Florentino Pérez consigue la gestión privada del Parque Nacional de Guadarrama y luego se deshace de ella

A Florentino Pérez le ha durado muy poco el interés por cuidar el Parque Nacional del Guadarrama. Apenas los días que han empleado dos empresas de ACS, Imesapi y Api Movilidad, en decidir que no les salían las cuentas y así, simplemente, abandonar el encargo de gestionar la parte madrileña del parque que les había adjudicado la Comunidad de Madrid a razón de 2,8 millones de euros.

Ambas contratistas pertenecen al grupo presidido por Pérez. El ejecutivo de Ignacio González (PP) tuvo que dejar sin efecto el 14 de abril la adjudicación a su favor que había firmado el 4 de marzo al “haber renunciado la UTE a la formalización del contrato”. La orden les asignaba la privatización del cuidado, gestión, investigación científica, limpieza y vigilancia del paraje natural con la mayor protección de la región. Según la resolución oficial, el contratista tiene que firmar el contrato tres días después de que “reciba el requerimiento” de la Administración.

En la Consejería de Medio Ambiente contestan que “la empresa nos ha informado de que no le compensa su oferta económica”. La verdad es que la rebaja que las contratistas ofrecían a la Comunidad de Madrid fue el factor determinante para decantar el concurso a favor de una o de otra: “El único criterio de valoración de las ofertas para su adjudicación será el precio”, dice la convocatoria.

Para solventar esta cuestión, símplemente “se le concede el contrato a la siguiente empresa mejor valorada en la lista. No hay por qué hacer otro concurso”, explican en el Gobierno regional. La afortunada es Audeca, una sociedad del grupo Elecnor. Audeca se presenta como “especializada en el mantenimiento integral de infraestructuras viarias y la conservación del medio natural”. Su matriz, Elecnor, está viviendo jornadas de agitación laboral porque es una de las contratas de Telefónica cuyos operarios están realizando una huelga general por sus condiciones de trabajo.

A pesar de que la contratación recae en la Comunidad de Madrid, se trata de un programa que está pagado, en su mayoría, por la Union Europea. Los fondos Feader ponen el 55% del presupuesto. El resto se lo dividen a partes iguales (22,5%) el Estado y la región.

Imesapi no ha contestado a eldiario.es acerca de los motivos que han provocado su estampida. Imesapi se dedica a la “conservación de carreteras, revestimientos industriales, jardinería, reforestaciones y plantaciones”, entre otras actividades. Dentro de su grupo aparece Api-Movilidad como sociedad enfocada a la señalización de vías. Ambas formaron una unión temporal de empresas (UTE) para concursar. No fue la única apuesta de ACS para hacerse con el contrato. Otra de sus filiales: Talher, acudió a la subasta pero fue excluida por “no aportar la documentación solicitada para subsanar”. Talher está dentro del grupo Clece.

“Poco margen de beneficio”

Fuentes conocedoras de este concurso apuntan que el contrato “estaba muy ajustado y casi todo el precio se iba en los salarios del personal por contratar. Había poco margen para beneficios”. De alguna manera, los cálculos de las empresas de ACS sobrevinieron en el último momento ya que lo que sí había hecho la UTE era abonar la “garantía definitiva” exigida por la Administración de “un 5% del precio de adjudicación”: 118.000 euros que deben devolverse, según admite la orden de anulación de Medio Ambiente. De igual manera, explican que si se “repitiera el concurso, implicaría la admisión por parte de Madrid de que habían cometido un error al redactarlo”.

Una portavoz de la Consejería ha dicho a eldiario.es que “no se va a dar el caso de que el Parque Nacional se quede sin gente” para gestionarlo. Un nuevo proceso de contratación desde cero obligaría a alargar la entrada en acción del personal sobre el campo.

Mª Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, analiza que “en este caso se dan tres factores fundamentales: la privatización de la gestión del medio natural, la adjudicación de los concursos con el único criterio de la oferta más barata y la opacidad de la Administración”.

Para Nieto, a la hora de gestionar la naturaleza “debe primar la conservación, sea o no rentable. Al sector privado eso no le interesa: debe buscar la rentabilidad”. A eso, prosigue, “se le añade que no se puede adjudicar la gestión de un espacio protegido a empresas constructoras y de servicios urbanos”.

El Parque Nacional de Guadarrama ocupa territorio de Madrid y de Castilla y León. Es el más reciente de España y, desde su inicio, ha sido utilizado por el Gobierno madrileño como reclamo turístico y agente económico. La Consejería de Medio Ambiente ha publicitado la multiplicación de visitantes que ha soportado el espacio protegido. Así, en diciembre de 2014 lanzó un concurso para la “conservación y gestión” de la zona. Ofrecía un presupuesto de 3,4 millones de euros y cerró el plazo de ofertas el 12 de enero de 2015.

El contrato generalizaba la presencia de la contratista en el parque y en la gestión diaria de esta área. La privatización alcanzaba “actividades de investigación, información, asesoramiento y control de visitantes, labores de mantenimiento, reparación y conservación, así como la limpieza de edificios, áreas recreativas y zonas de uso intensivo; y labores auxiliares de apoyo a la gestión”, según las condiciones técnicas descritas por Medio Ambiente.

Entre los numerosos proyectos científicos que se desarrollan en las cumbres de Guadarrama está, por ejemplo, “el correcto funcionamiento de la Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) Alto Lozoya” que precisa el seguimiento intensivo de la colonia de buitre negro que allí vive. También debe participar la contrata en “aprovechamientos, restauración forestal” o “naturalización de los pinares de repoblación”.

Por otro lado, la misma empresa está al cargo de la Oficina de Atención a la Población Local que gestiona “los trámites” de los municipios incluidos en las lindes del parque. También están añadidas las tareas de limpieza de centros. Otra área asignada a la contratista es el “control de visitantes” que incluye “la información, asesoramiento” así como “el recuento” de los turistas que entran. Además, están a cargo de las labores de vigilancia de las barreras de entrada de turismos, especialmente en la zona de afluencia masiva que constituye el canchal de La Pedriza. Incluso se les encarga montar el servicio de vigilancia nocturna en el acceso de ese sector.

Eso sí, estas labores de vigilancia, como remata el documento oficial, no pueden conllevar carácter de “autoridad”. Así que si pasa o detectan algo: “Cualquier alteración o suceso de interés o importancia será puesto en conocimiento del Director del Servicio, o en el 112 así como a la emisora central de los Agentes Forestales”.