El padre que mató a su hijo de once años en Sueca (Valencia) había sido condenado por violencia de género, pero solo un mes después otro juzgado le otorgó la custodia compartida. El pasado mes de agosto, la mujer le denunció y tras la celebración de un juicio rápido, el juzgado con competencias en violencia sobre la mujer de la localidad le condenó por un delito de malos tratos y suspendió las visitas con respecto a su hijo. Sin embargo, eso no impidió que otro procedimiento civil paralelo, ratificado por ambos cónyuges un mes después, fijara todo lo contrario: un régimen de custodia compartida. Nadie ni nada alertó a este juzgado de que sobre el agresor pesaba una sentencia firme por violencia machista.
“No nos puede volver a pasar. Si el juez o el fiscal de lo civil hubieran sabido que existía esa condena, no hubieran tramitado nunca este procedimiento”, expresa la fiscal delegada de violencia sobre las mujeres de Valencia, Rosa Guiralt, que reclama un cambio en el sistema para que el cruce de información entre juzgados sea automático. El menor es la primera víctima en lo que va de año de violencia vicaria, la que ejercen los agresores contra los hijos para hacer daño a las mujeres.
Son 47 desde 2013, momento en el que empezaron a contabilizarse oficialmente.
En este caso, había dos procedimientos diferentes entrecruzados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV): ambos cónyuges presentaron de mutuo acuerdo una demanda de divorcio en julio del año pasado que establecía la custodia compartida respecto al menor. Pero el 12 de agosto ella denunció al hombre por violencia de género y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Sueca, con competencias en la materia, le condenó y otorgó una orden de alejamiento y la custodia del menor a la mujer sin visitas en favor del padre, debido a que este tipo de juzgados también dictan medidas civiles.
Un mes más tarde, los dos ratificaron en el juzgado el convenio regulador que habían presentado en julio sin que, según fuentes del TSJCV, informaran de este proceso previo. El procedimiento penal, es decir, la suspensión de las visitas, de hecho, prevalece sobre el civil y el juez que tramitaba la demanda de divorcio, recuerda Guiralt, “debería haberse inhibido en favor del juzgado de violencia sobre la mujer de haber tenido conocimiento de ese proceso”, según establece el artículo 49 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, aunque este mecanismo existe, “no hay un cruce de datos automático” entre juzgados, esgrime Lucía Avilés, magistrada y fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), que lo califica como un “punto ciego del sistema”.
“Se ve cada día”
La portavoz de la familia de la madre, Marta Tur, ha explicado en declaraciones recogidas por la agencia EFE que la familia materna no accedía a cumplir la custodia compartida “porque él no estaba en condiciones de tenerla” y que “debido a que no había precedentes de malos tratos sobre el menor”, le llevaban “por costumbre” los domingos unas horas para que viese a su padre. “Él quería pasar tiempo con su padre, aunque últimamente no iba tan convencido. El domingo, al poco rato de dejarle llamó a su madre para que fuese a recogerle y en el trayecto debió hacer la barbaridad que hizo”, lamenta.
Pero más allá del caso concreto, Avilés, que es titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Mataró (Barcelona), asegura que la incomunicación entre órdenes jurisdiccionales distintos “se ve cada día” y la información queda a expensas de que sean las partes las que la pongan encima de la mesa. Si no lo hacen, como ha ocurrido, no hay coordinación. “Hay que tener en cuenta que el artículo 31 del Convenio de Estambul nos obliga a los operadores jurídicos a que, con independencia de que el procedimiento sea de mutuo acuerdo o contencioso, investiguemos los antecedentes de violencia, pero con el sistema actual, si no lo alegan las partes, difícilmente se podrá tener en cuenta”, explica la jueza.
Que los juzgados estén conectados en forma de “un sistema de alerta o consulta de datos” es “absolutamente imprescindible y muy urgente”, reclama Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de una integración informática “clave” que debería implementar la Administración de Justicia (las comunidades que tienen las competencias transferidas y el Ministerio de Justicia en el caso de las que no) y que, a su juicio, debería amplificarse a “todas las instituciones concernidas” con el objetivo de que “la red de protección a las víctimas y sus hijos e hijas no se rompa por ningún sitio”.
No obstante, las expertas llaman a no reducir los casos a un solo factor. Reclaman analizarlos desde una óptica global y seguir mejorando las herramientas disponibles. “Tenemos instrumentos muy potentes para la protección de los menores en contextos de violencia de género, pero hay que aprovecharlas y utilizarlas”, esgrime Avilés. Destaca entre ellos el protocolo de valoración urgente del riesgo de violencia de género, que solo se pidió en un 4,15% de los casos juzgados en 2019.
“La violencia hacia la madre es siempre hacia los hijos”
Los hijos e hijas de las víctimas de violencia machista son víctimas directas de la violencia que sufren sus madres y así lo considera la legislación. La reciente Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia vetó las visitas para los progenitores que estén siendo investigados por violencia hacia sus cónyuges, una previsión que duplicó la suspensión del régimen de visitas en estos casos en 2021. El objetivo es convertirlo en regla general y que mantenerlas sea algo excepcional solo si el juez motiva la decisión y previa evaluación de la relación paternofilial.
En el caso del asesinato de Sueca, la portavoz de la familia ha explicado que el hombre “no se portaba bien” con su exmujer, “fue violento” con ella y por eso le denunció y ha insistido en que se trata de un caso de violencia vicaria. “Es la peor de las violencias de género, cuando el agresor decide hacer a la madre el peor de los daños, arrancarle la vida de su hijo y condenarla a seguir respirando”, ha añadido.
“No se pueden concebir como compartimentos estancos. La realidad nos muestra que son violencias que se entrecruzan y, de hecho, cuando se termina la relación, la forma de seguir ejerciendo violencia suele ser a través de los hijos, con las visitas y las pensiones de alimentos”, reflexiona Avilés, que pone el foco en que la reciente reforma legislativa “es una manera de desterrar que un maltratador puede ser un buen padre”.
La psicóloga especializada en violencia machista, Bárbara Zorrilla, apunta a que, pese a los avances, aún “desgraciadamente sigue pareciendo como si la violencia hacia los menores sucediera en otra dimensión” diferente a la que sufren las mujeres y recuerda que las víctimas “deben contar con un seguimiento e informarles de que existen una serie de recursos especializados que las atienden gratuitamente”. Algo que es clave en estos procesos, en los que el propio funcionamiento de la violencia puede llevar a la normalización, al miedo o a los sentimientos de culpa: “La violencia genera un daño que hay que visibilizar y reparar porque si soy víctima puedo tener unos elevados índices de dependencia emocional, una errónea concepción del riesgo o concebir que la violencia solo va dirigida a mí, pero no hacia mi hija, cuando sabemos que es un error. La violencia hacia la madre es siempre violencia hacia los hijos”, sostiene la psicóloga.
Desde el Ministerio de Igualdad, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha reiterado en una entrevista en Cadena Ser que “los maltratadores no pueden ser buenos padres” y ha reclamado “pensar que como instituciones hemos llegado tarde y qué podríamos hacer para mejorar, pero en ningún caso escrutar los pasos que hayan dado los miembros de la familia”.