El fotográfo Raúl Capín ha sido condenado por un delito de resistencia a una multa de 1.260 euros, a razón de seis euros diarios durante siete meses. La jueza ha considerado probada la acusación policial. Capín obstaculizó la función de los agentes y agredió a una funcionaria, a la que no lesionó, según la sentencia emitida por un juzgado de lo penal de Madrid.
“El acusado no solo entorpeció la labor policial empujando a la agente, sino que para evitar la detención de la persona que estaba retenida agredió a la policía dándole un rodillazo en los glúteos, haciéndola desestabilizarse y que la soltara, por lo que su conducta fue persistente y conocía el alcance de la misma”, señala la magistrada en la sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es.
El fotógrafo, que colabora con los medios Mundo Obrero y Diario Independiente Digital, siempre ha negado estas acusaciones y ha defendido su inocencia asegurando que en el momento de los hechos él estaba haciendo su trabajo, cubriendo una manifestación convocada bajo el título Marea Ciudadana el 23 de febrero del 2013. “Me resultaba imposible utilizar la fuerza para agredir. Solo estaba sacando fotos”, ha reiterado el acusado en varias ocasiones.
Los disturbios se produjeron cuando la concentración estaba terminando. Varios policías de paisano trataban de esposar a una de las manifestantes “por haber lanzado piedras contra ellos”, según declararon los agentes en el juicio, cuando comenzaron a llegar fotógrafos. “Enseguida se formó un corrillo de periodistas y había empujones porque los últimos cámaras que se acercaban querían sacar buenos planos. Cuando los policías vieron que estaban rodeados decidieron marcharse y la mujer huyó”, recordó Capín en el juzgado.
Sin embargo, la jueza indica que ese grupo de personas, entre ellos fotógrafos, “increparon” y “dieron golpes y empujones” a los policías, por lo que una de ellas se cayó al suelo y tuvo que soltar a la detenida. Entre las pruebas aportadas por la Brigada de Información de la Policía Nacional, la magistrada considera que hay una imagen en la que “se aprecia claramente” como el reportero gráfico “pone su mano en la espalda de la agente y le da un rodillazo”.
“La conducta desplegada por el acusado reúne todos los elementos que determinan el tipo objetivo del delito de resistencia”, continúa señalando la sentencia, “teniendo el acusado una actitud agresiva” y “absoluto desprecio por los agentes”. “El Sr. Capín no estaba legitimado, por más que pudiera parecerle excesiva e incluso injusta la actuación de los agentes, para acometer a uno de ellos en el ejercicio de sus funciones”, finaliza la magistrada.
Fallo recurrido
Esta decisión judicial dictada el pasado 24 de febrero reduce la pena solicitada por la Fiscalía. El Ministerio Público imputaba a Capín un delito de atentado contra la autoridad y le pedía dos años de cárcel. Al final, la magistrada ha impuesto una multa económica diaria durante siete meses por un delito de resistencia a la autoridad. La defensa del acusado ha recurrido esta decisión. “Se ha demostrado que no ha habido agresión, por eso no me han condenado por atentado”, indica el fotógrafo que esperaba que el veredicto fuese absolutorio.
Tras esta sentencia, Capín señala que a partir de ahora, ya con antecedentes judiciales, tendrá que ser más cauto a la hora de cubrir manifestaciones. “De momento voy a seguir haciéndolo, pero estas cosas hacen que tengas que pensar un par de veces si te pones en primera línea”, añade.
El reportero gráfico no fue detenido ni identificado cuando sucedieron estos hechos. “Tres meses después aparecieron unos policías encapuchados en mi casa, me dijeron que estaba detenido y me bajaron esposado a un coche que tenían aparcado en mi portal”. No fue el único, los agentes también arrestaron al reportero Adolfo Luján en su domicilio. Ambos fueron interrogados y privados de libertad durante más de 24 horas. Capín tiene otra causa abierta, en este caso junto a Luján, por unos incidentes ocurridos el 25 de abril del 2013 durante la protesta Asedia el Congreso.
Quejas ante las instituciones europeas
La eurodiputada Marina Albiol (Izquierda Unida) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) llevaron el caso de Capín a las instituciones europeas. Albiol denunció en el Parlamento Europeo que este proceso judicial formaba parte de la “estrategia de persecución, criminalización y represión” que el Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha en los últimos años “contra medios y periodistas críticos”. Por su parte los miembros de la PDLI presentaron una queja ante la Comisión Europea al considerar que este juicio no era un caso aislado y aseguraron que los periodistas en España son denunciados de “forma de frecuente”.