Hace cuatro años el ultraderechista Anders Breivik mató a 77 personas en dos ataques en Noruega “para detener el multiculturalismo y la islamización”. Un 22 de julio que se conmemora con la celebración del Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del Odio. Según cifra Movimiento contra la Intolerancia, más de 4.000 delitos de odio se siguen produciendo cada año en España. Hace unos meses, el Gobierno puso en marcha el protocolo de actuación policial contra los delitos de odio, aplaudido por las organizaciones sociales, pero para las que “es insuficiente”, frente al “aumento de ataques de este tipo”.
El programa, que prevé el desarrollo de formación para los agentes policiales y “el apoyo a la víctima en la web del Ministerio del Interior” a través de la publicación de información, fue presentado el pasado diciembre por Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, que, entre otras cosas, anunció la incorporación de una serie de indicadores para, en teoría, facilitar la identificación de los delitos de odio por parte de policías y guardias civiles. Algo que, en opinión de José Cano, portavoz de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, “sería útil si fuera acompañado de un programa formativo amplio” porque “si un policía no sabe lo qué es un delito de odio, lo más probable es que, cuando ocurra, no lo vea o lo minimice”.
Y es que una de las claves de la erradicación de este tipo de delitos es que los agentes sean capaces de identificar y registrar como tal cualquier agresión que sufra una persona por su pertenencia a una etnia, raza, religión o práctica religiosa, discapacidad, orientación o identidad sexual, así como por su situación de pobreza.
Para ello, se han puesto en marcha cursos en las comisarías, “que cuentan con representantes de colectivos especializados”, según confirma el Sindicato Unificado de Policía (SUP), pero sigue habiendo “muchísimos policías operativos que no han recibido ninguno”, asegura Cano. “Si la formación sobre la Ley de Seguridad Ciudadana -la conocida como Ley Mordaza- no ha sido buena, no tenemos muchas esperanzas puestas en que esto se haga del todo bien”, comenta Javier Estévez, portavoz del SUP, aunque “es pronto y hay que seguir evolucionando”, sostiene.
Una ley integral
Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, lleva más de 20 años reclamando una actuación efectiva por parte de las instituciones y de la sociedad contra los delitos de odio, que, en su opinión “vienen motivados por la intolerancia a la diferencia”. La organización que preside considera que la puesta en marcha del protocolo y de la estadística sobre este tipo de agresiones que elabora el Ministerio del Interior desde hace dos años son pasos importantes “porque reconocen su existencia”.
Sin embargo, “son medidas que no solucionan el problema porque no fomentan actuaciones definidas y eficaces”, sostiene Ibarra. Por ello, ésta y otras organizaciones como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) centran sus reivindicaciones en que el Gobierno desarrolle una ley integral de protección frente al odio y la discriminación, en línea con la ley contra la violencia de género, “que ponga a la víctima en el centro, le otorgue atención psicológica, incluya medidas educativas de prevención y sensibilización mediática y fomente una mayor colaboración de los agentes policiales y jurídicos”.
“Hemos visto cómo policías, jueces y fiscales pueden estar delante de un 88 (símbolo que representa el saludo Heil Hitler) y no darse cuenta de que tienen un neonazi enfrente”, ejemplifica Ibarra. Su organización contabiliza más 4.000 delitos de odio anuales ocurridos en España, frente a los 1.285 registrados por el Ministerio del Interior en 2014, de los que un 40% están relacionados con la orientación sexual o identidad de género de la víctima. En 2013 la cifra era menor: 1.172. Un dato que corrobora el análisis de las organizaciones sociales: “los ataques motivados por el odio al diferente están aumentando”.
Sin embargo, esta estadística oficial es la “punta del iceberg del problema”, en palabras de Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, debido a, por un lado, la falta de denuncias (la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea calcula que entre un 60% y 90% de las víctimas no lo hace) y por otro, el hecho de que muchos delitos de este tipo se confunden con un delito común. En este sentido, se expresa José Cano, que ha participado en una investigación en el marco del programa europeo Redes Contra el Odio de la FELGTB: “hemos contactado con todas las academias de policía de España y en muchas de ellas no saben ni de qué estamos hablando cuando nombramos los delitos de odio”, sostiene.
Más de 1.500 webs que difunden discursos de odio
En opinión de las organizaciones sociales, uno de los aspectos que más deberían tener en cuenta las instituciones públicas es la propagación de discursos de odio vía Internet por parte de grupos xenófobos y ultraderechistas. Algo que, según Esteban Ibarra, está repuntando y lo hará con mayor intensidad en los próximos años “en parte porque la derecha está perdiendo poder en las instituciones españolas”.
En Movimiento contra la Intolerancia cuentan con una base de datos en la que registran las páginas webs y espacios en redes sociales que difunden material que promueve y alimenta las manifestaciones de odio. En total, lleva recopiladas más de 1.500. Por ello, el presidente del colectivo pide la aplicación del artículo 510 del Código Penal, que sanciona a aquellos que públicamente fomenten o promuevan discriminación, hostilidad o violencia contra personas por pertenecer a un determinado grupo.
“Fundamentalmente son grupos neonazis y racistas los que protagonizan estas agresiones”, explica el experto, que recuerda el apuñalamiento que el pasado 18 de mayo sufrió un joven antifascista en Valladolid, presuntamente a manos de un neonazi. Sin embargo, sostiene, “estos colectivos gozan de bastante impunidad en España”. El pasado 14 de julio el Tribunal Supremo confirmaba la absolución de los miembros del grupo ultra Frente Antisistema, conocida como la Operación Panzer, a pesar de que en los registros realizados durante la investigación se intervinieron varias armas.
Otros colectivos, como el centro social ocupado La Traba, ubicado en el madrileño barrio de Arganzuela, han alertado del aumento de actividad neonazi, que, en su opinión, responde “a una estrategia organizada de grupos de diferentes barrios que se reúnen en el Hogar Social Ramiro Ledesma”, un edificio ocupado en el centro de Madrid por grupos de ideología fascista que desató la polémica por repartir comida solo a personas de nacionalidad española.