Se empieza a materializar el ambicioso plan del Gobierno, anunciado por el presidente Pedro Sánchez, para proteger a niños, niñas y adolescentes en el entorno de internet. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la pata legislativa del conjunto de medidas previstas con el anteproyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales, que obliga, entre las novedades más destacadas, a los fabricantes a incorporar por defecto un sistema de control parental en todos sus móviles, tablets, ordenadores de uso personal y televisores inteligentes, avanzan fuentes del Gobierno.
Este sistema, a falta de concretarse su implementación, deberá ser gratuito y universal, para resolver las posibles “asimetrías” que se generan con la autorregulación y evitar que quede en manos solo de las compañías. Algunos dispositivos ya incorporan estos mecanismos aunque no todos. El Ejecutivo asegura que estas medidas entran dentro de su “marco competencial”.
Entre los puntos más importantes, el texto –elaborado de manera coordinada por los ministerios de Juventud e Infancia, Presidencia y Justicia y Transición Digital–consagra por primera vez el derecho de los niños, niñas y adolescentes a hacer uso de las tecnologías sin ponerse en peligro. Se trata de una norma, trasladan desde el Gobierno, que busca “proteger y garantizar derechos al mismo tiempo”, como el acceso a una información veraz de los niños y niñas.
Además, el anteproyecto incluye, como ya se anunció, el desarrollo de una estrategia nacional para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales que se nutrirá del trabajo que está realizando desde finales de 2023 un comité de 50 expertos y expertas. El informe de este grupo se presentará el próximo 20 de junio.
Con el paquete compuesto por leyes, estrategias e informes, el Gobierno pretende crear una “malla” para dar respuesta a un aspecto muy presente en la vida de los niños, niñas y adolescentes que está “sin estructurar”, dicen fuentes del Ejecutivo.
Orden de alejamiento virtual
Esta “malla” incluye cambios de calado, por ejemplo, en el Código Penal para “ejercer una protección eficaz frente a los nuevos delitos tecnológicos”, ha adelantado El País.
Por un lado, se incorpora la “pena de alejamiento de los entornos virtuales” para prohibir el acceso o la comunicación a través de redes sociales, foros, plataforma de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual en los casos en los que “el delito se comete en su seno”. Para ello habrá que modificar los artículos 33, 39, 40, 45, 48, 56, 70 y 83 del Código Penal. El cambio responde, según El País, al “gran incremento de la delincuencia virtual” y permite “evitar la reiteración de la conducta punible en los espacios virtuales.
Otro cambio importante tiene que ver con los conocidos en inglés como deepfakes, es decir, imágenes o voces manipuladas tecnológicamente y aparentemente reales. Estas conductas entrarán en el Código Penal con “pena de prisión de uno a dos años” a quienes sin autorización y con ánimo de menoscabar difundan este tipo de contenidos. A partir de ahora, además, se podrán eliminar contenidos e intervenir en su generación cuando van en contra del interés superior del menor. Hasta este momento, la justicia solo podía entrar en este campo por motivos de protección a la propiedad intelectual.
España vivió hace casi un año un caso gravísimo que afectó a decenas de chicas jóvenes de Almendralejo, en Badajoz. Sus desnudos 'falsos' circularon entre los móviles de sus compañeros de clase. También les ha pasado a varias famosas que han denunciado estas prácticas consolidadas en la era de la inteligencia artificial como una nueva forma de violencia contra las mujeres. El anteproyecto también contempla el agravamiento de las penas en ciertos delitos en los casos en los que el infractor utilice una “identidad falsa, ficticia o imaginaria” para “facilitar la ejecución de la conducta delictiva”. O se atribuya una edad que no tiene, por ejemplo.
Medidas en la escuela y el pediatra
La pata legislativa del plan también incluye medidas en el ámbito sanitario. Se atiende así a una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para “reorganizar los entornos que influyen en la salud mental” de los menores, según fuentes del Gobierno. Los programas de revisión anuales de los niños y niñas –los rutinarios que se hacen desde el nacimiento hasta los 14 años– se utilizarán para identificar posibles usos problemáticos de las tecnologías que comprometan su salud, provoquen aislamiento o carencias en el desarrollo.
Dentro del ámbito educativo, se contemplan nuevas medidas de alfabetización digital en todas las etapas para enseñar a los alumnos y alumnas a usar de forma segura, y garante con sus derechos, los medios digitales. Es uno de los reclamos históricos de las organizaciones de infancia, que consideran que controlar el acceso a determinados contenidos debe ir siempre acompañado de propuestas educativas que ayuden a los menores a desenvolverse conociendo sus riesgos.
La app para verificar la edad, pendiente
Quedan más asuntos pendientes para completar esta “malla” de medidas que el Gobierno está poniendo en marcha. Una de las principales es una app para impedir que los menores se salten las normas de edad en internet. La herramienta, surgida por iniciativa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) con la colaboración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Fábrica de Moneda y Timbre, sigue en desarrollo.
Cuando esté lista, facilitará que las empresas que ofrecen servicios que no son adecuados para menores “tengan la garantía de que la persona que accede a los contenidos para adultos puede hacerlo, demostrando su condición de 'persona autorizada a acceder”. El objetivo era que estuviera disponible antes del verano de 2024, pero no se ha incluido en el anteproyecto de ley porque todavía no existe.
El texto, que ahora inicia un largo camino hasta convertirse en ley orgánica, se presentará este martes acompañado de un informe-diagnóstico preliminar sobre el impacto que tienen los entornos digitales en los menores de edad, coordinado por el Ministerio de Juventud. El documento da una idea de lo universales que son las medidas adoptadas en un país donde el 94,8% de los adolescentes dispone de un teléfono móvil con internet y un 90,8% se conecta todos o casi todos los días. Además, casi la mitad usa internet más de cinco horas al día los fines de semana y el 31,6% hace ese mismo uso entre semana.