El Gobierno prevé rebajar el tamaño de los parques eólicos que deben pasar el trámite más estricto de evaluación ambiental. El Ministerio de Transición Ecológica reduce de 50 a 10 el mínimo de aerogeneradores instalados para someterse al proceso ordinario más exigente, según un borrador de real decreto. Además, si el proyecto se asienta en un espacio protegido, no existirá tamaño mínimo para obligar a este tipo de evaluación; hasta ahora tenían que alcanzar, al menos, los 10 molinos de viento.
Estos cambios están dentro de una revisión de la lista de proyectos que obligan a alguna evaluación ambiental, es decir, a un estudio que garantice “una adecuada prevención de los impactos concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación”, como establece la ley. Además de los campos eólicos, el nuevo listado incorpora proyectos de regadío, de infraestructuras hidráulicas, de reforestación o de transformación de suelos.
El asunto de los parques de aerogeneradores llega al tiempo que se está produciendo un auge acelerado de estos proyectos en zonas rurales. La implantación de energías renovables responde a la necesidad de desengancharse de los combustibles fósiles, que son la causa de la crisis climática planetaria. La cuestión es que los recursos para generar energías renovables no se distribuyen por todo el territorio, sino que hay zonas ricas en viento o sol aprovechable. Al mismo tiempo, existen áreas que pueden soportar la instalación de las infraestructuras y otras que, por su sensibilidad ambiental, no. El 50% de territorio es “no apto” para estos proyectos, según el mapa oficial de Transición Ecológica.
Así, los planes para colocar molinos han proliferado en la cornisa cantábrica, en Teruel, en el norte de León o en Galicia. La multiplicación de proyectos ha levantado temor y protestas de las poblaciones afectadas (unidas en varias plataformas) ante el temor a un desarrollo incontrolado al calor del boom de las energías verdes.
La acumulación de nuevos planes ha hecho que la propia Xunta de Galicia haya anunciado esta semana una moratoria de 18 meses para nuevos proyectos eólicos de su competencia hasta poder tramitar los 275 proyectos que tiene acumulados. En Catalunya, el acuerdo de Gobierno entre ERC, Junts y la CUP también introdujo un freno al concretar que no se dará “viabilidad a ningún proyecto de alto impacto territorial” en su punto sobre energía y acción climática.
Lo que hace la revisión de Transición Ecológica es, en principio, que la evaluación ordinaria –que implica más análisis, más informes técnicos y, por tanto, más plazo– se aplique a más proyectos al reducir el tamaño mínimo de los parques que se verán implicados. Tras la modificación a la baja de plazos que decretó el Ejecutivo en diciembre de 2020, mientras la evaluación estricta implica más de un año de tramitación, la simplificada dura aproximadamente tres meses. La evaluación es el instrumento que han señalado tanto la Asociación de Energías Renovables como la misma vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, para tranquilizar a los habitantes de las zonas donde comienzan a concentrarse los proyectos eólicos.
“Garantizará evaluaciones de impacto ambiental más exigentes”, dicen en Transición Ecológica. El texto que modifica los anexos de la ley de Evaluación ambiental “aumenta el número de proyectos” que deben someterse a este análisis, y valora: “Se incrementa así la protección”. El Ministerio ha calculado que se pasará de 81 a 90 los tipos de proyectos incluidos en las listas que obligan a alguna evaluación ambiental.
Nuevos regadíos, presas y plantaciones
Además de los parques eólicos, también se ha incluido en la lista de proyectos que requerirán una revisión ambiental más completa la transformación en regadío –o consolidación– de más de 100 hectáreas por su consumo de recursos hídricos (actualmente pasan por la evaluación simplificada). Esa superficie nueva de riesgo se limita a solo 10 hectáreas si del agua que van a utilizar dependen espacios protegidos o se extrae de masas en mal estado, sobreexplotadas o en riesgo de estarlo. También se exigirá ese examen si el agua que se filtre desde los cultivos (cargadas de agroquímicos) retorna a acuíferos o lagos o lagunas dañadas o zonas vulnerables a la contaminación química.
Garantizará evaluaciones de impacto ambiental más exigentes
El 40% de todas las aguas de las que vive España están en mal estado, según los análisis de las confederaciones hidrográficas. El 24% de los acuíferos están sobreexplotados por extraer más agua de la que pueden recargar. El consumo hídrico ya provoca que, incluso en años con precipitaciones normales, se extiendan situaciones de escasez. El gran consumidor de agua es el sector del regadío.
En este campo hidrológico, la evaluación completa se aplicará a las presas que pretendan inundar (nueva o adicional) 100 hectáreas o más. También se han incorporado los proyectos de embalsamiento que se queden con el 5% del caudal de un río o que se planten en espacios naturales y vivan de ese agua. El texto menciona especialmente los ríos que sean habitados por peces migratorios: tanto los que regresan a los cauces desde el mar, como los salmones, como aquellos que hacen el viaje inverso, como las anguilas.
También es una novedad la obligación de evaluar ambientalmente los proyectos para plantar especies forestales no autóctonas con el objetivo de cambiar la función o uso del suelo. Si el plan se traza en algún espacio protegido bastará una superficie de 10 hectáreas para exigirse ese análisis. Si la plantación se planifica en otros espacios, el umbral para hacer una evaluación simplificada será de 50 hectáreas. La norma considera árboles no autóctonos aquellos diferentes a la vegetación que caracterizaba esa zona. Un ejemplo podría ser una explotación de eucaliptos en áreas donde nunca estuvo implantado.
El borrador de decreto especifica qué considera un espacio natural protegido, donde los umbrales para que cualquier proyecto deba contar con un análisis más exhaustivo son más reducidos. El texto, ahora en información pública, hace referencia directa a la Red Natura 2000, los humedales de importancia internacional Ramsar (como son el Mar Menor o la Tablas de Daimiel), los sitios Patrimonio de la Humanidad (como Doñana), las áreas del Convenio de medio marino del Atlántico Nordeste (OSPAR), las zonas núcleo de Reservas de la Biosfera o las zonas especialmente protegidas de la región costera del Mediterráneo (Zepim) como es el corredor de migración de cetáceos que discurre entre Girona y Alicante y paralela al archipiélago de las Islas Baleares.