Las empresas más contaminantes se embolsaron millones a cambio de nada: ni más empleo ni menos CO2 a la atmósfera
Descarbonizar las industrias contaminantes, el rompecabezas de las políticas europeas. Casi 20 años después de su creación, los derechos a contaminar distribuidos de forma gratuita a las empresas más contaminantes muestran sus limitaciones y serán reformados, según ha votado el Parlamento Europeo el pasado 18 de abril de 2023. Esta investigación sobre los sectores del cemento y la siderurgia en Francia y España publicada por elDiario.es y Le Monde revela que hasta ahora este sistema ha supuesto ingentes ganancias para las empresas pero apenas ha dado resultados concretos a nivel medioambiental, a pesar de los anuncios y promesas.
En el origen de este sistema de derechos a contaminar, había una intención muy clara: incentivar a las empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, haciéndoles pagar cuando superaran los límites establecidos por las autoridades. Durante casi dos décadas, el sistema ha funcionado así, pero de manera atenuada: en lugar de un impuesto, se creó en 2005 un mercado donde el CO2 se negocia como una moneda. “La empresa debe darse cuenta de que contaminar le resulta costoso y que debe adaptarse. Esta es la teoría, pero en realidad, el sistema ha sido desviado”, resume Julien Hanoteau, de la Escuela de Negocios Kedge en Aix-Marsella.
Por sí solo, el sector del cemento sigue emitiendo el 4% de las emisiones de CO2 en la UE, según la Comisión Europea, y el 7% en todo el mundo, según la Asociación Mundial del Cemento y el Hormigón (GCCA). La industria siderúrgica, que suministra vigas y armaduras para el hormigón, representa en torno al 5% de las emisiones europeas y el 7% en todo el mundo, según la Comisión Europea.
Si hasta ahora el sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU-ETS, por sus siglas en inglés) se ha revelado ineficaz es en parte porque las industrias han recibido durante todos estos años derechos a contaminar gratuitos y también porque han podido obtener beneficios financieros de este sistema, lo que no se había previsto inicialmente.
El sector del cemento sigue emitiendo el 4% de las emisiones de CO2 en la UE y la industria siderúrgica, que suministra vigas y armaduras para el hormigón, representa en torno al 5% de las emisiones en Europa
La Unión Europea (UE) se ha dado diez años para eliminar gradualmente este sistema de cuotas, reemplazándolo progresivamente por un mecanismo de ajuste del carbono en sus fronteras, que se asemeja a un impuesto al carbono para las empresas no comunitarias que deseen importar sus productos. El cambio entre los dos mecanismos se producirá en 2034. Esto confirma la idea de que, en términos de lucha contra el cambio climático, los resultados hasta ahora no han estado a la altura.
En los últimos diez años, después de los efectos devastadores de la crisis financiera de 2008, las emisiones de CO2 de los dos sectores que suministran la mayoría de los materiales de construcción a los contratistas de la construcción y obras públicas (BTP) han disminuido poco en comparación con la contaminación que generan en la atmósfera.
Un resultado exiguo después de dos décadas de sistema de mercado de CO2 que, al mismo tiempo, ha proporcionado altos beneficios financieros a muchas de las empresas implicadas, como se detallaba en la primera parte de esta investigación, que ha contado con el apoyo económico del fondo Investigative Journalism for Europe (IJ4EU).
Cemento y acero siguen siendo grandes emisores de CO2
En su sitio web, el Ministerio de Transición Ecológica francés muestra que durante los primeros 11 años del sistema EU-ETS (de 2005 a 2016), las emisiones de CO2 de la UE en todos los sectores de actividad disminuyeron un 26%, principalmente debido al retroceso de la industria petrolera y gasífera. Sin embargo, según destaca la asociación European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST), fue en 2017 cuando realmente comenzó a verse un cambio de rumbo en otras industrias y en 2020, con los cierres de producción causados por la crisis sanitaria por la COVID-19, la senda se intensificó.
Pero no todos los sectores se han comportado igual. La web EUETS.info, a partir de la cual hemos trabajado, procediendo a su vez de la base de datos European Union Transaction Logs (EUTL), muestra por ejemplo que las emisiones de Arcelor Mittal en 2021 fueron del mismo orden de magnitud que en 2012, alrededor de 40 millones de toneladas de CO2. Diez años de operaciones con cuotas de CO2, pero emisiones similares.
