Una recaudación histórica en 2018. Nunca en la historia de la democracia,la Iglesia católica había logrado recaudar tanto dinero a través del IRPF, ni con el primer modelo (vigente hasta 2007, y que daba el 0,52% de la 'X' de la Renta a los obispos, además de un 'complemento presupuestario'), ni con el actual, que otorga el 0,7% de los impuestos de aquellos que quieran dar parte de su dinero a la Conferencia Episcopal. A fondo perdido, sin saber exactamente a qué lo dedican.
Son 267,83 millones de euros, 11,6 millones más que el año anterior, aunque el número de contribuyentes que marcan la casilla se mantiene prácticamente igual, en torno a un 33% del total. Este récord de recaudación, que se debe sobre todo a que el Estado ha recaudado más, ha extrañado incluso a los más optimistas en la Casa de la Iglesia, que esperaban una sensible reducción en el número contribuyentes que iban a marcar la casilla. Sin embargo ha habido 51.658 declaraciones más.
En qué se gasta ese dinero recogido por la renta de todos los españoles sigue siendo una duda sin aclarar. Lo más parecido a un ejercicio de transparencia es su 'Memoria Justificativa de Actividades' -una publicación que los obispos se comprometieron a publicar, cada año, desde 2007- en la que tratan de explicar todas las actividades que, en su opinión, realiza la Iglesia por la sociedad.
Sin embargo, la opacidad es una constante. Según la memoria, el dinero de la Renta podría destinarse hasta a trece apartados diferentes, desde actividad socio-caritativa, a atención pastoral, sanitaria, catequesis o arreglo de templos. Sin embargo, la realidad es que ocho de cada diez euros (199,7 millones de euros en 2017) se destinan directamente a pagar el sueldo de los 19.000 sacerdotes españoles. El resto, casi en su totalidad, a abonar la Seguridad Social del Clero, porque los curas funcionan, en la práctica, como autónomos. Las monjas, que deben cotizar, no cobran sueldo, como los frailes, por el voto de pobreza. Algunas religiosas que han dejado los hábitos se han llevado la sorpresa al jubilarse de que ni siquiera habían cotizado por ellas y se han quedado con la mínima pensión.
El grueso del dinero, explican los obispos, se envía directamente a las diócesis “para la realización de sus actividades pastorales”. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente, que el dinero de los impuestos de los ciudadanos que así lo deciden se dedica a pagar el salario de curas y obispos. En román paladino: que, en la práctica, el Estado financia el sueldo del clero católico y su jerarquía.
¿Y cuánto cobra un cura en España? El sueldo medio de uno de los 19.000 sacerdotes españoles está en torno a los 900 euros al mes, en catorce mensualidades, mientras que el de un obispo asciende a unos 1.250 euros al mes. A ello hay que sumar los gastos comunes de las casas parroquiales o sedes episcopales –asumidas por la comunidad o la diócesis correspondiente–. A los ingresos hay que añadirle lo recaudado como donativos o por el cobro de los “servicios pastorales” (bodas, comuniones, funerales, bautizos, etc..), que no se registran y, por lo tanto, no están sujetos a investigación ni fiscalización alguna. Una cantidad que nadie se ha atrevido a cuantificar, pero que algunas fuentes datan en alrededor de un tercio del presupuesto de las diócesis.
El resto de la recaudación vía IRPF, siempre según los obispos, se destina al “importe de las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social por el conjunto de sacerdotes diocesanos”, que alcanzó los 16 millones de euros en 2017. Los sacerdotes españoles cotizan por el Salario Mínimo Interprofesional. Ahí, según Barriocanal, irán 3 millones extra de los 11,6 millones de superávit en este ejercicio ya que han subido las cuotas de cotización de los autónomos en 2019.
Otras pequeñas partidas de los recaudado del Estado van para aportar una cantidad a Cáritas (seis millones en los últimos años), o para comunicación, en cuyo conglomerado está TRECE, la televisión de la Iglesia española. Y es que los obispos asumen toda la deuda de este medio de comunicación, que acumula pérdidas por encima de los 80 millones de euros.
La Iglesia también aporta casi 6 millones de euros a distintas facultades eclesiásticas, mientras que en las denominadas “Campañas de Financiación de la Iglesia” (Asignación Tributaria y Día de la Iglesia Diocesana) se invirtieron 4,6 millones el año pasado. O, de otro modo: las arcas públicas financian la publicidad de la Conferencia Episcopal.
La “Rehabilitación y construcción de templos” se llevó en 2017 un total de 4,58 millones de euros de la “X” de la Iglesia (la reparación de catedrales o bienes corren a cargo del Estado), mientras que “el funcionamiento de la estructura de la Conferencia Episcopal”, el órgano de gobierno de los obispos españoles, sumó otros 2,6 millones de euros. También se dedica dinero a las actividades pastorales en el extranjero, o un pequeño fondo que cobran las diócesis insulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla). Los profesores de religión o los sacerdotes de las Fuerzas Armadas o los hospitales corren a cuenta del Estado.
El resto de los recaudado por la Iglesia, pues siempre hay superávit -en 2017, 4,8 millones-, va al “Fondo de Estabilización del Sistema”, una partida totalmente opaca cuyo destino nadie conoce. A dicho fondo irán a parar los 11,6 millones de más de la Renta de este año (excepto tres millones destinados a pagar el incremento vía autónomos), según confesó el gerente del Episcopado, Fernando Giménez Barriocanal.