Las familias del colegio Alborada, escuela concertada en Alcalá de Henares (Madrid), recibieron hace unos días una carta. En ella, el director les explicaba: “Como veréis, en estos días hemos mandado al banco el recibo correspondiente al mes de abril. En dicho recibo aparecerá exclusivamente el cargo relativo a las actividades y servicios complementarios (hace referencia a profesores de actividades complementarias, tutores docentes personales, talleres de inglés, orientación, enfermería, parte de los servicios de secretaría y mantenimiento del centro, plataformas digitales y otros gastos que no están financiados por el concierto educativo). El resto de conceptos (comedor, permanencia, ruta, actividades extraescolares, etc.) no se cargarán hasta que volvamos a la actividad presencial habitual”.
Esta misiva parece dar la razón a la FAPA Giner de los Ríos de Madrid, que ha denunciado que muchos centros concertados siguen cobrando las cuotas que pagan las familias a los centros –y cuya legalidad ya está discutida en general– pese a que no hay clases que las justifiquen, según la federación de asociaciones de familias de la escuela pública.
“Varias familias nos han hecho consultas porque les han pasado las cuotas en abril”, afirma Camiló Jené, presidente de la FAPA. “En este estado de alarma, es necesario que los centros privados concertados informen de forma adecuada a las familias en cuanto a la voluntariedad en el pago de estas cuotas, y más aún cuando en este periodo no se recibe ninguno de los servicios a los que dicen acogerse con este pago”, explican desde la FAPA, donde cifran en unos 150 euros al mes la aportación media.
Desde las patronales de centros concertados y privados sostienen que las cuotas son voluntarias, que no se pagan a cambio de servicios específicos sino para complementar el insuficiente módulo del concierto y que en general deben seguir cobrándose si las familias pueden pagarla, según explican desde Cece. También defienden la labor que están realizando las escuelas y que “la mayoría de los centros no ha despedido a nadie”, aunque sí se han hecho ERTE en las áreas donde el teletrabajo no es una opción: la primera etapa de Infantil (0-3 años), el servicio de comedor, las extraescolares o el personal de administración, según el caso.
En medio del debate, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, explicó la semana pasada que la concertada no debe devolver las cuotas, como sí tienen que hacer gimnasios o academias que no están ofreciendo un servicio. “Aunque no se asista a las clases, la actividad lectiva sigue produciéndose online”, explicó el ministro, y especificó que no tienen que devolver las cuotas ni tienen que ofrecer sus servicios por un tiempo extra cuando finalice el estado de alarma.
“Se pueden seguir haciendo en este momento”
“Pedimos desde el primer momento que el ERTE fuera el último recurso”, explica José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, la principal patronal de escuela concertada del país con dos de cada tres centros privados sostenidos con fondos públicos.
Alvira, que lamenta que la FAPA está “obsesionada” con la escuela concertada, explica que el consejo de EC a sus centros es que “como las aportaciones voluntarias no van ligadas a la contraprestación del servicio, se pueden seguir haciendo en este momento”, aunque también es consciente de que “hay familias que pueden haber visto recortados sus ingresos y algunos padres han decidido recortarlas”.
En este caso, el responsable de la patronal recomienda ponerse en contacto con el centro para explicar la situación y buscar una solución de común acuerdo, una idea similar a la que expresaba el director del colegio Alborada en su carta a las familias. Escuelas Católicas no tiene datos de cuántas familias pueden haber dejado de pagar.
La explicación de Alvira descansa en el argumento habitual de la escuela concertada de que el módulo del concierto (el precio que paga el Estado al titular del centro por cada aula concertada) es insuficiente para cubrir costes y que por eso necesitan las cuotas, que son voluntarias (porque están prohibidas por ley, aunque básicamente todas las familias las pagan).
El precio del módulo lo fija el Gobierno, que marcó el último mínimo en 39.350 euros el módulo anual para una clase de Infantil o Primaria, 47.748 euros para una de Secundaria obligatoria y 76.785 euros para una de Bachillerato, según el Real Decreto-ley 24/2018. Sin embargo, cada comunidad autónoma tiene la libertad de subirlo y muchas lo han hecho para actualizar los salarios de los docentes. El precio por alumno de la escuela concertada es inferior al de la pública: con un 17,7% del gasto público se atiende a un 29% de alumnos. Según los críticos, esto se debe a que estas escuelas no atienden al medio rural (más caro), su personal tiene peores condiciones laborales y apenas acogen alumnos con necesidades educativas especiales (también es más caro atenderles).
Pedro Caballero, presidente de Concapa, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, muy vinculada a la escuela privada y concertada, cuenta que muchas familias les están llamando para preguntar. “Tenemos la certeza de que las actividades complementarias (comedor, permanencia) que conllevan una contraprestación no se están cobrando en abril”, afirma. Respecto a las “donaciones”, recuerda Caballero que “son voluntarias” y “si una familia no puede pagarlas por motivos familiares, personales o laborales, lo deja de hacer y punto, no puede haber ninguna represalia”. Como Alvira, sí recomienda comunicarlo al centro.
Tanto Alvira como Caballero plantean también la cuestión de las cuotas de los centros privados sin concierto y en las etapas sin concertar. Escuelas Católicas sostiene que “en los niveles donde se está trabajando y los profesores están activos, aunque sea a distancia, nuestra recomendación es que las cuotas se sigan cobrando porque hay gastos y los profesores cobran su sueldo”.
Caballero va más allá. “¿Qué pasa con todas las familias que no van a poder pagar abril, mayo o junio? Hay muchas en esa situación y crea discriminación con las escuela pública. Vamos a pedir al Gobierno que tome medidas, como ha hecho con los autónomos. Es una situación que nunca hemos vivido y como tal, merece medidas excepcionales”, cierra.
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