En cuanto a la empresa suiza Holcim, que se fusionó con Lafarge en 2015, sus emisiones actuales rondan los 22 millones de toneladas al año, un nivel prácticamente estable desde 2012. El panorama es similar para Heidelberg Material (anteriormente HeidelbergCement) en Alemania: sus emisiones anuales de gases de efecto invernadero oscilan entre 21 y 23 millones de toneladas desde 2012.
En España, la mexicana Cemex experimentó un aumento de emisiones entre 2012 y 2017, para luego disminuir año tras año y volver, en 2021, a niveles similares a los de 2012. Lo mismo ocurrió con su competidor español Cementos Portland Valderrivas, filial del gigante de la construcción FCC, que aumentó continuamente sus emisiones de CO2 de 2013 a 2019, después de haberlas reducido significativamente tras la crisis financiera de 2008. Actualmente, sus emisiones se sitúan en 3 millones de toneladas, igual que en 2012. Por su parte, Cementos Molins se ha mantenido en un nivel estable desde 2014, con emisiones que oscilan entre las 800.000 y 1 millón de toneladas.
Solo recientemente se han comenzado a percibir cambios, impulsados por nuevas regulaciones europeas y nacionales. También ha influido el aumento del precio del carbono, que alcanzó el umbral simbólico de los 100 euros por tonelada en febrero de 2023. “En la siderurgia, los altos hornos eléctricos están reemplazando gradualmente los equipos tradicionales alimentados por energías fósiles y las inversiones se centran principalmente en la reducción de los combustibles fósiles y el reciclaje de residuos”, reconoce Philippe Verbeke, coordinador nacional de la CGT-Siderurgia y miembro de la dirección de la Federación de Trabajadores del Metal, quien lamenta que las inversiones no se hayan realizado antes. “Lo que debería haber sido una restricción durante veinte años apenas comienza a tomar forma”, lamenta.
Cementos verdes y hermosas promesas
El sector del cemento reproduce este panorama: “Se están produciendo cambios. Las empresas están recurriendo cada vez más a combustibles alternativos para alimentar los hornos de combustión y están modificando las formulaciones de los cementos”, declara Bertrand Moreau, representante central de la CGT de Ciments Calcia. Los cementos verdes que han llegado recientemente al mercado prometen ser respetuosos con el medio ambiente. Su composición permite reducir el ingrediente más emisor del cemento, el clínker, un producto obtenido mediante la cocción a altas temperaturas de una mezcla de polvo de piedra caliza y arcilla. Este clínker se está reemplazando gradualmente por productos con menos emisiones.
Sin embargo, los residuos de la combustión de gases industriales, los coproductos de la siderurgia, las rocas volcánicas, entre otros, no son la solución definitiva. Según las estimaciones de los expertos, como máximo se podrían reducir las emisiones de CO2 del hormigón en un 30% o 40%. Por lo tanto, a largo plazo se requerirán otras soluciones tecnológicas si el sector desea alcanzar la neutralidad en carbono para el año 2050 como marca el objetivo establecido por la UE.
El camino por recorrer es aún incierto: las industrias apuestan por soluciones de captura de CO2 –atrapar el gas que se expulsa por las chimeneas al fabricar y almacenarlo, por ejemplo, bajo tierra para que no se añada a la capa de invernadero de la atmósfera–, cuya implementación sigue siendo difícil y costosa.
Las ambiciones son altísimas, lo que demuestra que aún queda un largo camino por recorrer. ArcelorMittal se compromete a reducir sus emisiones de CO2 en un 35% en Europa para 2030. En Francia, la siderurgia tiene como objetivo alcanzar el 40% y anunció en el 2022 una inversión de 1.700 millones de euros para lograrlo. “En España la tarea se presenta difícil, ya que el grupo solo tiene dos altos hornos en la península, ubicados en Asturias. Los demás ya son eléctricos”, señala un representante sindical del grupo en España.
Holcim es más modesto. Junto a Lafarge, apunta a reducir sus emisiones en un 10% en Francia para 2030, después de haberlas reducido en un 7% entre 2019 y 2021, en parte gracias a los confinamientos impuestos por la crisis sanitaria. En España, Holcim muestra una disminución del 27% en el mismo período, también debido a la COVID. Sin embargo, asegura estar ahora “en una fase de aceleración en este tema”.
Lo mismo ocurre con Votorantim Cimentos de Brasil, que reconoce haber reducido sus emisiones en el país solo en un 16% entre 2013 y 2022. En cuanto a Cemex de México, también presente en la península ibérica, asegura poder reducir sus emisiones de CO2 en “al menos un 55%” para 2030 en Europa.
