Los centros concertados también irán a la huelga el próximo día 24. La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritaria en la educación privada concertada, ha convocado paros para esta jornada, coincidiendo con los anunciados por las principales organizaciones laborales de la enseñanza pública.
Aunque los sindicatos consideran que la reforma educativa favorece al sector privado, la FSIE niega el beneficio a la enseñanza concertada y sostiene que “empeora” cuestiones importantes para la actividad de docentes y otros trabajadores de los centros, aparte de la congelación salarial de 2014 y la consolidación de los “duros recortes” que padece el sector.
El secretario general de la Federación, Jesús Pueyo, considera que la LOMCE tiene un futuro “incierto” y ha sido tramitada y elaborada “de espaldas a la educación concertada”. Argumenta que, sin consenso, su aplicación y duración estará condicionada por la permanencia en el gobierno del partido que la promueve, y nuevamente los alumnos, los profesionales y los centros serán los “grandes perjudicados”.
“Es lógico que toda la comunidad educativa se movilice. En el fondo, el ataque a la educación, aunque se esté cebando con la pública, va a perjudicar a todos los ciudadanos”, dice José Luis Pazos, portavoz de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. En estos últimos meses, denuncia que “hemos traspasado la barrera del recortes y ahora está en peligro el propio derecho a la educación”.
Un argumento similar defienden el resto de convocantes de la huelga. Son padres y madres, docentes y alumnado que, después de los paros en mayo, vuelven a unirse para salir a la calle a manifestar su rechazo a la Ley Wert, ya camino del Senado, a la subida de las matrículas universitarias y a los recortes en becas.
La consulta ciudadana sobre el estado de la educación pública es una de las acciones de protesta que complementan a la huelga y a las manifestaciones convocadas para las semanas siguientes. Hasta el 27 de octubre, las mesas instaladas en las puertas de colegios y universidades seguirán abiertas para recibir las opiniones de los ciudadanos sobre los recortes y las políticas educativas del Ejecutivo a través de un cuestionario de dos preguntas: “¿Rechaza las políticas en educación?” y “¿Rechaza las políticas educativas del Gobierno central?”. El objetivo de la consulta, dice Pazos, es “hacer ver al Gobierno que está yendo por un camino que la sociedad no aprueba”.
El plazo para la participación en la consulta, que inicialmente finalizaba el 13 de octubre, ha sido ampliado ante el “éxito” de la respuesta ciudadana. La entrega de los resultados al presidente de Gobierno se mantiene en la fecha prevista: el 17 de octubre. “Si ese día Rajoy actúa como el presidente de todos y todas tiene en su mano frenar la huelga”, dice Pazos. “Si hacemos los paros no es por capricho, sino porque no nos están dejando otra salida”.