España apenas ha alcanzado la mitad del objetivo comprometido con la Unión Europea para activar impuestos verdes de protección ambiental e impulso económico. Los ingresos en 2017 fueron de 21.382 millones de euros, según los últimos datos de Eurostat. Supusieron el 5,32% del total cuando el objetivo común de la Unión Europea para 2020 –establecido en 2011– es llegar al 10%. Casi el doble.
La recaudación fue así algo superior a la de 2016 en términos absolutos, pero, como se ingresó más en total, el porcentaje es incluso un poco inferior al del curso anterior. Desde 2008, la fiscalidad verde no ha progresado nada (se ha movido en torno a ese 5%, décima arriba o décima abajo) y España está anclada en el vagón de cola. Es el séptimo peor estado de los 28 de la Unión Europea, cuya media está en el 6,1%. Es el cuarto por la cola si se comparan los ingresos con el PIB nacional. Para completar un panorama poco alentador, en este grupo rezagado también están dos grandes contaminadores continentales como son Francia y Alemania.
Impuestos verdes ¿Para qué?
Los efectos y la utilidad de estos impuestos han sido analizados desde hace años por instituciones como la OCDE o la Comisión Europea. La primera explica que “sin la intervención de los gobiernos no existen incentivos para que las empresas y los hogares tengan en cuenta el daño ambiental de sus actividades ya que su impacto está repartido entre muchas personas y tiene poco o ningún impacto directo en el contaminador. De esta manera, la protección del medioambiente generalmente requiere una acción colectiva, habitualmente, liderada por los gobiernos”.
Y pone el ejemplo, precisamente, de los gravámenes a los motores de combustión que han servido como munición política este último trimestre en España tras los anuncios del Gobierno socialista de eliminar bonificaciones al gasoil: “El incremento del coste de utilizar estos vehículos es un incentivo para reducir las emisiones [de gases de efecto invernadero]”. Estas medidas impulsan a “conducir coches más eficientes, coches que emitan menos” o directamente “conducir menos”, rematan.
“No hay discrepancia entre los investigadores y no debería generar división política: la reforma fiscal energética es clave para la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático”, explica Mikel González-Eguino, investigador en el Centro Vasco de Cambio Climático BC3 y experto en reforma fiscal ambiental. González-Eguino aclara que la necesidad de impuestos verdes ya no se discute, “lo que hace falta es pedagogía para explicar por qué se hace y por qué es importante”. Una labor que se encuentra, dice, “muchas veces con la presión en contra de sectores empresariales o de interés que trabajan en la dirección contraria”.
También destaca la necesidad de “garantizar que estos impuestos no atacan la progresividad del sistema ni perjudican a las rentas bajas”. Utilizar el dinero obtenido “para nuevas formas de transporte sostenible o público”, añade.
La Comisión Europea, por su parte, aplica el siguiente argumento en su estrategia de economía sostenible: “Ajustar el precio de los recursos creará incentivos para utilizarlos de manera más eficiente y sostenible”. La hoja de ruta europea establece que “en 2020 el porcentaje de ingresos públicos [por impuestos ambientales] llegue a una media del 10%”. Este documento se aplica también a España. La estrategia consiste en transferir los impuestos desde las rentas del trabajo a las actividades nocivas “para impulsar la economía y la creación de empleos”. Estos impuestos verdes, además, juegan un papel importante en la venerada “consolidación fiscal”. La CE lanza este mensaje: “La fiscalidad relacionada con el medio ambiente es una de las pocas que, en general, no perjudica al crecimiento”.
Otra institución financiera internacional como es el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un estudio en 2013 cuyas conclusiones recogían que “los países con mayores ingresos por impuestos ambientales se comportan mejor en el aspecto ambiental, esto significa menores emisiones (incluido el CO y las micropartículas PM), decrecen los contaminantes del agua y el consumo de energía, especialmente la proveniente de combustibles fósiles. Son efectivos así que estos impuestos son un instrumento basado en el mercado que tiene un considerable potencial para lidiar con los problemas ambientales”.
