Algunos empleados de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) lo llaman el “modelo Bankia”. Resumiendo y simplificando: se monta un 'chiringuito' (como el Instituto de Derecho Público de Enrique Álvarez Conde) y se hace partícipe de él a todo el que esté dispuesto a entrar. Lo explican desde Cupuma, la Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid: “Manteniendo el control férreamente, se está dispuesto a admitir la cooperación de representantes de otros partidos y sindicatos, siempre que se limiten a asentir, cobrar y asegurarse una brillante carrera docente y/o política”, describen.
Sucedió en Bankia con sindicatos y partidos políticos de todo signo, que se volcaron con entusiasmo en el sistema de remuneraciones en negro a través de las famosas tarjetas black. Aunque la dirección del banco llevaba décadas asociada al PP (con Miguel Blesa primero y Rodrigo Rato después), representantes del PSOE, IU y sindicatos como UGT y CC OO aceptaron beneficiarse del sistema.
Es el mismo modelo que se ha desarrollado en la URJC, según denuncian Cupuma y trabajadores del centro. “Dado que se trataba de una universidad pública nueva, existía igualmente la posibilidad de repartir numerosos cargos entre los más ambiciosos, y los más colaboradores”, explican. Así, los diferentes rectores del centro han ido montando un “sistema clientelar” por el que han ido colocando estratégicamente a personas afines y familiares a cambio de lealtad y silencio entre profesores (PDI) y administrativos (PAS), con especial atención a los sindicatos.
Este sistema garantiza “lo verdaderamente primordial: asegurar la continuidad por encima de todo”, reflexionan desde Cupuma. “Y si se repasa con detenimiento la lista de rectores [Guillermo Calleja, Rogelio Pérez-Bustamante, Enrique Otero, Pedro González-Trevijano, Fernando Suárez y Javier Ramos], se puede comprobar que —al menos hasta hoy— esa continuidad nunca se ha roto, ni siquiera se ha puesto verdaderamente en peligro”.
El método
Las maneras de colocar personas afines o hacerlas medrar por el organigrama universitario han sido múltiples, tanto como complejo es el funcionamiento interno de una universidad, con infinidad de figuras docentes (profesores asociados, visitantes, ayudantes doctores, titulares, interinos, catedráticos...) y no menos puestos diferentes de Personal de Administración y Servicios (PAS).
Los trabajadores que denuncian esta situación aclaran que estos sistemas no tienen nada de ilegal per se. Dar una plaza de confianza del rector a una determinada persona está permitido. O poner a tal profesor a dirigir un máster. Otra cosa, matizan, es la apariencia (o ética) de que las personas destinadas a ejercer cierto control en la universidad (los representantes sindicales, por ejemplo, pero no solo) sean precisamente las que reciben esos puestos. Sobre todo si luego no ejercen el control que se les supone, como ha venido sucediendo en la URJC, donde en múltiples ocasiones nadie levantaba la voz, excepto el Somos Sindicalistas, de reciente creación, en los últimos tiempos. Silencio, por ejemplo en el caso del máster de Cifuentes (CC OO emitió una nota dos semanas después). Silencio en el caso de los plagios del rector, que no mereció ni una nota para los sindicatos de la URJC.
Una de las vías más evidentes de mejorar la carrera profesional en las administraciones públicas, como las universidades, son los puestos de libre designación. Estos son perfiles profesionales de confianza de la dirección que se nombran a dedo, sin dar más explicaciones. Son habituales en todas las administraciones, pero en la URJC han tenido más de un episodio con esta fórmula. En una de las últimas convocatorias, de 35 plazas por este método, ni siquiera se incluían en las bases los méritos que se valorarían para otorgar las plazas.
Bajo este método —pero no en esa convocatoria— obtuvo una plaza, por ejemplo, el delegado de CSIF en la universidad y presidente de la Junta PAS, Miguel Ángel Cano, que fue designado coordinador de informática en Fuenlabrada primero y Vicálvaro después en 2015 y 2016.
Otro modus operandi para promocionar personas era colocarlas en un puesto de libre designación (a dedo) durante un periodo para que sumaran méritos que les permitieran luego acceder a plazas a través de concursos de méritos. Estos concursos sí son abiertos, pero si tener experiencia en un determinado puesto daba varios puntos, se dirigía de algún modo la convocatoria hacia un candidato concreto que había estado ocupando ese puesto.
