La ley de eutanasia que no llega y que hubiera amparado a Ángel, detenido por ayudar a morir a su mujer enferma
21 años después de que Ramón Sampedro marcase el debate en España, un matrimonio madrileño, María José Carrasco y Ángel Hernández, ha vuelto a grabar en vídeo un suicidio asistido. María José, de 61 años, estaba enferma de esclerosis múltiple desde 1989 y considerada Gran Dependiente, el grado máximo, desde 2009. Ya no podía ni alimentarse por sí misma y había manifestado en varios medios su deseo de morir “cuanto antes”.
La pareja difería con Sampedro en que nunca buscaron ocultar con ayuda de quién ella iba a lograr poner fin a la vida: a falta de una regulación que les permitiese una alternativa sanitaria, solo podía ser Ángel, de 69 años, quien le asistiera.
Lo hizo el miércoles, acercándole una pajita con la dosis precisa de Pentobarbital Sódico. Se trata de una sustancia que en cinco minutos produce un coma y en 30 una parada cardíaca. La utilizan los médicos en países donde la eutanasia está legislada, como Suiza o Bélgica. En octubre, María José había declarado en una entrevista conjunta en El País que tenía miedo de las consecuencias penales que pudiera sufrir su marido, quien la había cuidado durante todo ese tiempo ya que nunca les dieron plaza en una residencia, si llevaban a cabo el proceso.
Efectivamente, sin Ley de eutanasia que le amparara y con esa autoinculpación, Ángel se convirtió en el primer detenido es España por un suicidio asistido. Le detuvo una brigada de homicidios el mismo miércoles, justo después de llamar a emergencias informando del fallecimiento de su esposa. Tras pasar más de un día entero en comisaría, a última hora del jueves ha quedado en libertad con cargos, con una imputación inicial de cooperación al suicidio.
Los dos afirmaban estar esperando a que el Congreso tramitara la ley que estaba en proceso para hacerlo, pero, se temían, “seguro que habrá alguna iniciativa de la oposición y se retrasa”. Estaban muy informados y no se equivocaban: la proposición de ley para modificar el Código Penal y proteger a quien facilite la eutanasia o el suicidio asistido que registró el PSOE en mayo de 2018 se quedó en papel mojado con el fin de la legislatura, y a día de hoy está caducada. La situación de la pareja, sin embargo, no podía alargarse más.
Casado: “Innecesaria e injusta”
La primera zancadilla para retrasar la norma se produjo en octubre de 2018, apenas unos días después de que María José y Ángel concedieran aquella entrevista. El PP presentó entonces una enmienda a la totalidad, con un texto alternativo que no reconocía el derecho a morir sino que se limitaba a reforzar los cuidados paliativos. El pleno del Congreso la rechazó, por lo que la tramitación continuó. En esas fechas, Pablo Casado llegó a decir que “este problema no existe en España”. También a definir la ley de eutanasia de los socialistas como “innecesaria e injusta”.
Tanto PSOE como Podemos, tras la muerte de María José, han arremetido contra PP y contra Ciudadanos. “Ellos son los responsables de que una ley que es necesaria y cuenta con un apoyo mayoritario en la sociedad española no haya salido adelante”, ha criticado Jesús María Fernández, diputado del PSOE que la impulsó. En Cs se han mostrado favorables a la eutanasia y no respaldaban la enmienda a la totalidad de los populares, pero condicionaban su apoyo a la norma a que se aprobase antes su Ley de Muerte Digna, centrada también en los cuidados paliativos.
La de Muerte Digna se aprobó en diciembre. La iniciativa del PSOE sobre eutanasia estuvo en fase de toma en consideración hasta el 5 de marzo de 2019, momento en el que se disolvieron las Cortes. No era la primera vez que pasaba por el Parlamento un texto similar, ni siquiera durante esta legislatura: el PSOE registró su proposición después de haberse abstenido en dos iniciativas similares de Unidos Podemos un año antes, en 2017. El PSOE de la gestora lo hizo argumentando, como Cs, que era urgente regular antes la muerte digna y “separar” los dos conceptos.
