Todo a la vez no puede ser. Los exámenes del primer cuatrimestre del curso han llevado a una encrucijada a la Universidad y provocado un choque estudiantes-administración que estaba garantizado.
Por un lado, los alumnos llevan semanas protestando porque, aunque hay excepciones, con carácter general les hayan convocado para realizar las pruebas de manera presencial en medio de la tercera ola de la pandemia, en pleno enero cuando la ventilación es innegociable y pese a que en muchos casos ni siquiera están acudiendo físicamente a clase. Por otro, los profesores entienden las quejas, pero señalan la dificultad de controlar que los estudiantes no copien, la importancia que tiene en la Universidad acreditar los conocimientos con nombres y apellidos, y añaden las limitaciones puramente académicas que conllevan los exámenes a distancia.
Las soluciones han variado entre las diferentes comunidades autónomas, siempre teniendo en cuenta que la autoridad de los rectores es máxima e incluso que los profesores tienen mucho que decir con sus asignaturas. En Madrid, las seis universidades públicas defendieron la necesidad de realizar los exámenes de manera presencial aludiendo a “los estrictos protocolos establecidos” para ello. Abrigo doble y a echar líneas.
Otro caso distinto es Andalucía, que optó por dar libertad a sus centros y estos cedieron ante los estudiantes y convinieron hacerlos a distancia –aunque no todas, y ya muchas pruebas se han hecho de manera presencial–. La nota discordante la ha puesto el nuevo rector de la Universidad de Sevilla, que se ha mantenido firme en la presencialidad, lo que de hecho le ha costado el reproche de la madre de un estudiante que es gerente del Hospital Virgen de Valme, al límite de pacientes con COVID: “No se entiende que se examine presencialmente a nuestros hijos en la Universidad de Sevilla (US), señor rector. Debería reconsiderar su postura”. En Canarias, que también ha dado libertad a sus dos centros públicos, cada uno ha optado por un modelo: La Laguna hará todo online, Las Palmas, a medias.
¿Posturas irreconciliables?
Las dos partes tienen sus argumentos y parece difícil conciliar ambas posturas. Las universidades que han optado por lo presencial sostienen que los protocolos aseguran que los campus son lugares seguros desde el punto de vista sanitario. Los estudiantes insisten en señalar que la incidencia de la COVID está disparada (la Incidencia Acumulada a 14 días está en 888 casos por 100.000 habitantes) y añaden al examen en sí todo lo que hay alrededor: “Es toda la casuística: el transporte para llegar hasta la universidad, los espacios comunes, aglomeraciones en las puertas del aula...”, explica Laura Alcaide, vicesecretaria de la Comisión Permanente de la organización estudiantil CEUNE. En la Comunidad de Madrid, la franja de edad entre 15 y 24 años es la que presenta una IA más alta con 1.200 casos por 100.000 habitantes.
También el frío. Esta semana las temperaturas han remontado ligeramente, pero en algunas comunidades estuvieron la semana pasada haciendo pruebas con temperaturas por debajo de los diez grados (la mínima que marca la ley para dar clase son 17º). Un caso extremo, pero no por ello menos real, es el de María, una estudiante de la Universidad de Granada (UGR) que tuvo que realizar un examen con dos grados y las ventanas abiertas, que le dejó una hipotermia diagnosticada. Las principales asociaciones de estudiantes universitarios han solicitado, con resultado desigual, que los exámenes se hagan a distancia.
La administración ve un problema fundamental en esta modalidad: que los estudiantes copien o que los profesores, de manera más o menos consciente, rebajen el nivel de exigencia para compensar la situación excepcional. “La Universidad tiene el monopolio en la generación de certificados del conocimiento”, explica José Saturnino Martínez, director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE). “Parte del trabajo que tiene la Universidad es ser capaz de acreditar que la persona sabe lo que dice el título que sabe”, añade. “Y mi sensación personal es que el año pasado fue un coladero”, sostiene en alusión al pasado curso, que en plena primera ola de la pandemia se cerró con exámenes a distancia.
Y así es más difícil asegurar que no se copie, coinciden los profesores universitarios consultados. Sin entrar a valorar la situación por la pandemia, Manuel Ortega Cantero, profesor de Lenguaje y Sistemas Informáticos en la Universidad de Castilla-La Mancha y responsable de Universidad e Investigación de la FESP-UGT, explica que entiende a los responsables universitarios. “El año pasado muchos estudiantes seguramente aprobaron por el modelo online que se utilizó y los responsables han pensado que era mejor hacerlo de manera tradicional”, elabora.
