El aumento del precio de la vivienda y los alquileres, cuando no va de la mano del de los ingresos, está relacionado con un empeoramiento de la salud, más muertes que se pueden prevenir y un incremento de la tasa de suicidios. Es una realidad ante la que clamaba la evidencia social, pero que ahora se recoge en un nuevo estudio publicado en la revista Journal of Epidemiology & Community Health, a raíz de una investigación en la que los autores recogen datos de 27 países de la OCDE, entre ellos España, de los años 2000 a 2017.
El estudio, titulado ‘The association between housing cost burden and avoidable mortality in wealthy countries: cross-national analysis of social and housing policies, 2000-2017’, es observacional y se basa en los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Aunque sus autores apuntan que sus hallazgos “sugieren que el aumento del precio de la vivienda puede estar relacionado con la salud de la población”, los resultados de su análisis indican que “el aumento del precio de la vivienda está asociado significativamente con la mortalidad evitable, tratable y los suicidios” durante los años posteriores a la crisis financiera de 2008.
“Hay investigaciones y realidades sociales que corroboran que peores situaciones sociales provocan peores situaciones de salud física, mental y social”, señala el doctor en Piscología y presidente de la Fundación Psicólogos Sin Fronteras, Guillermo Fouce. Este análisis viene a arrojar luz a un contexto sobre el que también se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud (OMS), que apunta a la vivienda como uno de los determinantes sociales de la salud, y otros estudios publicados a lo largo de las dos últimas décadas.
La investigación arroja un resultado general sobre los países de la OCDE y establece ciertos parámetros que mitigan esta relación. En concreto son tres: que los países tengan un parque de vivienda social suficiente, por encima del 10% del total; que cuenten con regulaciones que controlen el precio de los alquileres; o que inviertan en gasto social, principalmente en pensiones y prestaciones por desempleo. El parque de vivienda social en España apenas supera el 1%.
“Demostramos que el gasto social en pensiones y prestaciones por desempleo se asocia significativamente con tasas de mortalidad más bajas. Este hallazgo se alinea con los estudios existentes que muestran que el gasto social protege a los hogares con dificultades económicas”, señalan los autores, liderados por Gum-Ryeong Park, de la Universidad de McMaster, en Ontario, Canadá.
Parece una obviedad, pero establecer una relación entre el aumento del coste de la vida y unas peores condiciones de salud suele ser una tarea complicada. “Para no pensar solo en sobrevivir, tengo que tener unos derechos mínimos garantizados, como una vivienda”, explica Fouces.
“Si no tengo eso, toda mi vida va a girar en torno a sobrevivir y eso deja fuera la salud. Aunque se haya querido trasladar lo contrario, entre comer bien y pagar el alquiler, la gente elige pagar el alquiler. Entre tomar una medicación y pagar el alquiler, la gente elige pagar el alquiler. Son gotas que van cayendo y deteriorando mi situación, cuyos efectos no son inmediatos, pero que me hace entrar en una espiral de la que es muy difícil salir”, advierte.
Aquellos países con un mayor coste de vivienda por renta tienen mayor mortalidad, suicidios y mortalidad prematura. Sin embargo, el gasto social de los países y las medidas de control de la vivienda conseguían atenuar esta asociación
“El estudio amplía el conocimiento que había sobre los riesgos para la salud que supone un coste alto de la vivienda. Encuentran que aquellos países con un mayor coste de vivienda por renta tienen mayor mortalidad, suicidios y mortalidad prematura. Sin embargo, el gasto social de los países y las medidas de control de la vivienda conseguían atenuar esta asociación, de forma que un mayor gasto social o mejores políticas de vivienda consiguen eliminar parte de los efectos en salud del precio de la vivienda. La principal limitación del estudio es no poder estudiar en qué personas hay mayor mortalidad por el precio de la vivienda o quiénes se ven beneficiadas por los programas sociales”, indica el epidemiólogo social y médico especialista en medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Alcalá Pedro Gullón a SMC España.
La realidad muestra muchas veces el lado más duro de las investigaciones. Pese a que el deterioro de la salud es paulatino, un suicidio a las puertas de un desahucio es más evidente. La imagen se ha repetido más de una vez desde la crisis financiera de 2008, hasta nuestros días. En noviembre de 2010, un vecino de L'Hospitalet se quitó la vida tras se desalojado de su piso. En 2013, un matrimonio de ancianos se suicidó antes de quedarse sin casa en Mallorca. En 2018, otros hombre respondía a la llamada de la comitiva judicial lanzándose al vacío en Cornellá. En junio de 2021, un vecino de Barcelona se suicidó después de que el juzgado desestimase el informe de vulnerabilidad de los servicios sociales. Lo mismo ocurrió en mayo de 2022. Unos días después, otras dos hermanas de 70 y 79 años se quitaban la vida en Cantabria por el mismo motivo.
"El gasto social en pensiones y prestaciones por desempleo se asocia significativamente con tasas de mortalidad más bajas. Este hallazgo se alinea con los estudios que muestran que el gasto social protege a los hogares con dificultades económicas"
“Alertábamos de suicidios encubiertos”
Fouces, que desde Psicólogos Sin Fronteras ha trabajado con personas en situación de vulnerabilidad o que se enfrentan a la pérdida de sus hogares, explica que en los primero años del movimiento por el derecho a la vivienda no se hablaba de suicidios. “Alertábamos de suicidios encubiertos o de los que no se hablaba ligados a situaciones de vulnerabilidad, lo que generaba una invisibilidad del sufrimiento, de la pobreza y de una tremenda injusticia”.
En un informe titulado 'Emergència habitacional, pobresa energètica i salud', sobre la inseguridad residencial de Barcelona entre 2017 y 2020, la PAH, el Observatori DESC y la Agència de Salut Pública ya alertaban de “la evidencia científica” que demuestra que “la vivienda puede afectar a la salud física y mental de las personas”. En concreto, establecían cuatro ejes. La asequibilidad económica, la seguridad de poder abordar el pago del alquiler o la hipoteca, las condiciones de habitabilidad y el entorno en el que se ubica.
El nuevo trabajo no analiza las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ni el aumento de los precios a costa de la inflación que se viene produciendo desde el último año. Unas situaciones que en España se han tratado de atajar en lo referente a los alquileres con moratorias en lo peor de la pandemia y con una limitación de las subidas de las rentas para las renovaciones del 2%, en lugar del IPC. No obstante, llega con la nueva ley de Vivienda atascada en el Congreso. Precisamente, los límites a los precios del alquiler que reclama Unidas Podemos es uno de los principales puntos de discrepancia sobre la norma que ha pasado ya por el Consejo de Ministros y que el Gobierno pretende aprobar antes de que acabe el año. En algunas ciudades de países europeos como Francia, Alemania o Suecia ya están en marcha medidas similares.