El Parlamento Europeo rechaza los toros. La mayoría de la Cámara (con 335 votos a favor, 297 en contra y 60 abstenciones) votó este miércoles en contra de que la Política Agraria Común subvencione “las cabezas de ganado cuyo destino final sea la venta para actividades relacionadas con la tauromaquia, ya sean vendidas directamente o a través de intermediarios”.
La PAC ha sido una de las vías por la que el dinero de la UE ha sustentado, de forma indirecta, la tauromaquia, con financiación a los ganaderos de toros de lidia. Las ayudas europeas no han estado distinguiendo la actividad agrícola a la que se destinaban los fondos, sino que “se han estado concediendo en función de la superficie de tierra, sin tener en cuenta a qué se dedicaba esa tierra”, cuentan los Verdes en el Parlamento Europeo. En efecto, la UE no apoya ninguna actividad taurina, pero las ayudas de la PAC se conceden a los productores en función de la superficie de tierra o por el mantemiento y cuidado de los terrenos en buenas condiciones agrícolas y medioambientales, independientemente de si se dedican o no al toro de lidia.
La enmienda, apoyada por verdes –CeC y ERC–, socialistas, parte de los liberales –el PNV explica que se ha abstenido en las enmiendas relacionadas con la tauromaquia–, la Izquierda Unitaria –Podemos, IU, EH Bildu– y parte de los no inscritos –como JxC– aprobada este miércoles a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que entrará en vigor en 2023, no obstante, corre el riesgo de quedarse en papel mojado como ocurrió hace cinco años tras la negociación que afrontará el Parlamento Europeo con el Consejo y la Comisión Europea para cerrar el texto definitivo de la reforma.
En contra han votado los eurodiputados de PP, Vox, Ciudadanos y los socialistas Clara Aguilera y Nacho Sánchez Amor.
“La enmienda aprobada deja claro que el Parlamento Europeo no apoya la tauromaquia y no quiere financiar ninguna actividad de cría que tengan relación directa o indirecta con las corridas de toros”, afirma el coportavoz de Equo Florent Marcellesi: “Ahora estaremos plenamente movilizados para que se mantenga en las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo esta victoria parlamentaria. La aplastante mayoría de la ciudadanía española y europea rechaza la tauromaquia. Es hora de alinear la legislación con esta realidad social y política. En coherencia con su apuesta por el bienestar animal, llamamos el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos a respaldar plenamente esta propuesta en el Consejo Europeo [la reunión de los 27 gobiernos de la UE]”.
No obstante, la ayuda a la renta de agricultores y ganaderos aglutina la mayor parte de los pagos directos de la PAC y se concede independientemente del tipo de actividad que desarrolle el productor, por lo que los ganaderos de lidia seguirían teniendo acceso si la reciben por otro tipo de actividades, informa Europa Press.
Hace justo cinco años, en la anterior negociación de la PAC, la Eurocámara también votó en contra de financiar la tauromaquia. Marcellesi calculaba entonces que las subvenciones a la tauromaquia ascendían “a unos 130 millones de euros anuales. Unos 200 ganaderos –de los 1.400 de la Unión de Ganaderos de Toros de Lidia– han recibido ayudas”.
Entonces, la enmienda fijaba que no se financiaran prácticas “que impliquen la muerte del toro” porque supondría “una clara violación del convenio europeo de protección de los animales en explotaciones ganaderas”.
El Parlamento Europeo se encuentra esta semana debatiendo su posición con respecto a la Política Agraria Común, cuyo documento definitivo será aprobado este viernes.
Este martes, el Consejo (los 27 gobiernos) aprobaron la suya después de 42 horas de discusión marcadas por los ecoesquemas. De acuerdo con lo pactado por lo ministros de Agricultura de la UE, el 60% de los pagos directos estarían destinados a la renta básica para la sostenibilidad de los productores y un 20% esté reservado para los nuevos ecoesquemas, el mayor obstáculo en las negociaciones.
Los ecoesquemas es un nuevo pago que los países tendrán que ofrecer de manera obligatoria a los productores, aunque éstos podrán decidir voluntariamente si se acogen a ellos o no. Es decir, se trata de unos requisitos verdes adicionales pero opcionales que van más allá de la condicionalidad obligatoria.