La población mayor de 65 años se ha incrementado en un millón de personas en España en la década de 2010 a 2019, mientras en el mismo periodo de tiempo solo se han creado 12.263 plazas residenciales más. Estos datos del IMSERSO que analiza la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales implican que la ratio pasa en 10 años de 4,56 plazas por cada 100 ciudadanos mayores de 65 a 4,21, alejándose del objetivo de 5 que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El número de camas en centros de mayores en nuestro país pasó de 368.895 en 2010 a 381.158 al inicio de 2019. Para alcanzar esa ratio de 5 de la OMS haría falta crear en nuestro país otras 70.000 plazas, calcula la asociación, que es referente en el sector. Es una cifra además “coincidente” con la estimación que ellos hacen sobre cuántas serían necesarias para atender a las personas valoradas como dependientes de Grado II y III, los dos más graves, que tienen reconocido el derecho por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) pero están todavía pendientes de recibir servicio o prestación. Con datos del IMSERSO, a diciembre de 2019 hay 113.275 personas con los Grados III y II en esa situación de lista de espera. La atención residencial es la cuarta opción para los que sí están atendidos por el SAAD: eran 167.698 personas en 2018.
La media europea se sitúa en 4,6 camas por 100.000 habitantes, según un informe de finales de 2018 elaborado por la consultora internacional CREB. Suecia tiene 6,96; Francia 5,51; Alemania 5,31 y Reino Unido 5. En el otro extremo está Italia, con solo 1,85.
El 70,4% de las 381.158 plazas residenciales en España están ocupadas por mujeres y el 81,8% por mayores de 80 años –el resto, por personas entre 65 y 79–. Desde ese millón de personas de más de 65 que ha sumado España en una década, 600.000 son mayores de 80. La tendencia, creciente, exigirá más y más camas: el porcentaje de población mayor de 65 años actualmente se sitúa en el 19,2% del total; en 2033 estará en el 25,2%, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística.
El 60% del total de habitaciones residenciales son de financiación pública, ya sea total o con conciertos. Si se cuentan solo esas, que defienden desde la asociación “son las que garantizan el acceso a este servicios de todas las personas que lo necesiten”, solo constituyen 2,5 por cada 100 mayores de 65, la mitad de lo que marca la OMS. En 2018, según datos de la consultora DBK Informa, el nicho de las residencias movía unos 4.500 millones de euros al año, un 3,4% más que el ejercicio anterior. En ese mismo periodo las residencias privadas aumentaron en un 1,5%, sobre todo por el aterrizaje de fondos de inversión, en su mayoría franceses.
Graves diferencias entre comunidades
“Como viene siendo habitual en todo lo que tiene que ver con Servicios Sociales”, apuntan los responsables de la Asociación, se producen severas desigualdades entre regiones. Castilla y León y Castilla-La Mancha llegan a la ratio de 5 solo contando con la disponibilidad pública. Hay solo otras tres comunidades autónomas que alcanzan el objetivo de 5 plazas por 100 mayores de 65, Extremadura, Asturias y Aragón, pero en estas dos últimas, igual que en Madrid, hay más privadas que públicas.
En el otro extremo, los principales déficits se dan en Andalucía, donde harían falta 27.981 plazas; Comunidad de Valencia (20.844), Galicia (14.858), Catalunya, Región de Murcia (8.364), Cataluña (8.038), Comunidad de Madrid (7.479), Canarias (7.364) y País Vasco (6.063).
Para ellos resulta evidente “el esfuerzo que deben realizar algunas Comunidades para promover la construcción de nuevas plazas residenciales para personas mayores”, especialmente las de financiación pública “que son las que aseguran el derecho efectivo a una plaza residencial cuando se precise”. Diseccionan también las diferencias entre lo que han de pagar los usuarios en privadas y concertadas: de 7.000 euros anuales de media en Comunidad de Valencia, La Rioja, Andalucía, la Comunidad de Madrid y Catalunya; hasta los 8.000 de Aragón y Región de Murcia, 10.000 de Navarra y 11.000 de Euskadi. Con, recuerdan, pensiones de 1.140 euros de media al mes por jubilación y 713 por viudedad.
En cuanto a otros retos concretos, la asociación menciona que hay que resolver el problema de la ubicación. La carencia “se centra en las grandes urbes” y en los medios rurales, donde en ocasiones hay excedentes pero “no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios y de sus habitantes de más edad, agudizando el vaciamiento de estos territorios, con una gran carga de sufrimiento para quienes a una edad muy avanzada se ven obligados a abandonarlos”.
Por último, hacen alusión a la escasez de profesionales en las residencias. Como los sindicatos y colectivos han denunciado, las malas condiciones laborales provocan falta personal de enfermería y gerocultores, y apuntan que es preciso evolucionar del modelo “asistencialista y sobreprotector” a uno que evite la masificación y facilite la convivencia.