“Nada que celebrar en España”. Así de contundentes se muestran las organizaciones en defensa de la memoria histórica en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se celebra este domingo. La ONU ha recomendado al Gobierno de Mariano Rajoy en múltiples ocasiones tomar las medidas adecuadas respecto a las víctimas del franquismo, pero siguen siendo papel mojado. La última vez, el pasado julio, cuando el Comité de Derechos Humanos condenó a España por “impedir la investigación de las violaciones de derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura y desapariciones forzadas”.
En nuestro país aún existen más de 2.000 fosas comunes sin abrir en las que reposan miles de víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo. Eso según los cálculos del Gobierno, que elaboró un mapa de fosas (desactualizado desde 2011), que para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) incluye datos optimistas porque la cifra podría escalar al doble. El exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, recibió en el momento de estudiar si era competente o no para investigar los crímenes franquistas un listado de 130.137 desaparecidos aportados por asociaciones de familiares de republicanos.
Este es, precisamente, uno de los reproches a España más reiterado por los organismos internacionales: “Desde 2011, el presupuesto para la ley de Memoria, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado”, criticaba Pablo de Greiff, relator especial del Consejo de Derechos de la ONU, el pasado mes de agosto. Esta dejación institucional ha provocado que sean las propias asociaciones las que las financien, pues Mariano Rajoy ha dejado el presupuesto para Memoria Histórica a cero y ha completado una legislatura de abandono económico a las víctimas del franquismo. Lo que, a ojos del relator, constituye una “forma de privatización”.
“A España le queda todo por hacer en relación a la verdad, justicia y reparación de las víctimas”, sostiene Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Algo con lo que está de acuerdo Rights International Spain, que hace una dura crítica al Gobierno al afirmar que “el Estado tiene una deuda pendiente con las víctimas”. “El mejor homenaje que puede rendirles a ellas y a sus familias es el cumplimiento de sus obligaciones internacionales”, apunta en un comunicado.
Críticas al poder judicial
En 2013, el Comité para la Desaparición Forzada, que vigila el cumplimiento de la Convención homónima (ratificada por España en 2009) por parte de los Estados que la han firmado y ratificado, emitió varias recomendaciones que aún no han sido ejecutadas por el Gobierno. En ellas, ponía especial énfasis en que las desapariciones forzadas debían “ser investigadas de manera exhaustiva e imparcial independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aunque no se haya presentado una denuncia formal”.
En este sentido, establece que España carece de “un marco legislativo efectivo” para llevarlo a cabo y critica que los fiscales “no hayan impulsado las investigaciones”. Algo que ha sido completado por el Comité de Derechos Humanos, cuyos expertos recomendaron a las autoridades españolas el pasado mes de julio cooperar con las autoridades argentinas en el caso conocido como la 'Querella Argentina'. “Hay ministros franquistas encausados por presunta vulneración de derechos humanos, pero el Gobierno español se resiste a extraditarlos” comenta Beltrán. Eso a pesar de que han sido reclamados por la jueza Servini por supuestos delitos cometidos durante la dictadura de Franco.
En este sentido, Rights International Spain insiste en que los familiares de las víctimas deben tener la opción de “obtener justicia y reparación”. Una vía que, sin embargo, “quedó cerrada con la sentencia 101/2012 del Tribunal Supremo”. En ella, absolvía al juez Garzón de un delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes franquistas, pero sí estimó que hacerlo fue una decisión “errónea”. Por ello, en palabras de de Greiff “la decisión del Tribunal Supremo dio nuevos argumentos a los jueces para no avanzar en las causas judiciales”.
La ley de Amnistía
Derogar la Ley de Amnistía de 1977 es otra de las peticiones más reiteradas por Naciones Unidas. El Comité de Derechos Humanos, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, emitió un informe a finales de julio en el que “muestra su preocupación por la postura del Estado en mantenerla en vigor” porque “impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado”.
Desde Rights International Spain alertan de que la ley (y las interpretaciones restrictivas que de ella hacen los jueces) “ha creado un patrón de impunidad”. Algo que también opina Pablo de Greiff, que es en el punto en el que encuentra más déficits, ya que los casos se archivan “sin que los jueces ni siquiera conozcan los hechos”, comenta. El relator especial de la ONU recuerda que “no hay impedimentos en el sistema judicial (español) para revisar o anular las disposiciones de esta legislación que fueran incompatibles con las obligaciones internacionales”. Sin embargo, en ningún momento el Gobierno de Mariano Rajoy se ha manifestado a favor de esta posibilidad haciendo oídos sordos, una vez más, a las recomendaciones del organismo.
“No garantiza el principio de no repetición”
La tipificación de la desaparición forzada en el Código Civil español es otro “campo de batalla” para las organizaciones en defensa de la memoria histórica, como recuerdan varias de ellas en una carta enviada a finales de 2014 al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. En ella insisten en que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU concluye que “la tipificación española no es suficiente en esta materia”.
“Es importante que se incluya un delito autónomo de desaparición forzada”, opina Esteban Beltrán. Un reconocimiento que debería ajustarse a la definición que hace la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad obra de agentes del Estado o personas o grupos que actúan” con su autorización o apoyo.
Ello unido a la “negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Exactamente lo que ocurre con las cientos de sepulturas ilegales que aún no se han exhumado. Sin embargo, “la reciente reforma del Código Penal ha hecho caso omiso a estas exigencias”, según Rights International Spain.
Por otro lado, en mayo de este año el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a mencionar a España con el objetivo de insistir en que “los actos de tortura, incluidas las desapariciones forzadas, ni prescriben ni pueden ser amnistiados”. Beltrán considera que la falta de interés del Gobierno en esta cuestión evidencia “que no se han tomado cartas en el asunto para garantizar el principio de no repetición”, porque “a pesar de las recomendaciones internacionales, España mantiene la posibilidad de detención en régimen de incomunicación, que puede conducir a torturas o malos tratos”.
“Se trata de una cuestión legal en base a las normas internacionales”, analiza Beltrán, “pero va más allá”. Para el director de Amnistía Internacional no solo la legislación obliga a España a hacerle frente a los aspectos sobre desapariciones forzadas que aún mantiene pendientes, sino que “la gente debe conocer qué pasó con sus seres queridos y se les debe reconocer el sufrimiento”. Pero no solo es una cuestión de pasado: “la educación es un elemento clave, en 2015 España aún no ha incorporado en las escuelas un programa que explique qué pasó exactamente en el franquismo”, afirma. También “es una cuestión de futuro”.