En esta carrera hacia la descarbonización, a veces hay confusiones, como en el caso de las escorias de alto horno, un residuo de la combustión utilizado en la fabricación del acero. Este residuo se utiliza para reducir las emisiones de CO2 y se ha valorado en el cemento, lo que ha distorsionado durante mucho tiempo la huella de carbono de este último, ya que las empresas siderúrgicas no tenían en cuenta la contaminación generada por estas escorias.
Ha sido un sistema profundamente ineficaz y contraproducente en la lucha contra el cambio climático
Por otro lado, los productores de cemento minimizaban su impacto al basarse en el bajo valor de mercado de las escorias. Finalmente, el Gobierno decidió en julio de 2022 que el valor de emisión de estos sustitutos del clínker era cinco veces mayor que el calculado hasta ahora.
Sin embargo, las industrias se autodenominan campeonas del desarrollo sostenible y presumen de ser las primeras en seguir las recomendaciones de la iniciativa SBT (Science Based Targets), promovida por una asociación entre el Carbon Disclosure Project, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Para contribuir a los esfuerzos generales, se ven obligados a hacer apuestas impresionantes sobre el futuro, ahora que el objetivo de la Unión Europea es alcanzar la neutralidad en carbono en 2050.
Herramienta financiera
El sistema de asignación gratuita de cuotas de CO2, que finalizará en 2034 según decidió el Parlamento Europeo en abril, parece haber desempeñado hasta ahora un papel secundario en el cambio hacia la descarbonización. Yannick Jadot, eurodiputado de Europa Ecología Los Verdes, ha estado siguiendo de cerca el tema de estos derechos a contaminar durante 15 años y denuncia que ha sido “un sistema profundamente ineficaz y contraproducente en la lucha contra el cambio climático”.
Debido a la influencia de los grupos de presión, se les dio a las empresas la capacidad, en condiciones que distaban mucho de ser estrictas, de no hacer esfuerzos para descarbonizar
“Debido a la influencia de los grupos de presión, las asignaciones gratuitas fueron percibidas rápidamente como un sistema de flexibilidad y laxitud. En pocas palabras, se les dio a las empresas la capacidad, en condiciones que distaban mucho de ser estrictas, de no hacer esfuerzos para descarbonizar”, denuncia Jadot.
De hecho, si la asignación de derechos a contaminar en el marco del EU-ETS debería haber permitido a las empresas adaptar sus instalaciones industriales, en la práctica, estas a menudo los han utilizado como simple herramienta financiera con la que especularon. Como muestra la primera parte de nuestra investigación, algunas empresas los venden para mejorar sus balances o resultados contables en cientos de millones o incluso miles de millones de euros.
No frenó la deslocalización ni el paro
Las asignaciones gratuitas tampoco han permitido mantener empleos en territorio europeo. Durante años, las industrias se quejaron de la competencia de países no europeos, menos rigurosos en este tema, y amenazaron con deslocalizar sus actividades fuera de la Unión Europea si se les imponían demasiadas restricciones en términos regulatorios, especialmente en el ámbito ambiental. Este argumento, de hecho, influyó en la decisión de las autoridades europeas en el reparto de estas asignaciones gratuitas.
En los últimos diez años, la industria cementera francesa ha perdido cerca del 12% de su fuerza laboral, y en España ha habido una disminución del 30% de la fuerza laboral en el sector
De hecho, en los últimos diez años, la industria cementera francesa ha perdido aproximadamente el 12% de su fuerza laboral, según los datos de la patronal francesa de la industria cementera. En España, el número de plantas de cemento se ha reducido a la mitad después de la crisis de 2008 y la producción de cemento ha caído de 54 millones de toneladas en 2008 a 13 millones en 2013, lo que ha llevado a una disminución del 30% de la fuerza laboral en el sector.
Paralelamente, las importaciones han cobrado impulso y se han multiplicado exponencialmente en los últimos tres o cuatro años. En 2016, según la federación europea de cemento Cembureau, eran inferiores a 2,5 millones de toneladas. En 2022, superaron los 10 millones de toneladas, con Turquía (44% de las importaciones europeas), Argelia (17%), Ucrania (9,3%) y Túnez (7,7%) como principales proveedores. El caso de Argelia es sintomático: según Business France, las cantidades de cemento argelino vendidas a la Unión Europea pasaron de 17.000 toneladas en 2018 a más de 1 millón de toneladas en 2021.
