Con el comienzo del curso político, la subcomisión abierta en el Congreso en la que se debate un pacto de Estado por la educación ha vuelto a recibir comparecientes. Tras el parón veraniego, el investigador Lucas Gortázar ha sido el primero en aportar su visión del sistema de enseñanza. Este académico especializado en educación de la Universidad del País Vasco y miembro del Proyecto Atlántida, centrado en temas de enseñanza, ha defendido la necesidad de que los partidos políticos lleguen a un acuerdo que aporte una financiación necesaria para que alcanzar un sistema educativo equitativo y de calidad.
Planteó esta reivindicación después de que este mes la OCDE confirmase que España continúa teniendo un gasto educativo inferior a la media de esta organización, que no bajó del 11% durante los peores años de la crisis. Sin embargo, en nuestro país en 2008 suponía un 9,4% y seis años después, el último del que hay cifras, un 8,2%.
¿En qué puntos cree que se podría llegar a un acuerdo político?
En muchos. Pero creo además que hay un acuerdo central que es la financiación. El Gobierno ha remitido a Bruselas un plan de estabilidad y un presupuesto educativo que sitúa la inversión en educación en 2020 en niveles bajísimos, el 3,7% del PIB. Lo que he propuesto, y también plantean partidos de la oposición, es que se haga una apuesta por la financiación. No sé si es una condición necesaria para un pacto, esto hay que preguntárselo a la oposición. Pero creo que es una cuestión fundamental que hay que abordar en un pacto. Teniendo en cuenta las fluctuaciones que ha tenido la financiación en educación en los últimos años, dejarlo de lado sería un error.
¿Sin financiación no hay pacto?
Sin financiación el pacto es más difícil. Reino Unido llevó a cabo una agenda reformista brutal en educación desde el 98 hasta el 2008, para desarrollarla el Gobierno metió una inyección económica también brutal. El gasto en educación aumentó más que la economía. Al final hubo un incremento del 1,3% del PIB entre el 99 y 2009. Se tomaron en serio la educación. Mi pregunta al Ejecutivo actual es ¿están dispuestos a corregir la senda presupuestaria? ¿se toman en serio el pacto educativo? De lo contrario es muy difícil que la comunidad educativa se crea que el pacto va en serio.
¿Qué inversión permitiría un pacto para una educación de calidad?
De aquí a 2020 situaría la financiación entre 4,8% o 5% del PIB, lo que supone más del 1% de lo previsto por el gobierno. Son casi 15.000 millones de euros más con respecto a lo que se ha presupuestado en el plan de estabilidad presupuestaria de la Comisión Europea. Si proponen 48.000 millones de euros, estoy hablando de algo más de 60.000 millones. No sé si esta es la financiación suficiente para un pacto. Lo que defiendo es que es la necesaria para poner en marcha un sistema de calidad. A partir de ahí tiene que haber una negociación política.
¿Cómo pueden conseguir en el Congreso que los docentes se sientan involucrados en el pacto?
Considero que el pacto será creíble cuando haya una apuesta por una financiación razonable. Aunque también se puede tener en cuenta que hay proyectos que no requieren una gran financiación. Si hacemos un MIR de docentes es mejor que quedarnos como estamos. Un MIR docente podría costar 1.500 o 2.000 millones de euros. Por otro lado, la oposición debe valorar que si no se llega a ningún tipo de pacto vamos a seguir con la LOMCE.
En la subcomisión los diputados de la oposición también le preguntaron por las consecuencias de ratificar un mal pacto, ¿qué podría acarrear suscribir un acuerdo que no recoja las reivindicaciones principales del colectivo educativo?
Un pacto sin financiación y otros temas clave quizás no sea un pacto, no se le podría llamar así. Estamos en niveles bajos de inversión. Creo que el sistema necesita un empujón de credibilidad, los profesionales de la educación necesitan creerse que el Gobierno va en serio. Sobre todo teniendo en cuenta cómo ha sido la reducción del gasto en la educación y cómo se ha hecho. Creo que una forma de demostrar ese compromiso es una mejora, no te digo que suficiente, pero sí necesaria, en la financiación.
¿De qué no se está hablando en la elaboración del pacto?
A nivel mediático se está defendiendo muy poco la idea de que se debe cambiar el modelo educativo. ¿Qué modelo de profesión docente queremos? ¿qué currículum queremos? ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿qué modelo de centro? Esto es lo que define a los sistemas educativos en el siglo XXI. De esto se está hablando en la subcomisión y no en los medios.
En nuestro país la estadística de Abandono Escolar Prematuro se sitúa en un 20%, frente al 11% de la media de la Unión Europea. ¿Una mejora de la inversión ayudaría a atajar esta situación?
No hay una relación clarísima entre un aumento de la financiación y una mejora de resultados a todos los niveles y para todos los alumnos del sistema. Sin embargo, es necesaria una inversión suficiente sobre todo para promover una mayor equidad y para que los recursos extra vayan a aquellos centros que más lo necesitan. En ese entorno, que obviamente son centros públicos, sí sabemos que un euro extra, un profesor extra o un orientador extra marca la diferencia.
¿Cómo se marca esa diferencia?
