La historia parece repetirse: una parte del sistema de salud tensionado a tal punto que no puede cumplir sus funciones. La Generalitat de Catalunya ha comunicado que la Atención Primaria está colapsada y pide a contactos de positivos para SARS-CoV-2 que no acudan a centros de salud si no tienen síntomas graves, que simplemente se autoconfinen. En esa comunidad hay más de 2.000 casos por cada 100.000 menores de 30, es decir, 1 de cada 50 se ha infectado en los últimos 14 días. La mayoría de ellos no ha podido vacunarse todavía, razón principal de este crecimiento, según el Ministerio de Sanidad. Los jóvenes no suelen desarrollar la enfermedad de forma grave, pero quien asume su atención es Primaria; y quien se encarga del rastreo de contactos, Salud Pública. Los efectivos de ambos niveles de la sanidad llevan trabajando sin tregua desde enero de 2020. Y llevan además meses involucrados en la campaña de vacunación.
La sobrecarga llega además en plena temporada veraniega, desde siempre un bache de recursos en una Atención Primaria que no suele ser reforzada estos meses pese al recorte de recursos que suponen las vacaciones de sus trabajadores. Solo algunas comunidades, como la Valenciana y Canarias, previeron con tiempo, en junio, la incorporación de personal. El sindicato SATSE denuncia que de media solo se cubren entre el 30 y el 40% de los profesionales de enfermería de todo el sistema; esto es, de cada 100 enfermeras que se van de vacaciones en julio y agosto, solo se incorporan 40.
Catalunya lidera la tasa de incidencia, pero otras comunidades temen que sea solo la avanzadilla y pronto les toque a ellas tomar decisiones similares a la de que los contactos estrechos no acudan a los centros. Por eso, la Comunitat Valenciana, que de las tasas de 50 casos por 100.000 habitantes de hace pocas semanas ha saltado a los 250, ha pedido a la Justicia volver a autorizar el toque de queda. También lo planteó este miércoles, entre otra batería de medidas, la consejera de Salud de Castilla y León, Verónica Casado, a la ministra Carolina Darias y a sus homólogos en el Consejo Interterritorial. “El toque de queda no está sobre la mesa”, zanjó Darias. El presidente Pedro Sánchez también negó rotundamente esa posibilidad desde Lituania. La vía más fácil para imponerlo sin problemas judiciales es un estado de alarma, difícil de justificar con más de un 50% de la población con una dosis, explican fuentes sanitarias. En el Ministerio tampoco se posicionan sobre el ocio nocturno, cuya reapertura se permitió el junio pasado y algo a lo que muchos expertos vinculan este repunte, sobre todo tras el macrobrote de Mallorca que involucró a unas 5.000 personas. Respetan a comunidades que lo han cerrado, como Catalunya, pero no coordinan ninguna acción en este sentido.
El Gobierno espera que con reforzar los rastreos sea suficiente para frenar esta ya calificada como quinta ola. Para ello han cedido a las comunidades cinco millones de test para cribados y a los rastreadores del Ejército, que no son un número concreto sino que Defensa pondrá a disposición los que hagan falta, comentan fuentes de Sanidad.
También esperan que frene la escalada de casos un acelerón en la vacunación, pero en el Ministerio no se atreven a vaticinar cuándo podrá estar controlada la situación. Sí quieren impulsar la vacunación entre los jóvenes, ante el miedo a que por sentirse menos vulnerables no tengan una respuesta tan buena como la que han tenido sus padres y abuelos, y por eso están preparando una campaña dirigida en exclusiva a ellos, seguramente con figuras de referencia para esas generaciones. El mensaje tiene que ser empático pero también tienen que hacerles llegar los riesgos, indican desde Sanidad.
