La Fiscalía investiga la externalización durante el Gobierno del PP de servidores del Imserso con datos de un millón de dependientes

La Fiscalía Anticorrupción está investigando una operación por la cual el Imserso decidió trasladar a una fundación de León los servidores en los que se gestionaba el sistema de dependencia español. Se hizo en 2013, durante el mandato de Ana Mato como ministra de Sanidad, y se prolongó hasta diciembre de 2017, cuando ocuparon la cartera, consecutivamente, Alfonso Alonso y Dolors Montserrat.

Con los servidores se fueron los datos de más de un millón de personas con dependencia (hoy están registrados 1.329.829): sus nombres, direcciones, el importe de ayudas públicas que reciben o expedientes sanitarios. Salió del circuito público de la administración general del estado toda esta información para recalar en la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León, una entidad sin ánimo de lucro creada por La Junta de Castilla y León y la Universidad de León en 2008, donde estuvieron alojadas las máquinas, y cuyos fines fundacionales son la “innovación” y “mejora de las tareas de investigación” en el ámbito castellanoleonés.

El proyecto de traslado lo inició en 2012 Cesar Antón, entonces director general del Imserso, el instituto público que se encarga de los mayores y también de la dependencia. Antón conocía bien la comunidad adonde derivó los servidores, porque había sido consejero del gobierno autonómico del PP antes de incorporarse con Ana Mato al Ministerio de Sanidad.

En noviembre de ese año se firmó un convenio marco con la fundación en el que se definían como actuaciones potenciales el alojamiento de servidores, las copias de seguridad o el apoyo y colaboración mutua en todo tipo de proyectos tecnológicos. Se vendió como un hito que iba a permitir ahorrar un millón de euros, como señaló Antón en la presentación del proyecto que recogió la prensa.

En la ceremonia de la firma por parte de la Junta de Castilla y León estaba Antonio Silván, entonces consejero de Fomento y presidente del patronato de la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León. Antón y Silván habían estado juntos en el Ejecutivo de la Junta de Castilla y León desde 2003 hasta 2011. Ambos fueron nombrados consejeros por Juan Vicente Herrera en una renovación del Ejecutivo castellanoleones en 2003. Antón fue Consejero de Sanidad (2003-2007) y de Familia y Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades (2007-2011) mientras que Silván ocupó la cartera de Fomento (2003-2015) hasta que ganó las elecciones municipales a la alcaldía de León. Silván no ha querido hacer declaraciones a las preguntas de eldiario.es.

“Duplicidad de prestación de servicios”

El convenio inicial no fue desarrollado ni entró en vigor. Sin embargo, unos meses después, concretamente en abril de 2013, el proyecto continuaba adelante por otra vías que aún está investigándose y sufrió su primer revés. El servicio jurídico se pronunció contra una adenda porque se pretendía amparar el servicio como colaboración pese a que “su objeto responde más a una naturaleza contractual”. Además, los letrados alertaban de que “pudiera estarse produciendo una duplicidad en la prestación del servicio, toda vez que el Imserso ya cuenta con un contrato para el apoyo informático del SISAAD”, que es el sistema de gestión de la dependencia. Es decir, ya se estaba pagando por mantener el sistema informático, y vieron en esta operación una posible duplicidad de servicio.

Esta negativa de los servicios jurídicos se reiteró en dos ocasiones más, el 7 de julio de 2014 y el 14 de julio de 2014. El letrado del Imserso insistió por escrito en que esa fundación no podía ser considerada un “medio propio” de la administración del Estado, por lo que “no tiene una dependencia estructural” y por lo tanto “no se cumpliría el requisito de control análogo”. Como ha podido confirmar eldiario.es, también hacía mención a otra inseguridad de la operación: “Desconocemos si posee la infraestructura y los medios suficientes para ejecutar el servicio”. Recomendaron que se tramitara esta operación “cumpliendo los principios de publicidad y concurrencia” y sugirieron que si había de encargarse fuera el servicio lo llevara a cabo “la empresa pública Tragsa”.

Sin embargo, nada de eso sucedió. Según las facturas y contratos que se han remitido a la Fiscalía, los servidores se enviaron a León, lo que supuso un desembolso de dinero público. Fuentes gubernamentales confirman a eldiario.es que esa información ha sido enviada a Anticorrupción, pero señalan que todavía hay que esclarecer cuánto costó.