Para este alumnado la escuela lo es todo. Son estudiantes que tienen unas características determinadas: entornos socioeconómicos bajos, origen inmigrante, con necesidades educativas especiales... para los que los recursos son fundamentales. Esa financiación extra que sí que hubo antes de la crisis, ya no la hay. Se ha recortado en muchos casos a todos por igual. A lo mejor deberían haber protegido a ciertos centros, a ciertos colectivos concentrados en la escuela pública, o en zonas rurales, o territorios con menos ingresos.
¿Qué medidas se podrían tomar contra el fracaso escolar?
Hay un consenso implícito muy grande, tanto en las comunidades autónomas como en el colectivo educativo de que el título de la ESO es un problema porque es binario, si te lo sacas sigues, si no te los sacas te quedas fuera. Hay un 10% de cada generación que no se lo saca y alrededor de otro 10% que lo termina y no sigue sus estudios. Muchos planteamos que hay que eliminar ese título y sustituirlo por una certificación de competencias básicas. Si acreditas un nivel suficiente de competencias puedes acceder al Bachillerato, si acreditas otro tipo de competencias puedes acceder a la FP media, pero si no acreditas ese nivel mínimo se te tiene que dar siempre una salida.
Otro de los temas que abordó en su intervención en la subcomisión es el liderazgo que debe asumir el Ministerio en la política educativa, ¿qué rol debería jugar?
No está claro qué modelo de Ministerio queremos. Actualmente controla el 5% del gasto en educación, destinado básicamente a becas, a escuelas en el extranjero o en Ceuta y Melilla. Y luego legisla. A partir de ahí no tiene más que hacer.
Básicamente, hay tres opciones. Devolver competencias al Ministerio, nadie lo defiende. La segunda, un Ministerio que fomente la cooperación entre regiones. De hecho, hay una dirección general de cooperación territorial, la estructura del Ministerio ya está pensada para eso. Esto serviría para fomentar esa cooperación a través de un presupuesto razonable con programas de apoyo, innovación y buenas prácticas. La tercera opción es que se decida tener una agenda legislativa fortísima mediante decretos, un liderazgo legislativo y burocrático. Se parece al modelo de la LOMCE. Como no pueden controlar lo que sucede en los centros, tratan de imponerlo de forma detallada.
Abogué porque el Ministerio tenga un presupuesto suficiente para programas de cooperación, de unos 1.000 millones de euros. Esto ya se hizo en la LOE con un presupuesto de 700 millones de euros. Consistía en convenios que firmaba con cada CCAA para proyectos que el Ministerio consideraba estratégicos desde el punto de vista educativo.
¿Qué proyectos funcionaron?
La iniciativa PROA, una serie de proyectos que apoyaban al alumnado que necesitaba refuerzo escolar. Fue el proyecto estrella, la evaluación que se hizo después ha sido muy rigurosa y potente y ha dado resultados muy positivos. También se desarrolló Escuela 2.0, con resultados no tan buenos sobre implantación tecnológica. Y otro de escuelas infantiles. En 2012, el nuevo Gobierno decidió eliminar todos los programas, se vació de poder. Y optaron por otro formato para ejercer su liderazgo, una ley fuerte.
¿Qué papel está jugando el ministro?
Ninguno, está esperando a que llegue el pacto político, si finalmente se consigue en el Congreso. Ha dicho que se limitará a respetar lo que venga. Pero está asumiendo una posición pasiva en lo relativo a darle un impulso y tomar la iniciativa.Tampoco creo que lo esté torpedeando.
Otro de los pilares por los que aboga es por un equilibrio de financiación entre escuela pública y concertada, ¿en qué consiste?
El problema del mal equilibrio deriva de que hay poca financiación en las dos, sobre todo en la pública, pero también en la concertada. Cada euro extra está en disputa y cada administración decide. Como hay poca financiación siempre es origen de bronca. Creo que una mejor financiación ayudaría a solucionar la guerra.
La paz pública-concertada ya se firmó en los 80, se comprometieron a respetar la proporción de escuela concertada con unos mínimos y con unos máximos. Sin dinero es muy difícil que haya ese compromiso político, con infrafinanciación de los dos modelos cada administración elige por cuál apuesta.
Explicó que actualmente hay 2.000 millones de déficit de la concertada, ¿cómo llega a esa cifra? ¿En qué situación está la pública?
La pública tiene un déficit muy grande de financiación. Ha habido recortes importantes y esto ha tenido consecuencias en la equidad. Creo que puede estar entre los 6.000 y 7.000 millones de euros. Luego, la escuela concertada tiene un problema estructural, desde su concepción, porque no llega a ser del todo un servicio público. El Estado cede un concierto a distintas organizaciones para que preste un servicio y a cambio les paga por ello.
Sin embargo, no es un servicio público todavía cuando de facto para poder acceder los alumnos tienen que pagar cuotas voluntarias. Son ilegales, pero se acaba haciendo aunque no tienen por qué. Esto limita la igualdad de oportunidades, fragmenta el sistema. Si consideramos que no hay que eliminar la concertada, que debe ser un servicio público se debe corregir esta serie de elementos.
Esos pagos lo que hacen es tapar el déficit de financiación, que he cifrado en 2.000 millones cogiendo datos de la encuesta de presupuestos familiares del INE y con ingresos de los centros del informe Consejo Escolar del Estado. Es un ahorro presupuestario que acaban pagando las familias.