Los restos de Franco se trasladarán a un osario si la familia se desentiende de ellos

El Gobierno puede trasladar los restos cadavéricos del dictador Francisco Franco al osario del que todo cementerio debe disponer para depositar los resultados de las exhumaciones si la familia no reclama esos restos como indica la normativa sobre sanidad mortuoria. “Un osario o algún otro lugar que otorgue la dignidad a la que obliga la reglamentación ya que este cementerio es un tanto peculiar porque no es parroquial ni púbico de un ayuntamiento”, recuerda el catedrático de derecho eclesiástico del Estado, Miguel Rodríguez Blanco.

Este plan B ante una posible negativa de la familia Franco a responsabilizarse de lo que quede del cadáver del general ya fue adelantada por la Cadena Ser. “Exhumaciones se hacen muchas. Por motivos de espacio, por clausura o traslado del cementerio...etc”, cuenta el catedrático. Por eso, la normativas sanitarias y los reglamentos de necrópolis de todo el país incluyen la necesidad de que exista un espacio habilitado para colocar los restos cadavéricos en caso de que los cuerpos no sean reclamados.

“En el caso de los cementerios públicos, las sepulturas son consideradas bienes de dominio público sobre el que las familias realizan un usufructo. En los parroquiales, las sepulturas son bienes de la Iglesia”, subraya Rodríguez Blanco. La necrópolis del Valle de los Caídos está gestionada por una fundación bajo Patrimonio Nacional.

Por eso, los distintos decretos y reglamentos que regulan los enterramientos en las comunidades autónomas y los municipios especifican que, al realizarse exhumaciones, se trate de contactar con los familiares y, si no es posible ese contacto o no hay petición de los restos, puedan trasladarse los restos a un lugar legalmente cubierto. Los traslados pueden darse por el deterioro de las sepulturas, por el fin de los derechos de uso, por orden judicial....etc.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reiterado su “voluntad política” de sacar los restos de Franco de la fosa en la fueron colocados en 1975. De hecho, el Ejecutivo asegura que se ha dotado de un “sustento jurídico” para llevar a cabo la operación. A pesar de que la familia ha declarado que no quiere la exhumación y se niega a hacerse cargo de los restos y que el prior de la abadía del Valle parece atrincherado en su posición de defensa de la tumba franquista