Las asociaciones LGTBI+ llevan años señalando que una gran proporción de los actos de odio que sufren las personas queer no se denuncian. Ahora, van un paso más allá: estiman en los últimos cinco años se han interpuesto unas 57.000 denuncias por agresión física o sexual con agravante de odio, aunque los registros del Ministerio del Interior solo recogen un total de 1.739 “hechos conocidos” sobre presuntos delitos de odio en el último lustro, según se desprende de los resultados del informe Estado LGTBI+ 2024 elaborado por la consultora 40 dB para la Federación Estatal LGTBI+.
Aunque quien tiene la última palabra sobre si un delito se considera de odio o no es un juez, es importante que la policía recoja en la denuncia indicios de que la motivación del acto pueda ser LGTBIfóbica. Que no lo hagan dificulta el proceso judicial posterior y forma parte de esa infradetección que señala la FELGTB. Es decir, algunas denuncias por delitos de odio no se registren como tal, explica Ignacio Paredero, secretario de organización de la FELGTBI. Así, mientras que el Ministerio del Interior calcula que la tasa de delitos de odio en España es de 7,37 por cada millón de habitantes, el informe estadístico sitúa esa cifra en 240 delitos de odio por millón de habitantes. Además, los números que obtiene la FELGTBI+ extrapolando los resultados de la encuesta a la población española “se acercan bastante” a los datos oficiales de delitos de odio de Inglaterra y Gales, que la Federación usa de referencia por tratarse de territorios del entorno con un número de habitantes similar a España.
Poner la lupa en la brecha entre los datos oficiales y los recopilados por 40 dB es parte importante del estudio, que se afana en sacar a la luz lo que la Federación considera las verdaderas cifras de la LGTBIfobia en España: un 10% de las personas LGTBI+ afirma haber sufrido una agresión física o sexual en los últimos cinco años. Extrapolado a la población española, el número absoluto de personas LGTBI+ afectadas sería de 350.000.
Preguntadas por el tipo de agresiones que han sufrido, la mitad de las personas participantes contestó que la más común son empujones o agarrones. Le sigue la agresión sexual con intimidación (43%) y la agresión física grave (30%). A pesar de que es el tipo menos frecuente, la agresión sexual con violencia física la han sufrido un cuarto de las personas agredidas.
Asimismo, el estudio recoge cifras sobre tipos de violencia menos visibles: desde 2020 hasta hoy, un 29% de la población queer ha sufrido acoso y un 32%, discriminación. Esta última suele concretarse en el no reconocimiento de un derecho (45%), seguida de cerca por el 42, % de trato desigual en el trabajo.
Dentro de las siglas del colectivo LGTBI+, es la T la letra que más violencia recibe. El número de personas trans que denuncian acoso (43,5%), discriminación (59,1%) o agresiones (30,4%) es significativamente mayor que el del resto de personas encuestadas. Estos actos de odio ocurren principalmente en la calle, con más de un tercio del total, pero no es desdeñable el 10% que tiene lugar en el transporte público, el 9,6% que acontece en centros sanitarios o el 3,7% sufrido en la familia.
El colectivo LGTBI+ no confía en denunciar
El estudio presentado con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia expone que el silencio sigue siendo la opción más común entre las personas no cisheterosexuales ante un acto de odio: un 83,5% no denuncia ante la policía. Cabe destacar que un cuarto de quienes sufren estas violencias por motivos de identidad de género u orientación sexual descartan las comisarías y prefieren poner los hechos en conocimiento de alguna asociación LGTBI+.
Entre las personas que no acudieron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el motivo mayoritario es pensar que no servirá de nada. Entre el resto de motivaciones, destacan las relacionadas con la mala imagen de la policía: el 18% no acudió a comisaría por “miedo a una respuesta homofóbica”, el 14% pensaba que no le creerían y un 12% adicional asegura no confiar en el cuerpo policial. El resto de motivos reportados son no darle importancia al hecho (24%), carecer de pruebas (22 %) o no hacerlo “por vergüenza” o porque sufre estas violencias “todo el rato” (15%).
La desconfianza en que la denuncia pueda llegar a buen puerto quizá esté relacionada con las experiencias que reportan las personas encuestadas: es más común tener vivencias desagradables en comisaría (“minimizaron lo que me pasó”, “me hicieron sentir mal”, “me desanimaron a continuar con la denuncia” o “negaron con sus comentarios que hubiera una motivación de odio”) que agradables (“preguntan para identificar como delito de odio”, “recogieron la denuncia de forma profesional”, “resolvieron el caso” o “me hicieron sentir protegido/a por el Estado”).
Por ello, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, ha incidido en la presentación del informe en que es necesario “que se imparta formación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la sensibilización con las realidades del colectivo sea real”, en línea con lo exigido por la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Además, la presidenta de la FELGTBI+ remarca la importancia de crear “unidades específicas que atiendan la discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad de género”.