El interés es poder decir luego que producen cemento verde, ya que sus actividades más contaminantes se han deslocalizado. También evita tener que decir que han cerrado una planta de cemento
“Hace unos años, se pensaba erróneamente que esta actividad no podía ser deslocalizada, ya que transportar bolsas de cemento desde el otro lado del mundo no parecía rentable a primera vista”, denuncia Marina Mesure, eurodiputada de La France Insoumise y exsindicalista de la CFDT. “En realidad, se ha implementado una estrategia real en todo el Mediterráneo. Algunas empresas han cerrado sus hornos y solo han mantenido la actividad de molienda de cemento en el territorio de la UE. ”El interés es poder decir luego que producen cemento verde, ya que sus actividades más contaminantes se han deslocalizado. También evita tener que decir que han cerrado una planta de cemento“.
Hemos observado el mismo escenario en España. “En nuestro país, la hoja de ruta es pasar de los 700kg de CO2 por tonelada de clínker producido en la actualidad a cero en 2050. Ningún fabricante de cemento es capaz de conseguirlo manteniendo los mismos procesos de fabricación. Deberán hacer inversiones y proyectos de captura del carbono, entre otros”, afirma Felipe Borlado Ortega, delegado del sector cementero por parte de UGT-FICA.
La industria cementera podría llegar a su deslocalización, por ejemplo en el norte de África, en Turquía o China… Solo estas regiones podrían producir todo el cemento que necesitan Francia, España e Italia, emitiendo CO2 sin ningún control
Como resultado, agrega, “la industria cementera podría llegar a su deslocalización, por ejemplo en el norte de África, en Turquía o China… Solo estas regiones podrían producir todo el cemento que necesitan Francia, España e Italia, emitiendo CO2 sin ningún control. Incluso tendría un efecto aún peor al importar cemento, ya que lo traerían en barco, más la logística por carretera para su distribución”.
Políticos nacionales impotentes
A pesar de los numerosos testimonios, los economistas siguen siendo muy cautelosos con respecto a estas posibles “filtraciones del carbono de origen industrial”. “Hasta ahora, ningún estudio ha logrado demostrar que la implementación de regulaciones sobre el carbono sea la causa de dichas filtraciones. Al contrario, los análisis muestran que cuando las empresas se deslocalizan, incluso en el marco de regulaciones ambientales, siempre es por motivos de costes laborales”, observa el profesor Julien Hanoteau, quien también señala que el argumento de la pérdida de empleo en el territorio debido a las restricciones ambientales es principalmente “un trapo rojo agitado por las industrias”.
En cuanto a los políticos nacionales, son testigos impotentes del lento deterioro del tejido industrial. “Cuando Lafarge anunció el cierre de su horno de cemento en 2016, me sorprendió esa decisión. Estaba mirando las necesidades de cemento en nuestro territorio: en Le Havre estábamos en plena construcción de parques eólicos marinos, había una gran demanda de cemento para la construcción en nuestro territorio y en Francia”, recuerda Jean-Paul Lecoq, diputado de Seine-Maritime, quien ha alertado repetidamente a las autoridades al respecto.
Retrasar la implementación de regulaciones ambientales nunca ha demostrado ser eficaz desde el punto de vista económico, al contrario
Esto no sorprende a Julien Hanoteau. “Retrasar la implementación de regulaciones ambientales nunca ha demostrado ser eficaz desde el punto de vista económico, al contrario. En Estados Unidos, los economistas han observado que las empresas siempre anticipan la llegada de nuevas restricciones sobre las cuales serán gravadas, tendiendo a retrasar el cierre de sus fábricas para aprovecharse al máximo durante las negociaciones con el Gobierno”, explica el profesor de economía.
Paradójicamente, los nuevos fabricantes de cemento que ingresan al mercado con un enfoque medioambiental no se benefician de las ventajas del sistema de EU-ETS. Es el caso del francés Hoffmann Green Cement. Esta empresa con sede en Vendée, que propone producir cemento con sustitutos del clínker, específicamente subproductos de la industria siderúrgica, había considerado ingresar en este mercado para “generar créditos, esperando invertir en tecnologías innovadoras y superar un déficit de competitividad en comparación con sus competidores”. “Poco a poco nos dimos cuenta de que no éramos bienvenidos, no cumplíamos con los criterios porque no éramos productores de clínker. Nos dimos cuenta de que no teníamos representación, mientras que todos los fabricantes de cemento tienen sindicatos establecidos en las instituciones europeas. Cuando eres una pequeña empresa innovadora, quedas fuera del radar y recibes poca ayuda”, explica Jérôme Caron, su director financiero.
