Ángela González perdió hace 12 años a su única hija. Su exmarido, del que se estaba separando, le descerrajó tres tiros a la niña, de siete años, durante una de las visitas acordadas por un juez que desatendió las reiteradas advertencias de la madre. Luego se suicidó. Todos los escalafones de la justicia española archivaron las denuncias al entender que el Estado no tiene responsabilidad alguna en lo sucedido. Ángela acabó perdiendo la fe en las administraciones españolas y llevó sus reivindicaciones ante la ONU, que en agosto de 2014 condenó a España “por no actuar de manera diligente”.
En la resolución se dispuso un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno cumpliera con todos los requerimientos: indemnizar a Ángela, poner en marcha una investigación para determinar los fallos e introducir los cambios legislativos para que los antecedentes de violencia de género se tengan en cuenta a la hora de valorar la custodia. Ese tiempo ha expirado hace unos días con una respuesta del Gobierno: un documento de 20 páginas donde se detallan las medidas adoptadas para poner coto a casos como el de Ángela González. Sin embargo, las organizaciones de mujeres que han tenido acceso al documento –que el Ministerio de Justicia no ha hecho público– interpretan estas soluciones como “muy insuficientes”.
Entre las aclaraciones del Gobierno español remitidas al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se destacan siete medidas, de las cuales la mayoría están pendientes de ser aprobadas:
Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental: Se trata de una regulación que establece la retirada de la guarda y custodia de menores a un agresor condenado por violencia de género, aunque Justicia no ha explicado a eldiario.es cuáles son los argumentos con los que España ha presentado ante la ONU la importancia de esta norma para evitar casos como el de González.
El borrador, aprobado en Consejo de Ministros, establece no obstante que el juez seguirá teniendo la última palabra: de forma excepcional podrá conceder la custodia compartida o el derecho de visita a los maltratadores, aunque hayan sido condenados, si lo considera conveniente para el menor, como adelantó la Cadena SER.
Una salvedad que ha generado un gran malestar entre las asociaciones de mujeres por ser “un auténtico disparate”. Es más, iría en contra de las indicaciones prescritas por la ONU en su condena. “Es increíble que incluyan este anteproyecto como el principal avance. Es incongruente”, asegura Gema Fernández, abogada de Women’s Link worldwide. Las cifras avalan su posición: la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres ha hecho público un estudio en el que se revela cómo los jueces suspenden el régimen de visitas a padres maltratadores en menos del 3% de los casos.
Pese a todo, la medida no es definitiva, puesto que el anteproyecto está todavía en fase de consulta. Es más, todo indica que no tendrá mucho recorrido si tenemos en cuenta las declaraciones del ministro Rafael Catalá en las que reconoce que su aprobación “no sería razonable”.
Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito: Aprobado el año pasado, según el Gobierno “reforzará los derechos y garantías procesales de las víctimas” gracias a un catálogo general en el que se les informará acerca de sus derechos procesales. En el caso de las afectadas por violencia de género, éstas serán informadas de la puesta en libertad de su agresor sin que lo soliciten, del mismo modo que podrán recurrir los sobreseimientos en un plazo superior al actual. Otra novedad de calado es que los menores tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia que las víctimas de los delitos de género.
El optimismo que imprime el Ejecutivo a esta nueva norma se aparta de la interpretación de juristas, como María Daza, Doctora en Derecho. “Todos estamos de acuerdo que haya un estatuto, pero no como éste. Tiene muchas carencias, como en el caso de la violencia de género. Y es que se da pábulo al bulo de las denuncias falsas por parte de las mujeres. Por tanto no supone ningún paso para el objetivo de evitar más casos como el de Ángela González”, sentencia.
Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria al anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia: Esta normativa viene a sustituir la vigente Ley de Protección Jurídica del Menor, aprobada hace ya 18 años. El Ministerio de Sanidad ha defendido su elaboración al entender que el articulado actual se ha quedado anticuado ante “los importantes cambios sociales” vividos entre los menores, situación que demanda “una mejora de sus instrumentos jurídicos” de cara a una eficiente protección. En la fase de consulta pública, los distintos organismos han valorado el avance que supone el nuevo texto, al incorporar por primera vez en la legislación española el interés superior del menor, pero han mostrado algunas discrepancias de carácter técnico.
La oposición en el Congreso, en cambio, no se muestra tan conforme con la nueva ley. Entre sus objeciones, PSOE e IU han emplazado al Gobierno a que ponga al día la legislación del menor “lo antes posible”. Además, varios expertos han coincidido en su diagnóstico: todavía queda mucho por hacer para proteger con garantías a los menores. “Existe un déficit de atención en cuanto a los menores en este país, muchas veces desamparados cuando hay un proceso judicial por violencia de género”, afinan las organizaciones que trabajan sobre el terreno.
Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita: Una de las principales novedades reside en que tendrán acceso a justicia gratuita independientemente de sus ingresos todas las víctimas de género. Las prestaciones que comprende son asesoramiento, orientación, información sobre la mediación, exención del pago de tasas y un abogado o procurador sin coste alguno. Una medida, todavía pendiente de recibir el visto bueno por parte del Congreso, que ha sido aplaudida por los colectivos de mujeres. Sin embargo, desde la Abogacía Española no ven con buenos ojos el proyecto ya que, entre otras cosas, “burocratiza en exceso el servicio y no respeta la labor de los abogados”.