Avisos desde hace tiempo
España mantiene políticas fiscales como la subvención del diésel o la falta de un impuesto al carbono. De hecho, es uno de los estados que más uso hace de las ayudas a los combustibles fósiles. Y los gobiernos han estado avisados y amonestados por mantener esa política: “España no cuenta con una estrategia global para eliminar las subvenciones nocivas para el medio ambiente, aunque su abandono puede ofrecer ventajas económicas, sociales y medioambientales, permitir una mayor competitividad y contribuir a la consolidación presupuestaria”, sentenció la Comisión Europea en su análisis de 2017.
Respecto a la falta de un impuesto al carbono (básicamente pagar por cada tonelada de CO emitida a la atmósfera), su implementación ha sido tradicionalmente rechazada. Catalunya lo incluyó en su ley de cambio climático de 2016 que fue recurrida y suspendida finalmente por el Tribunal Constitucional. La principal justificación para un impuesto a la emisión de CO no es ingresar sino “mover la economía a un modelo bajo en carbono”, ha explicado el economista profesor de la Universidad Autónoma e Madrid y experto en energía y medio ambiente Miguel Buñuel González al analizar la incorporación de este tributo.
Con todo, este economista calcula que, en un primer momento, el impuesto produciría unos 1.300 millones de euros y 6.600 una vez a toda máquina. Buñuel ha defendido la posibilidad de desarrollar la fiscalidad verde hecha de manera “gradual”. Algo que, simplemente, se ha ignorado durante la última década en España ya que 2008 eran el 5,08% de los ingresos y en 2017 el 5,3%.
Regresión
Sin embargo, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el 16 de febrero, con la convocatoria de elecciones generales ya hecha, aseguró públicamente que pretendía “bajar todos los impuestos y paralizar la subida que pretendía el PSOE”. Explicitó, entre otras, “la fiscalidad medioambiental con el impuesto al diésel”.
Lo cierto es que España en 2011 se comprometió, además, a abandonar progresivamente las subvenciones dañinas con el medio ambiente para 2020 entre las que se señalaban las subvenciones a combustibles fósiles como el diésel. El propio Gobierno del Partido Popular montó una comisión de expertos para la reforma del sistema tributario cuyo trabajo, el informe Lagares, incluía un epígrafe de impuestos medioambientales. Allí se citó el fin del privilegio del diésel: “Equiparar los tipos del gasóleo y gasolina”.
En septiembre de 2018, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sostenía que no era el “momento de machacar ni a los que tienen un coche con más impuestos sobre el diésel, ni a las familias con más impuestos de sucesiones”. Y añadía que “lo que no necesitamos es insistir en recetas fracasadas como subir el impuesto al diésel”.
Contrasta con el acuerdo de investidura que Rivera firmó con Pedro Sánchez en febrero de 2016 en el que se incluyó un impuesto específico a los vehículos por su nivel de polución: “Sustituir [la matriculación] por un impuesto a las emisiones de CO2 y dióxido de nitrógeno”. Los coches que más emiten gases son los vehículos de combustión gasolina y diésel. Por cierto, el informe de la CE sobre la aplicación de la normativa ambiental española decía explícitamente: “El diferencial diésel-gasolina no está justificado desde una perspectiva medioambiental”.
Hace una semana, cinco organizaciones ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO-Birdlife y WWF) expusieron sus ideas para toda una reforma fiscal verde. Más allá de las medidas concretas que contenía, la idea trasversal que atravesaba el paquete de propuestas era “cambiar las conductas que inciden negativamente sobre el medio ambiente. Se trata de utilizar el sistema fiscal como medio para incentivar cambios de comportamiento y garantizar que los agentes económicos con mayor impacto sean los principales contribuyentes a las arcas de los impuestos verdes”.
El investigador González-Eguino concluye que lo más urgente es apuntar a los grandes generadores de CO. “Un precio suelo para cada tonelada de carbono que se emite en el sector eléctrico o armonizar los impuestos de los combustibles con la senda europea”.