El Ministerio de Justicia ha devuelto a Argentina la petición de interrogar en España a 19 imputados por crímenes del franquismo. Y lo hace con una reclamación: el pliego de preguntas a los que serán sometidos exministros de Franco como Utrera Molina o Martín Villa, entre otros encausados.
La respuesta llega en mitad del plazo requerido para las declaraciones, del 4 al 22 de abril. Esta circunstancia obliga a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires, María Servini de Cubría, a posponer el viaje previsto. Un propósito que retomará con el nuevo exhorto, una vez incorporadas las preguntas que pretende realizar a los investigados por la presunta comisión de violaciones de derechos humanos durante el franquismo.
“Hay ánimo dilatorio, no hay ninguna voluntad de colaborar con la justicia argentina en esta causa”, asevera el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CeAQUA), Jacinto Lara. La comisión rogatoria fue entregada a las autoridades españolas el pasado día 9 de marzo.
“El Ministerio de Justicia está estudiando con detenimiento el exhorto y en breve dará contestación a las autoridades argentinas dentro de la máxima colaboración entre ambos países”, indicaban estos días a eldiario.es fuentes del propio gabinete encabezado por el ministro en funciones, Rafael Catalá. Habría una respuesta, añadían, pero “lo cierto es que el convenio bilateral (entre Argentina y España) no establece un plazo límite para la misma”. El ministerio ha confirmado a este periódico el envío de la réplica a Argentina.
Justicia tarda un mes en valorar el exhorto
“No hay plazos establecidos legalmente, pero las actuaciones judiciales deben desarrollarse en las fechas fijadas en el exhorto”, apunta Lara. Es decir, entre el 4 y el 22 de abril. “Resulta insólito y sorprendente que el Ministerio de Justicia haya tardado un mes en hacer una valoración de la comisión rogatoria”, dice.
Desde que Servini llamase a declarar a los imputados en la única causa judicial abierta en el mundo para investigar la dictadura franquista el Gobierno español “debería haber sido más ágil”, entiende el presidente de la APDHE. “Ahora es evidente que la jueza no puede viajar en ese plazo, aunque este movimiento lo único que supone es una demora porque el exhorto se volverá a enviar con los pliegos de preguntas”.
El retraso en la toma de declaraciones “podría ser de un par de meses, aunque esta fecha tiene carácter orientativo”. La propia respuesta del Gobierno español “aún no ha llegado a Argentina”, confirma Lara, “y de la Embajada debe ir a la Cancillería de Exteriores y de ahí al juzgado” de Buenos Aires que instruye la «causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977», conocida como querella argentina.
España “parece impedir” la investigación, dice AI
La lista de investigados vivos que Servini cita para declarar está encabezada por ministros franquistas como Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina (suegro de Alberto Ruiz Gallardón), Antonio Carro Martínez, Alfonso Osorio García, José María Sánchez-Ventura Pascual y Fernando Suárez. Otros encausados son el abogado que redactó la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, Carlos Rey González, el exfiscal del Tribunal Supremo Antonio Troncoso y el exjuez Jesús Cejas Mohedano.
Completan la lista de 19 imputados miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como el Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar y el excomisario Ricardo Algar Barrón. Además de varios expolicías, caso de Antonio González Pacheco alias 'Billy el Niño', Félix Criado Sanz, Ricardo Algar Barrón Pascual, Benjamín Solsona Cortés, Jesús González Reglero, Jesús Martínez Torres y Jesús Quintana Saracibar, además del médico Abelardo García Belaguer.
“Llevamos años exigiendo a España que colabore con la justicia argentina para la detención, arresto, extradición y, en caso que corresponda, castigo de las personas presuntamente implicadas en la comisión de crímenes de derecho internacional”, declara el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán. “Pero las autoridades españolas parecen empeñarse en impedir que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación”, añade. La organización incluso ha puesto en marcha una ciberacción para recordar “que ya es hora de que permitan avances en la querella argentina”.
Desde la apertura del proceso contra el franquismo, instituciones como Naciones Unidas han instado al Gobierno español a que investigue los posibles crímenes cometidos por los golpistas. Como señaló el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, la petición argentina de interrogar a los imputados en España “pone a prueba a las instituciones españolas, a la Justicia y al Estado, y veremos si responden positivamente o entran en algún punto cercano a la prevaricación”.