La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) puede tener los días contados. Al menos esta es la intención del Gobierno, que este viernes ha reafirmado su intención de extinguir o ilegalizar aquellas organizaciones que hagan apología de la dictadura franquista, tal y como estipula la Ley de Memoria Democrática. “La Fundación Francisco Franco no cabe en democracia en ningún caso. Lo que se va a hacer es extinguirla. Esta y toda otra que defienda al dictador o vanaglorie a quienes defendieron el franquismo”, ha dicho esta mañana el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Así de contundente se mostró este viernes en una entrevista en la Cadena Ser Canarias, poco antes de visitar la colonia agrícola de Tefía (Fuerteventura) y nombrarla Lugar de Memoria por la represión sistemática contra las personas LGTBI que allí se produjo. Aún así, sus palabras no implican un anuncio de extinción inminente de la fundación, aclaran fuentes del Ministerio, pero sí la confirmación de que el Gobierno sigue adelante en sus planes desmintiendo la publicación de Okdiario, que apuntaba a que Pedro Sánchez daba marcha atrás al considerar que la fundación cumple la ley.
“El Gobierno no renuncia en absoluto a su extinción”, apuntan las mismas fuentes. Poco después, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, respaldaba las palabras Torres y ha justificado la decisión porque “en una democracia consolidada como la española no puede haber una organización que homenajee a un dictador”, afirmaba.
La anomalía española de contar con organizaciones que hacen apología del fascismo no acaba en la Fundación Nacional Francisco Franco. A ella se suman otras como la Fundación José Antonio Primo de Rivera o la Fundación Blas Piñar, líder histórico de la extrema derecha y fundador de Fuerza Nueva, que tuvo cargos políticos con Franco. Aún así, la FNFF sí es la más paradigmática y activa. Ha recurrido ante los tribunales cambios de callejeros franquistas, la retirada de la estatua de Franco de Melilla o el cambio de nombre de la unidad de la Legión que homenajea al dictador. Son, además, quienes cada 20N celebran misas en su honor en el aniversario de su muerte.
Intenta blindarse
La intención de La Moncloa se mantiene incluso tras el cambio de estatutos que ha hecho la fundación con el objetivo de intentar sortear la Ley de Memoria Democrática, según ha confirmado su presidente Juan Chicharro, que augura una “dura lucha” en los tribunales si el Ejecutivo cumple finalmente con su plan.
Es la segunda vez que la organización modifica sus fines, tal y como adelantó La Razón. En la primera ocasión, en 2018, eliminó de sus propósitos frases como la “proyección del ideario de Franco” o la “exaltación de su vida como modelo de virtudes” e incluyó como objetivo “difundir y promover el estudio y conocimientos sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años como como Jefe del Estado español, capitán general y Generalísimo de los ejércitos”.
En un segundo retoque, que según el medio conservador fue presentado en el registro del Ministerio de Justicia el pasado 26 de junio, la fundación añade a sus fines que, en todo caso, “velará por el máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo de la historia de España comprendido entre 1931 y 1977, evitando siempre el menosprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares”.
No es un párrafo inocente: la Ley de Memoria Democrática establece que será causa de extinción de fundaciones aquellas que hagan apología del franquismo o enaltezcan a sus dirigentes. Pero, por recomendación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para el que la apología de la dictadura está amparada por la libertad de expresión, el Gobierno añadió que hace falta “menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas o incitación al odio o violencia” contra ellas.
A pesar de que la Fundación Francisco Franco quiere utilizar esta previsión para intentar blindarse ante su extinción, el Ejecutivo cree que estos cambios no condicionarán un objetivo que ya Pedro Sánchez anunció por primera vez hace seis años y sostiene que, más allá de los estatutos, “basta entrar a la página web” de la organización “para comprobar que su mantenimiento es una exaltación permanente de la figura del dictador y de la obra de la dictadura”. “Esto supone en sí mismo menosprecio y humillación a sus víctimas”, remachan fuentes del departamento dirigido por Torres.
El proceso “está en marcha”
Sin embargo, la pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Cultura, del que depende el Protectorado de Fundaciones, que es el organismo que debe instar a la extinción judicial de las fundaciones. Fuentes del departamento dirigido por Ernest Urtasun descartan hablar de plazos concretos, pero confirman que el procedimiento “está en marcha” y apuntan a que se están viendo “los procedimientos y mecanismos para hacerlo con todo el rigor jurídico” porque no obvian que se trata de “un proceso complejo”.
Si Cultura puede ya definir la hoja de ruta de la extinción de fundaciones franquistas es porque el pasado verano el Gobierno dio un paso para impulsar el procedimiento. Así, aprovechó el Real Decreto con el que prorrogaba las medidas anticrisis aprobado en junio para incorporar algunas medidas que habían decaído la legislatura anterior tras el adelanto electoral: los permisos de conciliación incluidos en la Ley de Familias, el derecho al olvido oncológico y también la modificación de la Ley de Fundaciones a la que obligaba la Ley de Memoria Democrática para proceder a la extinción.
En la práctica, lo que hace el texto es dejar estipulado el procedimiento y dictar los plazos y pasos a seguir por parte del Protectorado de Fundaciones.
Lo que sí está todavía pendiente es incluir en la ley que regula el derecho de asociación la apología del franquismo como causa de disolución. Y es que hay diferencia entre unas y otras. De hecho, la Ley de Memoria Democrática estableció procedimientos diferentes: en el caso de las fundaciones, como la FNFF, lo que el Gobierno prevé hacer es extinguirlas; con las asociaciones, la idea es disolverlas. Un extremo que depende del Ministerio del Interior, que en la pasada legislatura ya había iniciado el proceso de modificación pero que decayó con la convocatoria de elecciones generales.