Estas circunstancias se dan en el caso de Julio Holgado Godino, miembro del CSIF y que en tres años ha disfrutado de un rápido ascenso. Primero fue nombrado jefe de aplicaciones corporativas de la URJC en comisión de servicio, unos meses después se lo ganó en un concurso de méritos y en diciembre del año pasado accedió a una plaza nivel A2 en la Escala de Gestión de Sistemas de Informática de la universidad mediante una promoción interna. Holgado ha sido preguntado para elaborar este artículo, pero no ha contestado.
Respecto a los profesores, la clave de las colocaciones está en los tribunales de oposiciones. “Estaban compuestos por amiguetes”, explica un trabajador veterano de la universidad. Y aquí entraría, según esta versión que respaldan otros empleados, la relatada connivencia de los sindicatos, encargados de velar por la limpieza y transparencia de los procesos. Pero las convocatorias sospechosas o irregulares (por ejemplo, sin publicitar debidamente) no se suelen denunciar.
Tampoco se han respetado en infinidad de ocasiones los principios de publicidad debida que por ley deben realizarse con la convocatoria de plazas en un organismo del Estado, toda vez que cualquier funcionario que cumpla los requisitos tiene el derecho de presentarse a esas plazas. En la URJC es habitual, cuentan los trabajadores del centro y hasta lo admitió Jorge Urosa, empleado de la universidad que benefició a un hermano con una plaza sin publicitar, que las convocatorias se cuelguen en los tablones de anuncio de la propia universidad o, como mucho, en la intranet, limitando el acceso a concurrentes de otras universidades. El profesor Antonio Cuerda lo explicaba con detalle en esta carta abierta.
Otro de los métodos por el que profesores se han visto beneficiados es la adjudicación en puestos en cátedras o másteres. Un ejemplo es Laura Nuño, PDI y responsable de CC OO en la URJC, quien dirige el Observatorio de la Igualdad de la universidad. Nuño aclara que ella misma montó el observatorio, al que dedica su tiempo libre y que ni cobra por ello ni tiene descarga horaria. También era, hasta su dimisión tras el escándalo Cifuentes, subdirectora del Instituto de Derecho Público, ahora bajo sospecha de malversación.
Por último, el sistema que hace única a la Universidad Rey Juan Carlos respecto a la política de contratación de profesores es la figura del visitante. Esta modalidad docente está recogida por ley y pensada para que las universidades puedan atraer talento de fuera durante un periodo de tiempo concreto (dos años como máximo) y siempre que se trate de profesionales de prestigio de otras universidades. Es una figura estadísticamente residual en la universidad española. Excepto en la URJC, que la utiliza a libre voluntad.
Donde otros centros tienen una decena o una veintena de visitantes, la Rey Juan Carlos tiene 424 este curso, según sus propios presupuestos (página 125). Uno de cada cuatro profesores trabaja bajo este tipo de contratos, según datos de la propia universidad. Además de este uso masivo hay un uso ilegal. Muchos de estos profesores —la mayoría, según fuentes del centro— no son profesionales de prestigio, algunos ni siquiera vienen de otras universidades (la hermana de Cristina Cifuentes, Margarita, entra en estas dos categorías) y sobrepasan ampliamente los dos años previstos por la ley. Pero son profesores a los que se renueva anualmente el contrato y que por tanto les puede convenir que el statu quo de la universidad no cambie demasiado para mantener su puesto de trabajo. Esto afecta directamente a las elecciones a rector (el actual se aupó el puesto con menos votos totales que su rival gracias al apoyo de los profesores, PDI, que tiene más peso en las elecciones que los alumnos y los administrativos, el PAS) o las del claustro.
Los protagonistas
Sindicatos y profesores
Prácticamente todos los representantes sindicales tienen algún cargo o han subido en el escalafón por la URJC en los últimos años. Según lamentan desde Somos Sindicalistas y confirman otros trabajadores, normalmente no denuncian, no controlan ni vigilan las contrataciones y ofertas públicas de empleo. Algo parecido sucede con ciertos profesores. En ocasiones, son las mismas personas.
Laura Nuño es la representante de CC OO en la URJC. También fue nombrada directora del Observatorio de Igualdad de la URJC. Es uno de los ejemplos de transversalidad: fue militante de IU y formó parte de la candidatura de Luis García Montero a la Comunidad de Madrid. Ha ascendido como mano derecha de Álvarez Conde, con importantes conexiones con el PP, y ha obtenido cargos en la universidad creada por Ruiz Gallardón.
