El Gobierno estudia utilizar los servicios jurídicos del Estado “como parte en la defensa de la víctimas” de violencia sexual. Es decir, utilizar los abogados del Estado en los casos de abuso y agresión, según ha explicado este viernes la ministra Portavoz, Isabel Celaá tras el Consejo de Ministros.
Celaá ha explicado que el Ejecutivo “respeta las decisiones judiciales”, como el auto de libertad provisional de los miembros de La Manada, pero, que “se hace eco de la alarma social de las mujeres” levantada por esta resolución debido a que “los hechos probados gravísimos”. Una decisión judicial que provocó una oleada de protestas nada más conocerse. La portavoz ha insistido en que “la regla de oro general es la de que a un condenado en prisión provisional se le mantiene esa prisión provisional, sobre todo cuando tiene una sentencia de 9 años, hasta el cumplimiento de la mitad de la condena”.
“Queremos proteger a las mujeres y a las jóvenes”, ha asegurado Celaá antes de anunciar el compromiso del Ejecutivo. Sin precisar más sobre esta medida, la ministra ha asegurado que “no todos los casos son iguales. Este es un caso de hechos probados gravísimos. Ella dijo no. Es la opinión en el ambiente social y es un hecho probado. El Gobierno habla de la mediación en este caso. Los demás, ya se verá”. Luego fuentes gubernamentales han aclarado que, al no haber estado en las fases previas, el Estado no puede personarse en la etapa de recursos del proceso a La Manada.
La portavoz ha resumido que “estamos especialmente sensibilizados en los casos de violencia sexual”. En este sentido también ha añadido que se ha presentado una proposición de ley orgánica en el Congreso de los Diputados que incorpora medidas urgentes contra la violencia de genero.