La devastación y muerte que ha dejado la DANA sobre todo en Valencia y Albacete son un funesto recordatorio de que España, aunque mire para otro lado, está obligada a adaptarse a los golpes que descarga el cambio climático. Adaptación significa, como explica la ONU, ajustarnos, prepararnos para los efectos de un clima ya alterado por el calentamiento global del planeta generado por los humanos. En el caso de España, olas de calor, sequías o, desde luego, tormentas violentas que desencadenan inundaciones explosivas.
El aviso estaba dado desde hace casi dos décadas. La evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático elaborada por el Gobierno data de 2005 y decía: “Las zonas vulnerables a las inundaciones se localizan en las proximidades de los núcleos urbanos y centros turísticos (especialmente en el mediterráneo)” y aclaraba que debía favorecerse “la prevención apoyada en una normativa que regulara la construcción en las zonas susceptibles de inundación, sin que, a la vez, se desarrollen las medidas de protección suficiente”.
Las acciones de adaptación al cambio climático que se proyecta y cuyas primeras evidencias ya se observan, se consideran absolutamente necesarias
El primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2006) dejaba claro que no había más remedio que afrontar esta realidad: “Las acciones de adaptación al cambio climático que se proyecta y cuyas primeras evidencias ya se observan, se consideran absolutamente necesarias”, afirmaba. Porque atajar las emisiones de gases de efecto invernadero estaba “lejos de alcanzarse”. Esas medidas deberían ser “implementadas a nivel nacional o subregional, pues los impactos y las vulnerabilidades son específicos de cada lugar”. La DANA de octubre de 2024 y cómo ha inundado el territorio valenciano han evidenciado este análisis.
Aquel plan advertía de que “la adaptación al cambio climático, por su propia naturaleza, requiere una estrategia a medio o largo plazo de forma sostenida”. Sin embargo, hasta ahora mismo, “la adaptación es lo olvidado de lo olvidado. Adaptarse no vende”, cuenta la directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero. De hecho, el Sexto Informe de Políticas Locales de lucha contra el cambio climático halló que solo el 28% de municipios analizados tenían planes de adaptación (frente al 71% con planes para reducir emisiones).
“Las inundaciones constituyen el riesgo natural de mayor impacto económico y social que se puede generar en un corto espacio de tiempo”. Esa es la sentencia que aparece en aquella primera evaluación de impactos desarollada por la Oficina Española de Cambio Climático de 2005.
¿Tarde? “Rotundamente sí”
¿Va España con retraso en la adaptación a los daños que se sabían que infligiría el cambio climático? “Por supuesto. Rotundamente sí”, contesta la directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez, al menos en cuanto a aliviar las inundaciones como la que acaba de asolar Valencia.
Martínez sostiene su afirmación al recordar a vuelapluma cómo el consejero de Fomento de la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, pidió en 2022 al Gobierno que retirara sus mapas de zonas inundables porque paralizaban licencias de obras o que el mismo Ejecutivo regional haya aprobado este año una excepción para construir en áreas inundables con ciertos requisitos. “Son una gota en un mar de irresponsabilidades y retrasos a la hora de tomarse en serio la adaptación al cambio climático y supone anteponer los intereses económicos a la seguridad de las personas”, sentencia Julia Martínez.
No es que los responsables de las administraciones no sepan de qué se está hablando. Ellos mismos contestaron en el informe de políticas locales que “las amenazas señaladas por los municipios encuestados destacan, en primer lugar, las temperaturas extremas, seguidas de sequías, inundaciones y tormentas”.
María José Caballero cuenta que “la adaptación se está haciendo con acuerdos voluntarios, lo que la relega al último puesto”. Y prosigue: “Nos cuesta encontrar buenos ejemplos de adaptación. Hemos visto en Barcelona y en Alicante, pero cuesta. Solo el 5% del territorio de las ciudades está bien permeabilizado para que el agua no corra luego como se ha visto en esta DANA”. Porque, como recuerda la última versión del Plan Nacional de Adaptación (de 2020), “las inundaciones se ven también favorecidas por las amplias superficies urbanas impermeables, que impiden la infiltración y favorecen la escorrentía”.
Algunas actuaciones de adaptación son costosas y su realización conlleva tiempo, pero es urgente comenzarlas. Debemos actuar de manera urgente para adaptar nuestro estilo de vida a la nueva situación
Aunque la adaptación no se limita a resistir avenidas de agua –España tiene que reajustarse a tener periodos largos de sequía intensa que impactan en la agricultura y el turismo o a picos de calor extremo que asfixian las ciudades y favorecen grandes incendios forestales–, la tragedia de esta última DANA ha puesto el foco en las inundaciones. El Plan de Adaptación 2021-2030 afirma que “la reducción de los riesgos derivados de las inundaciones” necesita una serie de puntos:
- La “mejora de los sistemas de observación orientados a alertas tempranas sobre fenómenos hidrometeorológicos extremos”.
- Incorporar la variable del cambio climático a la gestión del riesgo por inundación.
- La integración de los riesgos y la adaptación al cambio climático en la planificación territorial y urbanística: dónde se puede construir edificios o levantar infraestructuras.
- La creación de incentivos para la prevención de riesgos.
- La evaluación integrada del riesgo de desastres considerando las proyecciones y escenarios de cambio climático: no ignorar que la crisis del clima va a poner las cosas peores.
- La capacitación a las “comunidades de riesgo” –las poblaciones– para que puedan participar activamente en cómo prevenir y afrontar este peligro.
Y luego destaca que “dentro de las medidas de adaptación para hacer frente el riesgo de inundación, serán prioritarias las actuaciones encaminadas a la recuperación de la morfología y dinámica natural de los cauces y al fomento de soluciones basadas en la naturaleza”.
Julia Martínez resume que “algunas actuaciones de adaptación son costosas y su realización conlleva tiempo, pero es urgente comenzarlas. Debemos actuar de manera inmediata para adaptar nuestro estilo de vida a la nueva situación”.