Más de 800 euros por dos fármacos de reproducción asistida que con receta cuestan 40: “Nos discriminan por no tener pareja varón”
Casi cinco años después de que la sanidad pública excluyera a las mujeres lesbianas y sin pareja de la reproducción asistida y a pesar de que prácticamente todas las comunidades autónomas lo han revertido, sigue teniendo consecuencias. Sofía (nombre ficticio) ha tenido que pagar 857 euros por nueve cajas de dos de los medicamentos –Ovitrelle y Menopur– prescritos en cuatro ciclos de inseminación que ha seguido, a pesar de que está siendo atendida en el Sistema Nacional de Salud. Con receta, el mismo número de paquetes cuestan poco más de 38, pero Sofía, una mujer sin pareja que quiere ser madre, pertenece a Muface, la mutua obligatoria para una parte de las funcionarias, que le ha denegado la financiación de los fármacos en aplicación de la norma.
Esto es así porque tanto esta mutua como Isfas (para militares y guardias civiles) y Mugeju (para juezas y fiscalas) se rigen por la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, que fue modificada por el PP en 2014. La nueva norma estableció varios requisitos que, en la práctica, excluyeron de la reproducción asistida a las mujeres sin pareja hombre. Con el paso de los años, las comunidades autónomas fueron progresivamente devolviendo el derecho, pero las mutuas son estatales. Por eso, Sofía, que está siendo atendida en un hospital madrileño, no paga por el tratamiento en sí, pero sí por dos de los medicamentos prescritos.
“Nos discriminan por no tener pareja varón y eso es una exclusión muy evidente. No me puedo creer que esté pasando esto de forma tan descarada”, explica en declaraciones a eldiario.es. Una parte de las funcionarias como Sofía, que es profesora, pertenecen obligatoriamente a Muface, y aunque pueden elegir si ser atendidas por la sanidad pública, como ha hecho ella, o por la sanidad privada a través de varias entidades con concierto, la mutua sigue siendo la encargada de autorizar algunas recetas como, en este caso, las derivadas de la reproducción asistida.
Por eso, el pasado 6 de agosto, Sofía recibió la última comunicación de Muface denegándole la financiación de los medicamentos por “no cumplir ninguno de los requisitos” de la ley vigente, según la resolución a la que ha tenido acceso eldiario.es. Sin embargo, no era la primera vez. Esta mujer de 35 años se ha sometido a cinco ciclos de inseminación –hay posibilidad de hacer hasta seis en caso de no resultar fructífero– y solo le han financiado los medicamentos del primero. En ese caso, en octubre de 2018, el médico de la sanidad pública le hizo la receta sin preguntarle si pertenecía o no a alguna mutua y ella, “con los nervios”, puntualiza, olvidó comentarlo.
Las cuatro siguientes veces –enero, marzo, mayo y, la última, agosto de 2019– ya tuvo que solicitar la financiación a Muface, pero la denegación se repitió en todas. Así, ha tenido que pagar 131 euros por cada caja de Menopur y 50,63 por cada una de Ovitrelle. Estos son dos de los medicamentos más habituales en tratamientos de reproducción asistida y están destinados a favorecer la estimulación ovárica. Además, ha tenido que comprar otro más, pero no entra en la cartera del Sistema Nacional de Salud. Teniendo en cuenta los cuatro ciclos por los que Sofía ha pagado íntegramente, ha desembolsado un total de 857 euros por cuatro cajas de Ovitrelle y cinco de Menopur. Si no existiera la norma que excluye a las mujeres como ella de la reproducción asistida, habría pagado 38,16, puesto que con receta cuesta cada uno 4,24 euros.
La justicia ya determinó la discriminación
Su caso es prácticamente el mismo que el de Carmen (nombre ficticio), otra mujer en su misma situación, que ha acabado recurriendo ante el Ministerio de Política Territorial y Función Pública la decisión desfavorable de la mutua, a la que también pertenece obligada por ser profesora también en la Comunidad de Madrid. Una imposición a la que, según la propia página web de Muface, están sometidos los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado. Sin embargo, no es posible saber a cuántas mujeres está afectando la norma, puesto que influye en aquellas con una situación personal concreta.
“Si tuviera una pareja hombre, no se me hubiera denegado la cobertura de los fármacos” y “si no estuviera de forma obligada adscrita a Muface, se hubiera cubierto el gasto”, aducía Carmen cuando eldiario.es publicó su historia para concluir que se trata de “una doble vulneración del principio de igualdad” que “resulta a todas luces un trato absolutamente discriminatorio”. En su opinión, contradice el artículo 14 de la Constitución, que prevé que todos los españoles son iguales ante la ley, y la ley de técnicas de reproducción humana asistida, que en su artículo 6 establece que toda mujer “podrá ser receptora o usuaria de las técnicas” y especifica “con independencia de su estado civil y orientación sexual”.
Lo mismo opina Sofía, que no descarta denunciar en un futuro como ya hiciera una pareja de lesbianas en Madrid. El caso terminó con la restitución del derecho a la reproducción asistida para estas mujeres en la comunidad, pues el Juzgado de lo Social nº 18 sentó precedente al condenar a a la Comunidad de Madrid y a la Fundación Jiménez Díaz por la exclusión. El fallo, emitido en 2015, asumió que se había producido una “discriminación por razón de orientación sexual”.
Esta fue una de las primeras autonomías que modificó su cartera de servicios para incluir este, contradiciendo así la orden ministerial del PP que todavía sigue vigente. El Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, anunció en julio de 2018, aprovechando la celebración del Orgullo LGTBI, que modificaría la norma, pero a día de hoy todavía se está tramitando. “Es una discriminación que tiene que terminar ya”, zanja Sofía.