PSOE y Cs, junto al PP, impidieron ese año también una enmienda de Unidos Podemos para reformar el artículo del Código Penal (CP) que hace referencia al suicidio asistido y a la eutanasia. El tema llegó incluso una cuarta vez al Congreso, también en mayo de 2018, cuando se debatió otra reforma del CP prodecente del Parlament de Catalunya. En anteriores legislaturas, José Luis Rodríguez Zapatero se había mostrado abierto a abrir el debate, pero nunca llegó a promover una ley.
Fernando Marín, vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente, asociación con la que Ángel y María José llevaban asesorándose 5 años, ha expresado en una rueda de prensa las “decepciones” constantes que se han llevado con el PSOE. Con esta última iniciativa tuvieron esperanzas de que se pudiese efectuar por fin de manera “inmediata”, pero las nuevas elecciones y los plazos de tramitación hacen que, mínimo, “tengamos que volver a esperar dos años”. Mientras, se preguntan, “¿cuántas María Josés hay en España?”.
Exposición a penas de cárcel
Ayudar a morir dignamente a un ser querido o paciente todavía puede acarrear penas de cárcel en España. Tanto la eutanasia –poner fin a la vida del enfermo– como el suicidio asistido –facilitar la ayuda técnica necesaria– se encuentran dentro de lo dispuesto en el artículo 143.4 del Código Penal, en el apartado referido al homicidio. Era el que en las distintas iniciativas se pretendía reformar.
Desde Derecho a Morir Dignamente han explicado que el destino de Ángel depende de que se le aplique el 143.4 o el 143.2. Si se aplicase el artículo 143.2, sobre cooperación con el suicidio, Ángel se expondría a penas de 2 a 6 años de prisión. El 143.4 contempla el atenuante de que esa inducción se produjese “por petición expresa” si se sufre “enfermedad grave”, y si se tiene en cuenta puede hacer que la pena se le reduzca a entre 6 meses y 2 años menos un día –por lo que no entraría en prisión–, algo en lo que confían desde la Asociación ya que la voluntad de María José está de sobra probada gracias a las grabaciones.
Derecho a Morir Dignamente han añadido la “vergüenza” de que el Pentobarbital solo se pueda conseguir por internet en el mercado negro, “arriesgándote, encima, a una falta o a que te estafen”. Les ha sorprendido “que haya ido una brigada a por Ángel” y le hayan sacado de su casa “esposado”, aunque entienden que ha formado parte del protocolo policial.
84% de españoles a favor
En marzo de 2017, una encuesta de Metroscopia concluía que hasta el 84% de los españoles estaban de acuerdo con que los médicos suministrasen alguna sustancia que “conduzca al fin de la vida” en casos de “enfermos incurables” que lo pidan. En Derecho a Morir Dignamente manejan esos datos a falta de un nuevo CIS, que no lo pregunta desde 2009.
La sociedad española, creen, “ya es suficientemente madura” para aceptar la eutanasia y “adaptarse a los tiempos, como se hizo con la interrupción voluntaria del embarazo”. No pone en peligro a nadie vulnerable, defienden, “porque no hay personas más vulnerables que quien está en esa situación, como María José”.
En los años que han pasado entre el vídeo de Ramón Sampedro y el de María José Carrasco y Ángel Hernández ha habido muchos más casos: el último mediático había sido el de Maribel Tellaetxe, enferma de Alzhéimer fallecida este pasado mes de marzo tras una recogida de firmas de sus hijos pidiendo que se le aplicase la eutanasia.
También han sucedido otras acusaciones, como la de Esperanza Aguirre contra el doctor Luis Montes, ya fallecido, por supuestas sedaciones irregulares, que la Justicia archivó. Montes presidía Derecho a Morir Dignamente y fue la persona a la que acudieron Ángel y María José hace 5 años, cuando se pusieron en contacto con la asociación. Actualmente su web la abre una foto de Sampedro a la que acompaña una frase: “Veinte años después de su muerte, todo sigue igual”.
