El Gobierno se compromete a inyectar hasta 6.000 millones al sistema de Dependencia en los próximos tres años

Una década después de que el sistema de ayuda a la Dependencia comenzara a sufrir una batería de recortes que lo dejó con una financiación que hacía imposible ofrecer un servicio de calidad, los Presupuestos Generales para 2021 recogen una inyección de 600 millones de euros. Pero el compromiso del Gobierno de coalición va más allá. Según el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023 diseñado por la Vicepresidencia segunda, al que ha tenido acceso elDiario.es, esta inversión se replicará en las siguientes cuentas públicas de la legislatura de forma acumulativa, lo que supondrá unos 3.600 millones. Además, otros 2.500 millones del fondo europeo para la recuperación tras la pandemia irán destinados al sistema, aunque dependerán de los proyectos presentados por las comunidades autónomas. El montante en toda la legislatura rondará los 6.000 millones.

El plan ha sido debatido y finalmente aprobado por las comunidades autónomas este mismo viernes por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que reúne al Gobierno con los consejeros. De hecho, son los gobiernos autonómicos los responsables de ejecutar la mayor parte del presupuesto destinado a Dependencia. La reunión la presidirá el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

“El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se compromete a incluir en sus propuestas para los presupuestos de 2022 y 2023 nuevos aumentos, acumulativos, de una magnitud similar” a los de las cuentas 2021, recoge el documento. Es decir, 1.200 millones para 2022 y 1.800 para 2023. Este dinero, según el acuerdo, irá dedicado a “reducir sustancialmente la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes”, a “asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el sistema de Dependencia son adecuadas, como garantía de la calidad de la atención que reciben las personas beneficiarias del sistema” y a introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad“.

A este acuerdo se han sumado los agentes sociales. La secretaría de Estado de Derechos Sociales que dirige Nacho Álvarez ha cerrado con sindicatos y patronal su participación en el plan para intentar garantizar su cumplimiento. De hecho, en una entrevista con elDiario.es del pasado mes de noviembre, Álvarez asegura que pese a abordar “un incremento muy ambicioso” en los Presupuestos de este año, “es necesario seguir planteando aumentos similares los años siguientes para, al final de la legislatura, habernos acercado a ese objetivo del 50% [de financiación] entre Estado y comunidades del que estábamos muy lejos cuando entramos en el Gobierno”. Actualmente, ese reparto es del 20% por parte del Gobierno y del 80% por parte de las comunidades.

El plan recoge también un calendario de implantación de las medidas que contempla, lo que permitirá trazar los cumplimientos tanto de la Administración Central como de las autonómicas y locales, cada una en función de su competencia. La idea, según el documento, es “priorizar aquellas que son más urgentes y que pueden aplicarse de forma más inmediata”. También se acompaña de “una estimación adecuada” del coste de cada una de ellas.

Teleasistencia en cada hogar en 2022

Así, por ejemplo, en febrero de este mismo 2021 debería estar lista una propuesta de mejora del procedimiento administrativo que permita reducir las listas de espera. En el primer semestre de 2021 también se revisará el sistema de copagos del servicio.

Uno de los puntos más esperados por las familias se refiere a la teleasistencia en el hogar. El plan recoge que en el segundo semestre del año deberá estar listo un acuerdo sobre teleasistencia que defina “condiciones del servicio, definición de la teleasistencia avanzada y su papel en el sistema”. Según el documento, “a lo largo de 2022” se deberá garantizar “el acceso al servicio de teleasistencia de todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio”.

Para permitir esta inversión el Gobierno recuperará las dos vías de financiación que eliminó Mariano Rajoy. Hasta 2013, el Ejecutivo aportaba a las comunidades autónomas una cantidad fijada en los Presupuestos llamado “nivel acordado”. Además, otra vía era el “nivel mínimo”, que se aportaba a cada región en función de diferentes indicadores, como el número de dependientes efectivamente reconocidos y atendidos.

2.500 millones de los fondos europeos

El impacto de la pandemia provocada por el coronavirus empujó a Europa a aprobar el llamado Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España recibirá unos 140.000 millones de diferentes formas y en distintas anualidades.

De ese dinero, unos 2.500 millones irán destinados al sistema de Dependencia, según fuentes gubernamentales. El destino de estos fondos serán las residencias, la teleasistencia, los centros de día o la formación de los trabajadores, entre otros. Solo para residencias, donde impactó de forma más brutal la pandemia en la primera oleada de 2020, están previstos 2.100 millones en tres años con cargo a Europa.

Estos fondos, con todo, dependen de los proyectos que presente cada comunidad autónomas. El Consejo Territorial de este viernes ha aprobado los criterios para el reparto del dinero proveniente de Europa, pero no todavía el montante que irá a cada administración.