En su caso, pone como ejemplo, “en el primer curso rara vez aprueba más del 45% del estudiantado. Pero el año pasado, mientras en el primer cuatrimestre [antes de la pandemia] suspendieron los habituales, en el 2º [con exámenes a distancia] suspendieron cuatro”. Y no fue, asegura, porque él rebajara el nivel, aunque inevitablemente no pudo hacer un examen igual de complejo que otros años.
Con el móvil apuntando al teclado
Para evitar los fraudes, los profesores están optando principalmente por dos vías: la videovigilancia a través de las webcam y/o los móviles de los estudiantes (en ocasiones ambas a la vez) y adaptar los exámenes a la modalidad a distancia. “El tipo de examen se cambia. Hay que ser cuidadoso con el tiempo que das a los estudiantes, que tiene que ajustarse para que no haya posibilidad de búsqueda de información, y por otra parte buscamos preguntas con enunciados claros y fácilmente identificables”, explica Encina González, profesora en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
En algunas universidades, como la CEU Cardenal Herrera, utilizan programas ad hoc. Una portavoz de este centro explica que la plataforma que usan para la docencia, Blackboard Collaborate Ultra, incorpora el programa LockDown Browser, que como su nombre indica es un navegador incompatible con otros navegadores (para evitar que consulten en internet). También incluye una herramienta que utiliza la cámara web de los estudiantes para registrar su actividad durante la sesión.
El uso de las cámaras web es controvertido, acepta José Saturnino Martínez, de la ACCUEE. “Hubo un debate sobre hasta qué punto se pueden aplicar métodos de videovigilancia. En las privadas se está haciendo, en las públicas se está debatiendo mucho”, explica. Él, profesor universitario ahora en excedencia, lo vivió el pasado trimestre en el aula, cuando su universidad, La Laguna, mandó una circular expresamente diciendo que no se podía hacer videovigilancia. “Eso dejaba poco margen para controlar la prueba”, cuenta.
La videovigilancia tampoco acaba de convencer a los estudiantes, que lo sienten como una intromisión en su intimidad. Hay profesores que exigen el uso tanto de la webcam como del móvil, en simultáneo y con diferentes ángulos, para cubrir el mayor espacio posible (“indudablemente vamos a solicitar que los alumnos tengan el móvil puesto en un ángulo para que se pueda ver el teclado del ordenador”, explica la profesora González). También denuncian los alumnos que el ajuste de los tiempos para dificultar las copias “no deja margen para contestar las preguntas”, en palabras de Hada Martínez, de la Universidad de Granada.
Otro problema que plantean los exámenes online es el que causa la brecha digital. Aunque muchas universidades han hecho un esfuerzo por dotar de equipos a los estudiantes más vulnerables, no han llegado a todos. “Tenemos estudiantes sin internet o sin un ordenador”, admite José Saturnino Martínez. “En concreto, en la Facultad de Educación hay gente bordeando la exclusión social”.
“Es un debate antipático”
El estudiantado apuesta por la evaluación continua para esquivar los exámenes, o al menos rebajar su importancia. “Ya lo hicimos al inicio del cuatrimestre para evitar estas situaciones”, recuerda Alcaide, que lamenta que “hay grados y asignaturas en los que los exámenes llegan a tener un 70% del peso”.
La evaluación continua, a través de trabajos, pequeñas pruebas o las intervenciones en clase, era una de las apuestas del espacio europeo de educación superior, el plan Bolonia, pero nunca llegó a implantarse del todo. Hay varios motivos por lo que esto ha sido así, pero entre ellos uno fundamental, explica José Saturnino Martínez: “El estudiante tiene derecho a un examen final. Hay una contradicción en la normativa. Por un lado, te dicen que tienes que hacer evaluación continua; por otro, tienes que hacer examen final. Acaba sucediendo que hay una barrera difusa entre una y otra. Muchos profesores lo que hacen es permitir pequeños exámenes que van sumando notas y, si no llegas, el examen final. Siempre hay que garantizar un examen final que permita superar la materia”.
Los profesores admiten que toda esta situación está siendo un “aprendizaje continuo de todos” y que tiene mala solución, porque algo hay que sacrificar, sea cual sea la elegida. Por si hiciera falta, recuerdan que ellos también tienen que acudir a los campus a hacer los exámenes y meterse en las mismas aulas. Les desagrada el debate, aunque entienden que sea necesario. Pero, como resume Martínez, de la agencia canaria de calidad, es “antipático” plantear estos problemas porque “la misión de la Universidad es formar gente, no ser policías”.