El Gobierno aprueba un acuerdo entre ministerios con un catálogo de medidas para frenar la violencia machista

Casi el doble de mujeres asesinadas en mayo y junio que en los cuatro primeros meses del año. El fin de las restricciones por la COVID-19 aceleró los crímenes mortales por violencia machista como pocas veces había ocurrido antes. Esta misma semana dos hombres más han matado a sus parejas en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Sabadell (Barcelona), lo que ha elevado los casos a 28 este 2021. El repunte tras la caída del estado de alarma llevó al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Igualdad, a activar un diagnóstico para buscar fallos y posibles mejoras en la protección de las víctimas que, tras una primera fase en colaboración con asociaciones, comunidades, ayuntamientos e instituciones ha dado lugar a un primer paquete de medidas al que prevé dar luz verde el Consejo de Ministros este martes.

Se trata de un acuerdo entre varios ministerios –Igualdad, Interior, Derechos Sociales y Agenda 2030, Justicia y Sanidad– que incluye más de una decena de reformas “urgentes” que tendrán que poner en marcha, centradas en ámbitos como la implicación del entorno de la víctima y toda la sociedad, la detección temprana de la violencia, “el apoyo a la autonomía” de las mujeres, la coordinación institucional o la “mejora de la protección” de las víctimas y sus hijos e hijas. Ello con la vista puesta en “avanzar en la consolidación de la respuesta institucional a la violencia machista como cuestión de Estado”, reza el acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Se trata del primer paso del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género anunciado por la ministra Irene Montero, pero no lleva aparejado un compromiso económico, por lo que la puesta en marcha de las medidas estará “condicionada” a las “disponibilidades presupuestarias” en cada caso y en función de “la senda de consolidación fiscal fijada por el Gobierno”, especifica el texto. Además, en el caso de las implementaciones que dependan de comunidades y ayuntamientos, por ejemplo, las que se refieren a servicios sociales, tendrán carácter potestativo.

Protección aunque no denuncien

Desde 2003, año en que empezaron a contabilizarse oficialmente, son 1.105 las mujeres asesinadas, mientras que el número de denuncias supera anualmente las 150.000. Sin embargo, las que lo hacen son una minoría: según la Macroencuesta de 2019, no llegan al 30%. Proteger a estas mujeres y ensanchar las vías para que, aunque no denuncien o desistan del proceso una vez lo hacen, salgan de la violencia es uno de los objetivos marcados por el plan, que contempla medidas más y menos concretas. Para ello se impulsará la inclusión en el Sistema VioGén, la herramienta con la que las comisarías realizan valoración del riesgo y seguimiento de las víctimas, de los Servicios Sociales y aquellos que están especializados, a los que ellas acuden en la mayoría de casos sin denuncia de por medio.

“Mejorar el servicio ATENPRO”, que es el que ofrece atención telefónica y localización inmediata a las víctimas 24 horas, para los casos en los que no haya denuncia será otra de las intenciones, aunque no detalla el acuerdo de qué forma se hará. Y también en el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad, se elaborará una instrucción para “promover” Formulario Cero, una herramienta diseñada por Interior para recopilar la información que en ocasiones los agentes policiales recogen de familiares o allegados de las víctimas cuando entran en contacto con un caso y la mujer no denuncia. El objetivo es tener todos esos datos también a disposición “para generar mecanismos de protección”.

En el ámbito de Sanidad se prevé la puesta en marcha de “un instrumento estandarizado” dirigido a detectar la violencia de género desde Atención Primaria “que será objeto de una implantación progresiva en todo el territorio del Estado”, así como el impulso de formación específica en detección precoz, en indicadores de sospecha y riesgo para los profesionales de la salud, la red de Servicios Sociales, el ámbito educativo o la Inspección de Trabajo. También estipula el desarrollo de una acción formativa “obligatoria” y “masiva” entre Interior e Igualdad a los cuerpos policiales que están en contacto con víctimas y el refuerzo de formación para los operadores jurídicos.

La violencia de género “sigue asolando nuestra realidad”

La violencia vicaria, la que ejercen los agresores contra los hijos e hijas en un contexto de violencia de género, también se ha incorporado en este primer paso del plan. La intención es poner en marcha las medidas sobre este asunto contenidas en la Ley contra la Violencia hacia la Infancia, que ya ha entrado en vigor, entre ellas el derecho a que los menores sean escuchados en todos los procesos, para lo que los ministerios han acordado la elaboración de un plan dirigido al ámbito judicial y servicios sociales sobre los niños, niñas y adolescentes como víctimas directas de la violencia de género que sufren sus madres. Esto es algo que la ley reconoce en España desde 2015, pero a lo que se le ha dado escasa aplicación práctica.

También se propone que en los Servicios Sociales de los ayuntamientos se implante una especie de “ventanilla única” para que canalice todo lo que tenga que ver con las víctimas de violencia de género, las peticiones de ayudas y prestaciones o la atención a ellas mismas y familiares. Y con ello intentar “fortalecer el acceso cercano a la autonomía económica y el acceso a la vivienda” de las mujeres. En el caso de la coordinación institucional, la medida es la elaboración de una guía que sirva para actualizar y mejorar los protocolos actuales y prevé la “promoción” de programas de “rehabilitación y formación” para agresores condenados. En el ámbito del entorno de la víctima y la sociedad, propone la elaboración de campañas “permanentes” dirigidas a interpelar a la población “para actuar ante la violencia de género y sexual”.

El acuerdo elevado al Consejo de Ministros especifica que se trata de un primer paso, y que el plan de mejora de la respuesta institucional es parte de un “marco amplio” de revisión. Porque “a pesar de los grandes avances que estamos realizando como país”, establece el texto, “la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas sigue asolando nuestra realidad, consecuencia de una discriminación sistémica e histórica, que para su eliminación necesita del compromiso inapelable de todas las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto”.