Revisión del protocolo relativo al sistema de valoración policial de riesgo: Como ocurre con la mayoría de las medidas identificadas por el Gobierno como plausibles para prevenir que vuelvan a repetirse casos como el de Ángela, la revisión del protocolo mencionado todavía está a la espera de ser aprobada definitivamente (en algunos casos podría posponerse hasta la próxima legislatura). Al respecto, el Gobierno ha manifestado su intención de cambiar la valoración de riesgo de las víctimas de violencia de género, aprobada en 2008. Un sistema por el que cada mujer que denuncia una situación de maltrato es objeto de una evaluación del nivel de protección que necesita. Pero el funcionamiento actual no está siendo todo lo efectivo que debería.
El PSOE ha solicitado a la Defensora del Pueblo que se investiguen los fallos en la valoración de riesgo y la protección de las víctimas en casos de violencia de género. “Ha habido un aumento sustancial del número de casos de asesinato donde las mujeres habían solicitado previamente protección, que algo está fallando”, explica la diputada socialista Ángeles Álvarez. Incluso guardias civiles han dennunciado presiones para rebajar el riesgo en las mujeres a las que hacen seguimiento en zonas rurales cpor la falta de recursos humanos y materiales.
Propuesta para la mejora de la coordinación institucional y la puesta en marcha de un plan personalizado de atención a las víctimas de violencia de género aprobada por la Conferencia Sectorial de Igualdad: El pasado 22 de julio el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron una partida de más de cinco millones de euros destinados a abordar proyectos de asistencia integral a las mujeres víctimas y a sus hijos. La mayoría de regiones han dado su visto bueno a la remesa, aunque algunas, como la de Andalucía, consideran que es insuficiente. Además, recuerdan que desde el año 2011 el Gobierno ha ido disminuyendo los presupuestos para luchar contra la violencia machista. “El Gobierno ha recortado un 27,5% las políticas de igualdad y prevención de la violencia de género”, aseguran desde Andalucía.
Otro paso es la entrada en vigor de un protocolo que facilite la derivación a casas de acogida –puede ser fuera de su localidad– a aquellas mujeres que han sufrido maltrato, así como a los menores a su cargo. “Se hará lo más rápido posible y sin coste para ellos”, aseguran desde el Ministerio de Sanidad. Asturias, entre otras comunidades, se ha quejado de que el dinero habilitado para este capítulo no es proporcionado.
Evaluación de la aplicación de la Ley Órganica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género una vez transcurridos diez años desde la aprobación de la Ley: Era una reivindicación en boca de las asociaciones de mujeres y se hizo realidad en 2004, cuando el Gobierno de Zapatero aprobó la ley. Un texto que, entre otras cosas, contemplaba medidas de asistenciales y de prevención.
A la espera de que se publique una evaluación tras sus diez años de vigencia (el Gobierno lo ha anunciado de manera informal pero todavía no ha presentado ninguna revisión oficial) varias organizaciones han mostrado su punto de vista. Es el caso de Marisa Sotelo, de la Fundación Mujeres. Pone el acento en que esta ley no ha conseguido barrer el patriarcado imperante en el sistema judicial, uno de los aspectos que, por cierto, denunciaba la ONU en su condena a España. “Existe un prejuicio contra la mujer en los juzgados, y así lo demuestran los numerosos casos que hay sobre la mesa”, clama Sotelo.
Hasta aquí las conclusiones difundidas por el Gobierno para complacer la histórica condena de la ONU –primera vez que un tribunal internacional condena a España por su negligencia en materia de violencia de género–. Sin embargo, las organizaciones de mujeres entienden que el Estado ha pasado por alto varias recomendaciones trasladadas por el organismo transnacional.
Remarcan que en el informe no se incluye la posibilidad de conceder una indemnización a Ángela González, ni tampoco se entona el perdón como exigía Naciones Unidas. Ni una sola mención a los fallos que allanaron el camino para que el exmarido acabara con la vida de su hija. “En el informe, implícitamente, el Estado se sigue cuestionando que ellos hayan tenido alguna responsabilidad, directa o indirecta, en lo sucedido”, denuncia una fuente conocedora del texto.
Y hay otra “huida hacia adelante”, en su opinión. Se despacha la sugerencia de apostar por la formación de jueces y personal administrativo en materia de violencia doméstica alegando que eso ya está incorporado desde hace tiempo. “Eso es mentira. Es una actividad lectiva que no es obligatoria, y en la que la materia que se imparte no avanza nada en la eliminación de los estereotipos persistentes en la judicatura con respecto a la violencia de género”, replican varios juristas.
En cualquier caso, la realidad muestra que el problema por el que la ONU ha sancionado a España está lejos de solucionarse. El pasado verano un juez de Aranjuez (Madrid) otorgó el régimen de visitas a un padre que se encontraba en prisión preventiva por haber asesinado a su mujer, madre de su hija de cuatro años. El hombre, un guardia civil, podía salir cada mes de la cárcel para verla a pesar de que se le había retirado la patria potestad por la gravedad del caso. Finalmente y tras la polémica que generó el caso en los medios de comunicación, la Audiencia de Madrid le revocó ese privilegio.