La 'lógica del abuelo'
El sistema en sí mismo fue diseñado originalmente para incluir solo a las industrias más contaminantes, como explica Thomas Pellerin-Carlin, director del programa Europe en el Instituto de Economía para el Clima (IC4E). “El mercado de carbono se basa en la lógica del abuelo [llamada así debido a su visión paternalista]: cuanto más CO2 emites, más cuotas te otorgan. Teníamos que empezar por algo en ese momento”.
Sin embargo, en el sector de la electricidad, esto resultó ineficaz para incentivar a las industrias a reinventarse. “Solo comenzaron a cambiar cuando se detuvieron las asignaciones gratuitas de cuotas para ellos”. “Sin embargo, el cemento y el acero siguen siendo afectados, ya que estos industriales se autodenominan sectores difíciles de descarbonizar”, agrega el especialista.
Pellerin-Carlin explica que “esto significa que sus instalaciones requieren inversiones a largo plazo para emprender su transformación industrial. Ciertamente, hay sectores ”difíciles de descarbonizar como la aviación, el sector militar... Pero para el cemento y el acero, esto sigue siendo discutible“, estima.
Las asignaciones gratuitas de cuotas también han podido ejercer un efecto perverso e inesperado sobre la inflación. Desde 2009, las compañías eléctricas fueron excluidas del sistema cuando las autoridades europeas se dieron cuenta de que, debido a sus enormes emisiones de CO2, estas empresas debían comprar excedentes de derechos de contaminación y trasladaban este gasto al precio de venta del kilovatio hora. “Esto es lo que se llama ganancias inesperadas o windfall profits” –los beneficios caídos del cielo– y representó cantidades colosales“, explica Nicolas Berghman, responsable de estudios en el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (Iddri), un think tank con sede en París.
En España, José Antonio Guijarro, excoordinador estatal para el sector del cemento de la UGT, recuerda: “Cuando el sector se vio muy afectado por la crisis financiera de 2008, se encontró, en años sucesivos, con un enorme excedente de derechos de emisión y los puso a la venta. En aquel momento, las compañías eléctricas compraron enormes cantidades e inmediatamente aumentaron sus tarifas. Las compañías aéreas hicieron lo mismo y aumentaron el precio de los billetes de avión. El consumidor final pagó”, resume.
Hacia un cambio... en 2034
Consciente de las limitaciones del sistema del EU-ETS, la Unión Europea ha reformado el mercado de carbono en varias ocasiones. En 2019, se estableció una Reserva de Estabilidad del Mercado. “La lógica es que al limitar los volúmenes de derechos de contaminación subastados en el mercado del carbono, este mecanismo obliga a los propietarios de las instalaciones en cuestión a utilizar sus reservas para cubrir sus emisiones, en lugar de vender parte de sus cuotas. Con este mecanismo, se supone que los excedentes acumulados a lo largo de los años disminuirán gradualmente”, explica Ivan Pavlovic, especialista en transición energética en Natixis.
Además, las autoridades planean reducir gradualmente las asignaciones gratuitas a partir de 2026, detener su distribución definitivamente en 2034 y finalmente someter a los industriales a las reglas de este mercado sin subsidios. Al mismo tiempo, la UE decidió extender la lógica del mercado del carbono a las empresas fuera de la UE mediante el establecimiento de un mecanismo de ajuste en las fronteras. Ahora, una empresa no europea que desee vender sus productos en Europa también deberá comprar cuotas para compensar sus emisiones de CO2. Es una forma de limitar la competencia desleal con la que tienen que lidiar los industriales europeos.
Sin embargo, estas medidas siguen siendo insuficientes, según Marina Mesure. “Esta reforma no servirá de nada mientras el 95% de las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas estén cubiertas por estos derechos de contaminación. ¿Cómo esperan que estas empresas se reformen si no tienen motivos para hacerlo?”, denuncia la parlamentaria europea. Otros actores exigen contrapartidas, pero los industriales argumentan que una regulación demasiado restrictiva perjudicaría su competitividad.
Los derechos gratuitos son un apoyo indispensable para la industria europea, pero están lejos de cubrir todas las emisiones de los productores de acero de la Unión Europea. Actualmente, estos compran alrededor de 3.500 millones de euros en cuotas al año
“Los denominados derechos de contaminación gratuitos son un apoyo indispensable para la industria europea, pero es importante tener en cuenta que están lejos de cubrir todas las emisiones de los productores de acero de la Unión Europea. Actualmente, estos compran alrededor de 3.500 millones de euros en cuotas al año, y esa cifra debería aumentar considerablemente con la reforma, llegando a más de 8.000 millones de euros al año, lo cual no es sostenible”, se defiende ArcelorMittal.