Por su parte, César Antón explica que la operación se llevó a cabo para “ahorrar costes porque había que renovar los servidores del Imserso”. Preguntado por ese ahorro el exdirector general no sabe precisarlo por el tiempo transcurrido. Respecto a por qué se tomó la decisión y por qué lo trasladó a la misma comunidad en la que había sido consejero, firmando un convenio con un excompañero de la Junta, Antón niega que se debiera a “una decisión personal” y refiere que “el centro de León era muy importante y potente y cumplía todos los requisitos, todo se hizo con informes favorables”. ¿Y el de los letrados? Antón reitera que tuvo todo el visto bueno técnico y financiero, y supone que el informe de los letrados sería “una recomendación”.

En la revista oficial del Imserso se recoge una nota informativa sobre la “firma de un convenio marco de colaboración por el que el Centro de Supercomputación colabora y presta apoyo al Imserso, el asesoramiento, uso y apoyo en la prestación de servicios y procesamiento de datos”. Antón explicaba entonces que “en este momento la precariedad presupuestaria nos impide planificar nuevos gastos”, mientras que el “supercomputador era una inversión ya realizada por las administraciones públicas y que debe ser rentabilizado”. Pero el traslado tuvo costes y la prestación del servicio, también.

Aunque no hay un panorama claro, hay algunas facturas que muestran que el Imserso pagó a la fundación 16.990 euros en 2013 a través de un contrato menor, por ejemplo. Y también se ha revelado un desembolso de más de un millón de euros en licencias para sortear las incompatibilidades que se descubrieron entre el sistema de León y el Imserso. La propia fundación de supercomputación refleja los servicios prestados al instituto de mayores y dependientes. En sus cuentas de 2015 refleja que tienen “50 maquinas virtuales” del Imserso allí alojadas. “Actualmente también han solicitado instalar sus propios routers y líneas de comunicaciones (financiadas por ellos)”, dicen las cuentas. En las de 2016 aparecen ya “62 máquinas virtuales”.

Las cuentas de la propia fundación de León dan la pista de cómo se pagaron los servidores: “Se ha solventado el problema administrativo de facturación al Imserso mediante la colaboración con la UTE Indra-Altia”, es decir, se hicieron los pagos por mantener los servidores allí no directamente, sino a través de una contrata. Estas empresas estaban facturando por el mantenimiento del sistema de dependencia propio del Imserso, el SISSAD, y supuestamente añadieron estas facturas de la fundación. A la hora del cierre de este artículo Indra no había respondido de momento a eldiario.es. Antón confirma que la fundación no facturó directamente al Imserso e insiste en que todo fue legal y obtuvo el visto bueno.

Fuentes de Fiscalía confirman a eldiario.es que están investigando contratos irregulares en el Imserso, como adelantó El Español y publicó El País, pero declinan dar más detalles sobre el asunto. El caso de León es una pieza de una investigación más amplia, que abarcaría de 2012 a 2018, y que arrancó por la denuncia de una funcionaria y de la última directora general del Imserso con el PP, Carmen Balfagón, que estuvo al mando durante la época de Dolors Montserrat. Balfagón es ahora vicesecretaria de Acción Social de Vox. Actualmente en Anticorrupción se investigan posibles contratos irregulares, contratos pantalla, dobles pagos por el mismo servicio o pagos que se hicieron por servicios informáticos no prestados durante los gobiernos del PP.

Anomalías en el caso de León

Además, según confirma un informe de “anomalías” elaborado por el Imserso el 9 de marzo de 2018, “es reseñable la multitud de testimonios de empleados que se quejan de este extraño suceso y la orden de no publicitar este asunto”, relata el texto interno sobre el traslado de servidores. También especifica que la operación de León tuvo el “informe negativo del responsable de seguridad y redes del Imserso”.

Con todo, los servidores estuvieron fuera cuatro años y, pese a que contenían información protegida, la fundación leonesa podía acceder a ella, como refleja una memoria de actuaciones a la que ha tenido acceso este medio: “En la medida en que la prestación del servicio implique el acceso de FCSCL (Fundación Centro de Supercomputación) a datos de carácter personal incorporados a los ficheros (...) deberá realizarse de la siguiente forma”. A continuación se especificaba que siempre serían datos propiedad del Imserso y se recordaba el deber de “confidencialidad” y “seguridad”, además de relatar las limitaciones que impone la ley e imponer el deber de “guardar secreto profesional”. FCSCL se comprometía también a comunicar “de manera inmediata cualquier fallo en su sistema de tratamiento”. Es decir, aunque había restricciones, esa fundación pudo acceder a ellos.

Los servidores fueron trasladados de nuevo a Madrid, bajo las instalaciones y control del Imserso, en diciembre de 2017, ya bajo el mandato de Balfagón, que había sustituido a Antón en noviembre de 2016.