Coincidiendo con el inicio de 2022, son varias las señales que apuntan a que España ha inaugurado un cambio en la manera en la que afronta la pandemia de COVID casi dos años después de su estallido. Una sexta ola disparada por la variante ómicron pero con el efecto amortiguador de las vacunas ha llevado a las autoridades sanitarias a avanzar hacia un giro de guion, empujadas por la saturación de la red de vigilancia y la atención primaria que se han visto desbordadas ante los récords de incidencia registrados, y ante el riesgo de que los aislamientos sean inasumibles para el sistema.
Las medidas tomadas por Sanidad y las comunidades autónomas caminan en esta dirección y oficializan una vigilancia menos estrecha, caracterizada por cada vez menos control sobre los casos salvo si son graves o requieren ingreso hospitalario. A la eliminación de las cuarentenas de los contactos vacunados se ha sumado el acortamiento de los aislamientos de diez a siete días y una nueva forma de manejar los contactos: el rastreo se reduce a ámbitos considerados de riesgo, como las residencias, y se prioriza la realización de pruebas a pacientes vulnerables o con síntomas graves. Además, los menores de 12 años solo tendrán que hacer cuarentena si los positivos en su clase superan los cinco.
De fondo sobrevuela el debate sobre si, llegados a este punto, es pertinente saltar a un escenario que apunte hacia la gestión de la COVID como una enfermedad más común, como la gripe, aunque los epidemiólogos coinciden en que aún es pronto y, sobre todo, en que no es una decisión que deba tomarse sin haber pasado el pico de la sexta ola. En la práctica, sin embargo, los acuerdos políticos y sanitarios parecen dirigirse a esa transición. Es más, la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, justificó la medida de reducir los días de aislamiento de positivos asegurando que nos encontramos “ante un punto de inflexión”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ahondó sobre esa idea este viernes ante el Comité Federal del PSOE: en su discurso destacó que la COVID-19 se ha convertido en un virus con el que hay que “aprender a convivir”, por lo que “debemos adaptar nuestra respuesta institucional y social a las actuales características de esta enfermedad”.
La autogestión de la pandemia
Lo que asumen los expertos es que la lógica que hay detrás es la de “minimizar lo máximo posible el impacto de la COVID en las bajas laborales”, que pueden comprometer la prestación de servicios esenciales y la dinámica económica, y “por la propia saturación del sistema”, cree Daniel López-Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante la enorme avalancha de casos, más de 100.000 al día en la última semana, “los sistemas de detección y atención primaria han colapsado y el propio desbordamiento ha inclinado todo a dejar de ser totalmente exhaustivos y focalizarnos en casos más graves”, añade el epidemiólogo Pedro Gullón.
Otra cosa, consideran, es “un cambio de estrategia global”, que, de darse, “probablemente sería a nivel internacional y no local” y que tendría que “hacer partícipe a la población general”, cree Gullón. “Esta situación a medias es una situación de desborde; son pequeños atisbos de que las cosas quizás podrían hacerse diferentes, pero en el mismo marco: intentamos llegar a todos los casos, pero como no llegamos, movemos la responsabilidad hacia la gente, lo que conlleva a una individualización de la gestión”, apunta el epidemiólogo.
Una especie de 'sálvese quién pueda“, cree Anna Llupià, epidemióloga del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal): ”No hay manera de acceder a la atención primaria y no está mal que haya test particulares, pero se está dejando en manos de la gente el rastreo, la atención y el autodiagnóstico, que es algo que además genera desigualdad“.
La autogestión de la pandemia y las últimas decisiones tomadas lleva aparejado otro efecto: la incidencia acumulada, que supera los 2.500 casos por cada 100.000 habitantes, no representa totalmente la realidad de los contagios debido al infradiagnóstico. Y aunque la situación es muy diferente ahora, al estar amortiguada por las vacunas y la menor gravedad de la variante ómicron, la sexta ola está teniendo efecto en los hospitales: todavía a la espera del reflejo de los contagios de Nochevieja en los ingresos, el número de pacientes hospitalizados supera el de las dos olas anteriores, aunque está muy lejos de los máximos de hace un año, cuando aún la población no estaba inmunizada.
En este escenario, hay voces que no ven otra opción que que sean los propios infectados quienes, por ejemplo, avisen a sus contactos: “El autorrastreo era necesario porque es inasumible por el número de positivos, además, no se puede tener a los sanitarios de primaria llamando a pacientes sanos. Se ha puesto el foco en el paciente de riesgo y vulnerable. Siempre he defendido el rastreo, pero cuando llegas a incidencias tan altas, no se puede hacer y hay que poner las fuerzas donde sean más eficaces”, opina Olga Mediano, neumóloga del Hospital Universitario de Guadalajara. En este sentido, Gullón asume que “con las incidencias que hay ahora mismo es imposible pensar en hacer seguimiento al 100% de los casos”.
Los impactos sociales
Para algunos expertos “el problema ha sido dejar que lleguemos hasta aquí”, en palabras de Daniel López-Acuña, que cree que deberían haberse tomado medidas que contribuyeran a impedir la explosión de la sexta ola. Sin embargo, a estas alturas poner sobre la mesa restricciones parece cada vez más difícil. Y ejemplo de ello fueron los escollos que hubo a finales de noviembre para aprobar el último semáforo COVID, al que no van asociadas limitaciones, y que revelan el complicado equilibrio entre los criterios epidemiológicos, políticos, económicos y sociales, sin olvidar que cada vez la población está más exhausta.
“En el ideal querríamos cortar todas las cadenas de transmisión, pero hay que pensar también en los impactos sociales y eso debe asentarse en una realidad. Tendremos que ver qué efecto hospitalario termina teniendo esta ola”, apunta Gullón, consciente del escenario de incertidumbre en el que está inmersa España.
Una de las medidas que se han tomado precisamente teniendo en cuenta las consecuencias sociales, y económicas, ha sido la reducción de los aislamientos de los contagiados a siete días, en base a una evidencia científica aún limitada. También fue esta la lógica de la eliminación de las cuarentenas para contactos vacunados: “Si estamos en 70.000 contagios diarios y cada positivo genera cinco contactos estrechos, en diez días tienes a 3,5 millones de personas aisladas. Nos quedaríamos enseguida sin fuerza de trabajo en algunos sectores esenciales”, esgrimía Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid.
La epidemióloga Anna Llupià considera que “existe mucha confusión y no se ha comunicado bien”. “No se habla claramente, no se dice que el Estado ha asumido esto por temas de productividad y se hacen recomendaciones en base a los periodos en los que se puede seguir contagiando”, cree la experta, que pone otro ejemplo: “Al mismo tiempo que se reducen cuarentenas, hay un toque de queda en Catalunya. Es muy poco proporcional”.
Llupià es de las voces que piensa que, a pesar del desbordamiento del sistema, aún hay posibilidad de “repensar el rastreo y mejorar los sistemas de vigilancia” para evitar que lo que algunos llaman la convivencia con el virus acabe siendo “una normalización del daño”. “Es como si estuviéramos aceptando que todo esto nos lo podemos permitir, y eso me parece poco ambicioso”. Para Gullón la reflexión pasa por el planteamiento de si “nos seguirá interesando detectar al 100% de los casos y hacer vigilancia intensiva o pasaremos a una fase distinta”. Y eso, asegura, dependerá de “qué impacto poblacional puede tener no cortar toda la transmisión”. Un debate, dice, “nada sencillo” y que, de darse, insiste, deberá ser una vez pase el pico de la sexta ola.