¿Qué podemos esperar del cambio adoptado recientemente por la UE respecto a las cuotas de CO2? Apenas unos días antes de la votación del 18 de abril de 2023, en la cual el Parlamento Europeo aprobó el fin de los derechos de contaminación gratuitos, se convocó a 46 de las 50 plantas con mayor emisión de CO2 de Francia en el Ministerio de Finanzas para presentar su estrategia de descarbonización. Tanto el Gobierno como los interesados se mostraron escépticos sobre una inminente revolución industrial.
Yannick Jadot, por su parte, sigue siendo escéptico mientras los grandes industriales tengan “libre acceso en Bercy, Matignon o el Elíseo” –las sedes del poder político francés–. “Al pretender defender el interés general, se están creando máquinas para hacer dinero. Y, al hacerlo, se socava la política y se mata la democracia”, concluye el político ecologista a la luz de los desvíos financieros que la política europea ha experimentado en los últimos veinte años.
Un lobby delirante
Suzana Carp recordará durante mucho tiempo el 15 de febrero de 2017. Aquel día, según cuenta esta especialista en política climática europea que dirigía entonces las actividades de la ONG Sandbag en Bruselas, el Parlamento Europeo votó la reforma del sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU-ETS). Unos días antes de la votación, las industrias del acero organizaron una comida con 120 invitados, incluidos miembros del Parlamento Europeo, con la esperanza de influir en su voto crucial.
“Recuerdo las intimidaciones que recibí por parte de algunos lobbistas aquel día. En el momento del café, en particular, una señora vestida con un mono de cuero negro me siguió y me bombardeó con preguntas para saber con quién me estaba reuniendo”, dice la antigua activista. Finalmente, se mantuvieron las cantidades de cuotas distribuidas por la Unión Europea. “Justo después de la votación, vinieron a la mesa en la que estaba sentada en el Parlamento Europeo junto a otros tres activistas de ONG. Nos rodearon y espetaron: 'Parece que la Navidad ha llegado antes este año'. Les respondí que si bien la Navidad quizás había llegado antes, sus hijos ya nunca más podrían ver una Navidad a este ritmo de destrucción del planeta”, recuerda.
Suzana Carp no es la única activista que se queja del peso de los grupos de presión en Bruselas, especialmente en los sectores del cemento y el acero, entre los más influyentes. “La revisión de la directiva del EU-ETS ha sido una de las que más reuniones han requerido entre los lobbistas y los miembros del Parlamento Europeo. Estas asignaciones gratuitas se han convertido en algo que se da por sentado. Los industriales consideran que es un derecho”, admiten Camille Maury y Romain Laugier, técnicos en el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Bruselas.
El 1 de febrero de 2017, justo antes de la votación sobre la reforma del EU-ETS, se organizó otra velada de prestigio en el Parlamento Europeo con Cembureau, la federación patronal europea del cemento, bajo los auspicios del diputado belga Ivo Belet (democracia cristiana) y el español José Blanco López (PSOE), en presencia de otros sesenta diputados.
Los responsables y exempleados de las ONG que hemos entrevistado explican que la relación de fuerzas entre los industriales y ellos sigue siendo desproporcionada, ya que el número de empleados de los grupos de presión industriales se cuenta por decenas, frente a un representante de ONG dentro de las instituciones europeas. WWF explica que, a nivel del Parlamento Europeo, los diputados no están obligados a declarar todas sus reuniones.
Solo los ponentes y los presidentes de comisión están obligados, para cada informe que redactan, a publicar en línea, en el registro de transparencia, información sobre las reuniones programadas con representantes de intereses que entran en el ámbito de aplicación de un futuro acuerdo interinstitucional. Sin embargo, todos los demás miembros, incluidos los vicepresidentes de comisión, los presidentes de delegación o los coordinadores, no tienen ninguna obligación legal de hacerlo.
En cuanto a la Comisión Europea, tampoco brilla por su transparencia: solo se exige dar información pública para cualquier reunión con partes interesadas a nivel del director general del área relacionada con la reforma, los miembros de su gabinete o el propio comisario europeo. “Por el contrario, no encontrarás ninguna referencia a las reuniones con personas de un nivel inferior, explica el WWF.
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