Los registros oficiales se han olvidado de unos 400 españoles muertos en el campo de concentración nazi de Mauthausen. No aparecen en los listados que Francia remitió al Gobierno de Franco. La Universidad Complutense de Madrid acaba de publicar una investigación en la que cifra en 4.435 los españoles asesinados tras llegar a ese campo y a su satélite de Gusen. Han basado su análisis en los libros que conservaba el Ministerio de Justicia y que en 1951 el Gobierno francés proporcionó al régimen de Francisco Franco, con “todos los nombres y apellidos de los españoles que dejaron su vida allí”, explican. Pero, al menos, 400 de los muertos en el complejo de Mauthausen y sus subcampos no han aparecido en los listados oficiales, “la mayoría de ellos en un goteo incesante hasta 1944”.
Hasta ahora, la Asociación Amical ha manejado un volumen de 4.516 fallecidos entre Mauthausen y Gusen. 4.816 sumando al resto de complejos que dependían de Mauthausen, y 5.117 en el total de campos nazis –por Dachau o Buchenwald pasaron otros 1.100 españoles–. ¿Qué aporta entonces este estudio? “Esta es la cifra oficial en Mauthausen y Gusen. Su importancia recae en inscribir el fallecimiento de esas 4.435: oficialmente, muchas aún figuran como desaparecidas o apátridas. A partir del cotejo de los certificados, el Registro Civil español o el Ministerio puede inscribir su fallecimiento como paso posterior”, explica Gutmaro Gómez, coordinador del equipo investigador complutense.
La diferencia entre los reconocidos por las fuentes oficiales y el total de Mauthausen, 400 personas que no aparecen en esa documentación oficial francesa, continúan por tanto en un segundo “limbo”, según describe Concha Diaz, delegada en Madrid de Amical, colaboradores en esta investigación. “Faltan nombres entre los reconocidos por el Gobierno francés. En primer lugar, porque faltaba información, se elaboró tras la liberación del campo gracias a prisioneros, como Joan de Diego, y tenían la que tenían, que correspondía sobre todo al campo principal de Mauthausen y a Gusen. Además, hay errores en localidades de nacimiento o en la traducción. Se trata de datos de 1951”, justifica Díaz.
No hay constancia de cuántos de los españoles fallecidos pudieron ser inscritos en su momento como fallecidos y cuántos no. “En los años 50, Alemania aportó a los países los datos para que se pudieran pedir indemnizaciones, pero el régimen franquista no hizo nada. Solo hubo dos excepciones a esas indeminzaciones: los judíos, porque se negociaron globalmente, y los españoles, porque la dictadura no presionó a Alemania”.
“Algunas familias buscaron a los suyos a través de anuncios de periódicos, de ayuntamientos, de la Amical… otras no pudieron por falta de recursos. Para registrar un fallecimiento había que ir a la Embajada Alemana en Madrid y, de alguna manera, significarse”, añade Díaz. “Ahora no se trata de recompensar a las víctimas, eso ya no es posible: todas han fallecido, incluso los supervivientes. Se trata de regularizar el estado de ciudadanos muertos en el año 41 o 42, que dejen de estar en ese vacío, teóricamente vivos”.
La investigación de la UCM ha sido breve aunque “intensa”, cuenta el investigador. Comenzó el 25 de marzo, cuando el Ministerio de Justicia permitió la consulta limitada de los libros oficiales, que se ha ralentizado por las malas traducciones del alemán al español o el desorden en los apellidos.
La UCM se ha limitado a los fallecidos: los españoles de los que hay constancia documental de que estuvieron recluidos en los campos de concentración nazis, sobrevivieran, murieran o fueran liberados, son 9.328. “Hace falta, a nivel académico, tener cuantos más datos y metodología científica mejor”, incide Gómez, “porque España nunca figura en los estudios sobre el Holocausto”. La intención, posteriormente, es que se amplíe para certificar al total de republicanos deportados y fallecidos en los campos para que el Gobierno los registre.
“Identifica lo que ya se sabía”
Los datos de Amical no son los únicos públicos: desde 2006 existe una base de datos del Ministerio de Cultura de consulta abierta y operativa. Agrupa a todos los deportados, no solo a fallecidos, y se realizó gracias a registros de campos, testimonios de liberados y recopilaciones de otras entidades, como Cruz Roja Internacional. El codirector –junto a Sandra Checa– de ese proyectos precedente, el historiador Benito Bermejo, es algo crítico con la trascendencia de la investigación de la UCM ya que “identifica lo que ya se sabía y utiliza solo una fuente que es secundaria, lo cual supone una limitación”-
Desde la Dirección General para la Memoria Histórica, a Bermejo le comunicaron las intenciones de organizar esa base de datos en el Registro Civil central. “No se trata de reconocer a las víctimas, sino de su inclusión en el registro de fallecimientos”, insiste, como Gómez y Díaz. Por su búsqueda previa de la identidad de las víctimas españolas del Holocausto “sospecho que no se han inscrito de forma masiva. Yo he pedido certificados de nacimiento de fallecidos en Mauthausen para verificar nombres y en casi ningún caso aparecía una nota marginal con el fallecimiento, como debería ser si estuviera registrado”.
De entre los republicanos sobrevivientes o fallecidos en los campos nazis hubo dos grupos: los que sirvieron en las filas del Ejército francés, el más numeroso (todos capturados por los nazis en 1940). Y los pertenecientes a la Resistencia, detenidos por la policía francesa entre 1942 y 1944. Lo cuenta el periodista Carlos Hernández en otra investigación en la que cuenta que también cómo pasaron españoles por centros como Bergen Belsen, Auschwitz, Flossenbürg, Natzweiler, Neuengamme, Sttuthof, Sachsenhausen, Gross-Rosen, Aurigny, Guernesey, Neu Bremm o Ravensbrück (este último conocido como “el campo de las mujeres”).
Para Hernández, el valor del estudio de la UCM reside en que “confirma los datos que habían aportado trabajos anteriores y que marca el número mínimo de víctimas que hubo en Mauthausen y que podría ser algo superior por los entre 300 y 400 españoles oficialmente ”desaparecidos“ o no registrados”.