El primer objetivo de todas las medidas restrictivas de la pandemia ha sido liberar la saturación hospitalaria. Durante la primera, segunda y tercera ola los hospitales llegaron a tener ocupaciones COVID en las UCI muy por encima de lo razonable (en la primera más del 100% en algunas zonas solo para esa enfermedad; en la tercera cerca del 50%, contando las nuevas infraestructuras incorporadas).
Ese no es el problema ahora. De media están ocupadas algo menos del 25% de las camas convencionales por pacientes con coronavirus. Los grupos vulnerables están protegidos por la vacuna (el 100% de los mayores de 70 con pauta completa) y gracias a eso se ha conseguido bajar con contundencia el porcentaje de personas en cuidados intensivos. La tasa de hospitalizaciones sí aumenta algo con esta subida. En Catalunya ya advertían a principios de semana que se empezaba a notar un repunte en los ingresos.
Algunas personas vacunadas sin la pauta completa o que por las limitaciones de eficacia de los fármacos no han desarrollado inmunidad –Pfizer tiene una de las eficacias más altas y esto le ocurre aproximadamente a un 10% de quienes la reciben– puede enfermar de gravedad. Además, son tantos los jóvenes contagiados que, aunque proporcionalmente sigan siendo minoría, numéricamente van siendo más los graves. En un mes, la media de edad de los pacientes COVID en los hospitales españoles ha bajado de 51 años a 48, según datos de Sanidad, que calcula que es posible que esa cifra “siga bajando, pero poco”. La media en UCI sigue estable, entre los 50 y los 52 años.
“La película ahora es completamente diferente porque tenemos vacunas, la letalidad sin vacunas no sería como es, estaríamos como hace meses”, dice Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y asesor técnico del Ministerio. Pero “el hecho de tener tantos casos no es bueno: porque el virus sigue circulando y, sin una imagen tan tremenda como antes, sí hay más personas en UCI; y también por la Atención Primaria. Estamos acostumbrados a hablar del sistema sanitario como si solo fuera el ámbito hospitalario, y no”. El problema es, por tanto, el que están viviendo en Catalunya y también en otras comunidades como Cantabria, que anticipan lo que puede ocurrir en otros territorios donde los contagios siguen multiplicándose: el colapso de la Atención Primaria y de Salud Pública. Que no haya efectivos suficientes en Atención Primaria causa, además de estrés para sanitarios, que la asistencia a dolencias menores se posponga y la situación de los pacientes devenga en más grave.
“Yo también quiero que esté todo el mundo inmunizado plenamente, pero todavía no estamos en esa fase”, explicaba Adrián Aginagalde, director del Observatorio de Salud Pública de Cantabria y coordinador en muchas labores de rastreo. “Hay una alerta autonómica difícil de gestionar. La gente no fallece, pero esto está generando muchos problemas”. Todo ha llegado con “una percepción pública general de que la cosa estaba encauzada y de que no importaba tanto que alguien [los jóvenes] se infectara porque iba a tener un pronóstico favorable y no iba a contagiar a nadie”, analiza Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. Ha sido difícil, partiendo de ahí, explicar a la ciudadanía que sí es un problema que los jóvenes se contagien.
Varias comunidades autónomas ya han comenzado con las autocitas para menores de 30 años y casi todos lo han hecho con los de 40, así que la confianza del Gobierno es que la situación se encauce en unas semanas. Hay un tercer vector de la problemática: varios países, entre ellos Francia y Reino Unido, nos mantienen en su lista de países poco seguros por las tasas de COVID, y eso puede tener consecuencias nefastas para la temporada turística. Además del refuerzo de la campaña de vacunación y de Atención Primaria y Salud Pública, expertos como Pedro Gullón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, planteaban “restringir el ocio nocturno o, si no se puede del todo, quizá algunas horas o al menos los interiores”. “En los lugares con más incidencia no se debería acelerar la desescalada de este tipo de ocio, pero sí se pueden fomentar actividades más seguras al aire libre, ya que es verano”, como los festivales, que sí siguen permitidos en Catalunya.
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