Nuño rechaza haber tenido trato de favor alguno. “El Observatorio no existía antes de que lo montara”, afirma. “No cobro un euro de complemento ni tengo descarga horaria ni estoy en órganos de gobierno”, explica.
Julián Morales es el representante de UGT. Entró en la URJC como chófer, según confirman varias fuentes, y ha ascendido por promoción interna hasta un puesto de funcionario en la escala de gestión administrativa, grupo A, en la URJC, según recoge el BOCM de 7 de diciembre de 2017. En este momento es responsable de Información y Registro de la universidad por libre designación. En esa misma promoción sacó una plaza también uno de los hermanos Urosa, David. Su mujer, Cristina Pérez Álvarez —la de Morales—, es PAS en Alcorcón. Morales ha sido preguntado al respecto, pero no ha contestado.
En el CSIF está la exgerente del campus de Vicálvaro, ahora caída en desgracia por verse relacionada con las filtraciones del caso Cifuentes, Teresa Sánchez Magdaleno. “La Doña”, como es conocida en el campus por la capacidad de hacer y deshacer que tenía, llegó con Suárez y fue cesada por Javier Ramos. Sánchez Magdaleno llegó a la URJC desde el Centro de Estudios Jurídicos Ramón Carande, fuente primigenia de los problemas que asuelan a la URJC, según diversas fuentes. De ahí, donde era Jefa de Gabinete de Dirección, pasó a funcionaria en la universidad cuando el centro fue asimilado.
Sánchez Magdaleno estuvo imputada en una causa relacionada con el exrector Pedro González-Trevijano, aunque fue desimputada. Uno de sus hermanos, Mariano, trabaja en la universidad.
Miguel Ángel Cano es la mano derecha de Sánchez Magdaleno y responsable del CSIF. “Ha subido todo lo inimaginable”, explica una fuente de la URJC. Actualmente es jefe de Informática del campus de Vicálvaro. El pasado mes de diciembre ganó una plaza grupo A en la misma promoción interna que Rubén Urosa. Como se explicaba anteriormente, accedió a su actual puesto de trabajo a través de una convocatoria de libre designación. Dicho de otra manera, a dedo. Siguiendo procedimientos legales, pero a dedo. Cano también ha sido preguntado, pero no ha respondido.
Del sindicato CSIT son los hermanos Urosa. Al menos dos de ellos provienen del Centro Ramón Carande, origen del campus de Vicálvaro de la URJC y lugar del que salieron casi todos los rectores y los ahora implicados en el caso Cifuentes. Jorge Urosa es el delegado del rector para centros adscritos y títulos, además de estar en la dirección del Centro de Formación Permanente de la universidad. Su hermano David pertenece a la Junta de PAS y en diciembre del año pasado, hace solo cinco meses, obtuvo una promoción interna y accedió a un puesto de escala de gestión nivel A. Ambos han sido contactados, ninguno ha contestado.
Familiares
En la URJC han encontrado acomodo muchos familiares de funcionarios y empleados, incluso el catedrático Manuel Villoria fue más allá y la calificó como “agencia de colocación del PP”. Un trabajador explica: “Ya no es cuestión de ideologías o de tener el poder. La gente veía que los jefes lo hacían y todo el que podía ha metido a alguien”. La lista, efectivamente, es larga. Pero todo tiene un origen, y en este caso hay que buscarlo en los mandatarios iniciales.
Todo empezó con Villapalos, exconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid con el PP cuando se creó la URJC y se adscribió a ella el centro Ramón Carande. El también exrector de la Complutense puso a Rogelio Pérez-Bustamante como director del centro y por esa vía entraron casi todos los que hoy están señalados por el caso Cifuentes.
El propio Pérez-Bustamante tiene a tres hijos cobrando de la URJC. Diana, Blanca y David son profesores. Defiende el exrector que su hijo tiene méritos de sobra para ser profesor universitario. “Es un gran hacendista. Ha trabajado en EE UU, Alemania, habla alemán, francés e inglés, tiene 40-50 publicaciones. Su abuelo era catedrático, su madre también, yo lo soy. ¿Por qué no puede ser un buen profesor de universidad?”.
El hijo del tercer rector del centro, Enrique Otero (que accedió al cargo tras una moción de censura a su predecesor, Pérez-Bustamante, cuando solo llevaba dos semanas en el cargo), Javier Otero García, es profesor visitante. Lleva allí desde al menos 2015 y ya ha pasado a titular de universidad interino, según la web de la URJC.
