que considera que en este departamento de la URJC existía una corrupción sistémica de la que se han beneficiado los partidos políticos. “Hemos descubierto que no era una cuestión aislada”, ha apuntado, recordando que en la promoción del posgrado cursado por Pablo Casado había once estudiantes ordinarios y cuatro escogidos, que obtuvieron el título sin tener que superar los requisitos estipulados para los alumnos.

El director de eldiario.es ha explicado que la financiación de la URJC consistía en “un sistema en el que el beneficio consistía en tener cuanto más alumnos, mejor”. Entre esas ayudas públicas, ha reseñado que este organismo ya clausurado recibió ayudas de administraciones gestionadas por el PP y el PSOE. Así sucedió con la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, y con el Ministerio socialista de Igualdad, cuando Carmen Montón estaba cursando el máster.

Imputados por desvelar estos hechos

Cuestionado sobre la actuación política y educativa una vez que eldiario.es reveló las irregularidades instigadas por Álvarez Conde, ha lamentado la escasa diligencia de la Universidad y de la Asamblea regional. “Para mi lo grave es el fracaso judicial, político y académico en resolver el daño hecho a los alumnos que con esfuerzo aprobaron esos títulos”, ha incidido.

“Estamos hablando de decenas de títulos fraudulentos que no se han investigado”, ha planteado. Ante ante situación, se ha preguntado “¿qué ha pasado con el resto de los máster?”. Aprovechando su presencia en el Parlamento regional ha animado a los políticos autonómicos a que impulsen una investigación que determine qué ha sucedido con los posgrados impulsados por el IDP. “Si la universidad no lo ha hecho, tendría que hacerlo esta Asamblea”.

Finalmente, ha recordado que aunque estas informaciones desvelaron la trama que operaba en el Instituto de Derecho Público, él y la redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique, están imputados en una querella presentada por Cristina Cifuentes en la que solicita pena de cárcel para los dos. La denuncia se fundamenta en documentación con la que se inició la investigación periodística que provocó el cierre del IPD, así como las dimisiones de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y de la exministra de Sanidad.