En 2008, algunos años después de la crisis del SARS y ante las amenazas medioambientales, la OMS advirtió a los Estados en su informe anual de que los problemas sanitarios estaban cambiando “en un sentido poco previsible”, que la mala gestión de la urbanización y el envejecimiento podía pasar factura en la propagación de las enfermedades transmisibles y emergentes, y que era importante potenciar la Atención Primaria y su enfoque preventivo frente al “hospitalocentrismo”. En 2015, tras la crisis del ébola, el Relator Especial sobre el derecho a la salud de la ONU solicitó a los países fortalecer la Atención Primaria para que cumpliera su función de ocuparse de los determinantes sociales en contextos de epidemias. Pese a ello, España llegó a 2018, el último año con datos analizados y a dos del de la peor pandemia en un siglo, con una ratio en Atención Primaria de 0,66 profesionales de enfermería por cada 100.000 habitantes, y 0,77 médicos, prácticamente la misma que en 2009. Por debajo de la media de Europa y alejada de Portugal (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria (1,56) y Francia (1,42).
Todo esto lo cuenta y lo denuncia Amnistía Internacional (AI) en un informe presentado este miércoles. Está centrado en Madrid, Catalunya y Castilla-La Mancha, en lo que sucedió antes de la pandemia de COVID-19 y durante las dos primeras oleadas, desde marzo hasta el final de 2020. Amnistía Internacional señala las consecuencias que la desatención de la Atención Primaria puede acarrear y ha acarreado. “Todavía es prematuro sacar conclusiones sobre el impacto de la gestión de la pandemia en indicadores de salud de otras patologías”, dicen, pero el exceso de mortalidad que registra el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), sobre las muertes que se han producido en un año por encima de la media de los cinco anteriores, ya se pueden relacionar en parte con patologías no atendidas a tiempo, tratamientos retrasados o administrados sin suficientes recursos. Un diagnóstico que citan también de organizaciones como el Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Entre marzo de 2020 y febrero de 2021 ese exceso de muertes ha sido de 81.608 personas; los fallecidos con COVID-19 confirmados, 68.079.
Recogen también testimonios para acompañar a los datos recopilados: “Tengo una compañera que fue a la consulta de su médico por un bulto y al hacerle la ecografía le dijeron que era necesario un estudio más concreto. Pero al pedir cita le dieron para seis meses después. Esta compañera mía tiene un cáncer de mama agresivo con tres tumores en tres partes distintas. Si se espera al mes de abril no quiero ni hablar de lo que hubiese ocurrido, pero ha tenido que acudir a una consulta privada para que le adelantasen los análisis. Esto no se puede permitir. El sistema sanitario está jugando con la vida de pacientes de otras enfermedades no-COVID y a ese juego no estamos dispuestos a contribuir los pacientes”, relata Maria Luisa, paciente de cáncer y presidenta de la asociación ROSAE.
Amnistía Internacional ya sacó el verano pasado un estudio sobre la década perdida en sanidad en España. Se trataba de una radiografía de todas las Comunidades Autónomas, en la que calculaban que solo Baleares, Melilla y Ceuta superaban en 2018 la inversión de 2009 en este ámbito. Y en ese estudio, que ahora también citan, calificaban la Atención Primaria como la “gran olvidada” de la década: la inversión en 2018 había disminuido tanto en términos reales como ajustados a inflación. Con este último mecanismo, que la ONG considera más riguroso, el gasto público en Atención Primaria ha mermado un 13%, pasó de los 9.346 millones de 2009 a los 8.122 de 2018. Un poco más que el gasto sanitario en general, que se redujo un 11,21%; y mientras el Producto Interior Bruto aumentaba en esos años un 8,6%.
Más de 400 centros cerrados, 100 pacientes al día
La ONG ha hecho una recapitulación de datos de lo ocurrido ya en plena pandemia. Durante la primera ola, en Catalunya se cerraron 39 centros y 362 consultorios locales; en, Madrid 21 centros (7 sólo en horario de tarde) y 87 consultorios locales. Castilla-La Mancha afirma a Amnistía Internacional no haber cerrado oficialmente ningún centro ni consultorio, pero desde la ONG reportan haber recibido información sobre al menos el cierre de dos consultorios locales. Además, los profesionales sanitarios han llegado a tener que atender a 100 pacientes al día durante 2020. Antes de la pandemia, el Ministerio de Sanidad ya reconocía que el 41% de los médicos y médicas de familia tenían cupos excesivos, que lo situaban entonces en 40-50 pacientes al día, cita AI.
Además, ha cambiado la fórmula y la relación entre paciente y médico. El Foro de Médicos de Atención Primaria alertó de que, de marzo a septiembre, las llamadas telefónicas se multiplicaron más de un 400% respecto al periodo anterior, en un momento además de mayor demanda. Amnistía Internacional pone el acento en cómo ha empeorado la salud mental de los profesionales. Recogen, por ejemplo, las declaraciones de Alda Recas, presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente: “Es desesperanzador saber que la población sufre y que tú no puedes hacer nada porque las autoridades no te dan los mecanismos y los recursos. Y escuchar día a día a tus compañeros llorar, decir ‘no puedo más’. Es horroroso”. Y en la falta de equipos profesionales para trabajar en condiciones dignas durante la primera fase de la crisis. A finales de abril, España fue el país de Europa con más contagios en el sector, llegando al 24,1% del total de positivos en el país, según los informes del Instituto de Salud Carlos III. Se han contagiado casi 125.000 profesionales desde marzo de 2020, el 78% mujeres, y han fallecido 89.
Por todo esto, la ONG concluye que “si bien ningún sistema sanitario podía estar preparado para una pandemia de tal magnitud” como la que nos asoló hace ahora un año, “el país afrontó la crisis con un sistema de salud muy debilitado –de manera especial, la atención primaria– por las políticas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años”. Consideran que “España ha vulnerado el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” y que aquí se han vivido dos pandemias: la de COVID-19, y la de la mala gestión de las autoridades. Para a partir de ahora recomiendan al Ministerio y Comunidades incrementar por fin la inversión, diseñar indicadores que evalúen la situación de la capacidad asistencial y un Plan de sustituciones y medidas para relajar la burocracia. También poner especial atención en garantizar la atención de las personas más vulnerables y establecer mecanismos de transparencia, participación, rendición de cuentas, y que corrijan las desigualdades de género.