Tras Otero vino Pedro González-Trevijano, a quien muchos señalan como el muñidor de lo que es hoy la URJC. El actual magistrado del Tribunal Constitucional (nombrado por el Gobierno de Rajoy) tiene actualmente al menos a su su esposa trabajando en la universidad, según publicó El Confidencial. María Teresa Martín del Peso está empleada en la Fundación.
Fernando Suárez, el “rector plagio”, como se le conoce en el campus, fue el siguiente en mandar en la URJC. Suárez comparte empresa con al menos su mujer, María Teresa Martialay, profesora de Historia, y con la hija de ambos, Alejandra Suárez Martialay. Esta última se ha visto envuelta en un proceso denunciado por opaco y por el que se ganó una plaza en la universidad junto a otras 22 personas y que ha sido impugnado por Somos Sindicalistas y está en los tribunales.
La lista de familiares de exmandatarios en la URJC continúa en los escalones de mando inferiores. El exvicerrector Juan Manuel Vera Santos tiene una hermana que se gana la vida en la universidad. Socorro Vera, acaba de sacarse una plaza A2 en el mismo proceso selectivo en el que lo hicieron Julián Morales (el exchófer de UGT) y David Urosa. En este caso, sin embargo, Socorro entró al centro en paralelo a José Manuel y, según apuntan fuentes que conocen su situación, no ha mejorado su puesto laboral hasta el año pasado, pese a que tuvo un hermano de vicerrector.
También la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Carmen Gallardo Pino, comparte centro con una de sus hijas. Carmen Écija Gallardo es miembro del Comité de Empresa a través del CSIF. Entró como profesora visitante y ahora ha pasado a ayudante doctor. Todo legal.
Pero el récord conocido lo tiene la familia Prado. Hasta tres los hijos del exdecano, ya fallecido, están empleados por la universidad junto a sus tres parejas sentimentales, según informó El Confidencial. Camilo Prado comparte universidad con sus hijos Camilo, Alberto y Miguel por los diferentes campus. Un predecesor, Carlos Fernández de Casadevante, había hecho los propio con dos vástagos, Pablo y María, profesor y PAS, respectivamente.
También están las hermanas Nebot, ligadas a la saga de Calleja y “los químicos”, como se les conoce. Magdalena es la actual directora de la biblioteca del campus de Fuenlabrada, donde comenzó como becaria. Su hermana Victoria Nebot es gerente en el campus de Móstoles.
Los partidos
Las conexiones del PP en la URJC son múltiples. Fue creada cuando Alberto Ruiz Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid a modo de contrapeso de la Carlos III, levantada por el PSOE años antes. Aparte de las relaciones directas (por citar uno, el profesor Pablo Chico de la Cámara ha trabajado en los ayuntamientos populares de Móstoles y Pozuelo, en Madrid, pero hay muchos casos más), también aquí hay numerosos casos de familiares de políticos que se ganan la vida en la URJC.
El propio Gallardón tiene a su prima, Isabel Ruíz Gallardon de la Rasilla trabajando allí; también están la sobrina de Mayor Oreja, Isabel Mayor Bastida, la cuñada de Francisco Granados, María del Mar Alarcón o Javier de Esteban, el hijo de un miembro de la Junta Electoral Central nombrado por el PP, Alonso de Esteban, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Algunas fuentes insisten en destacar que también hay empleados de la URJC que han tenido responsabilidades en formaciones políticas distintas al PP. Por ejemplo, Daniel Álvarez Cabo. Exportavoz de Sanidad en la Asamblea por Ciudadanos, Álvarez Cabo es director de la Fundación Clínica URJC, en sustitución del anterior, apartado tras descubrirse que se había puesto una nómina de 300.00 euros anuales. Del PSOE están, entre otros, Jaime Lissavetzky, el antiguo ministro de Educación, Cultura y Deporte, que dirigió el Centro de Estudios del Deporte de la universidad. O Rafael Simancas, el antiguo candidato a la presidencia de la Comunidad, que es profesor asociado en el centro, una de las figuras con menor salario, ya que está pensada para profesionales que aportan conocimiento a la universidad.
Hasta un antiguo miembro de UPyD y concejal en el ayuntamiento de Madrid, David Ortega, pasó por la universidad, donde actualmente es vicerrector de Extensión Universitaria con el rector Javier Ramos.