Continúa la negociación para establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las residencias en el sistema de atención a la dependencia. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha convocado este viernes a la mesa de diálogo social, a la que ha llevado una nueva propuesta en la que fija plazos máximos para algunos de los cambios que prevé el documento. El último borrador, al que ha tenido acceso elDiario.es, establece que los centros tendrán tres años desde la entrada en vigor del acuerdo para aprobar un “plan de atención libre de sujeciones”. Recientemente ha trascendido la muerte de una anciana en una residencia de Madrid asfixiada por las correas de sujeción que la ataban a la cama. El plan debe contemplar la “supresión total y segura” de la inmovilización de los mayores por esta vía, que solo podrá usarse “de manera excepcional” y de forma protocolizada.
El departamento dirigido por Ione Belarra pretende llegar a un acuerdo con asociaciones y expertos del sector, sindicatos y patronal sobre los estándares que deben alcanzar los servicios incluidos en el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD). El objetivo de fondo es impulsar un nuevo modelo residencial, pero tendrá que pactarse con las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia, algo que el Gobierno quiere hacer durante este primer semestre del año.
De aprobarse, a partir de entonces los centros residenciales, centros de día y servicios de atención a domicilio y teleasistencia deberán ajustare al nuevo modelo. El texto lleva desde el pasado diciembre en discusión y ya es el tercer documento que hay sobre la mesa, por lo que puede seguir modificándose.
En lo que respecta a las inmovilizaciones, que quienes las usan defienden que son necesarias para reducir la agitación de los mayores, el texto establece que “tienen derecho a recibir una atención libre de sujeciones” y los centros deben “tener un compromiso formal” en este sentido. Se proporcionará formación a los profesionales y la sujeción deberá ser “excepcional y en situaciones de urgente necesidad” siempre que haya un peligro para la vida o seguridad de la persona o quienes estén a su alrededor. Previamente debe constatarse “claramente” el fracaso de otras medidas alternativas, se necesitará el consentimiento de la persona o la familia y el proceso debe ser documentado y previamente comunicado a la Fiscalía.
90 plazas y unidades de convivencia de 15 personas
Además de un plazo para el fin generalizado de las sujeciones, en esta última propuesta, Derechos Sociales establece un plazo más: siete años para que las residencias ya existentes se adapten a los límites de plazas exigidos. Deberán hacer obras para dividirse en espacios de no más de 90 personas, crear unidades de convivencia de 15 con estancias y salas propias y contar con un 35% de habitaciones individuales.
Los nuevos centros deberán tener un máximo en total de 90 plazas, no podrán sectorizarse y tendrán que contar al menos con un 65% de habitaciones individuales. El primer borrador, de diciembre, fijaba este máximo en 50 plazas. El objetivo es que los residentes vivan en espacios más parecidos a hogares que a instituciones. Las personas residentes deberán contar con espacios que “preserven debidamente su intimidad”, podrán personalizar “al máximo” sus habitaciones y disfrutar de “espacios de convivencia en el centro” independientes a los generales. El último borrador ha dejado en 50 plazas el límite para los centros residenciales para personas con discapacidad, después de haberlo subido a 90.
Otra de las últimas modificaciones apunta al número mínimo de inspectores que se establecen para garantizar que los criterios se cumplen: si en el anterior documento eran uno por cada 30 centros, en el nuevo se ha fijado uno por cada 25 tras las quejas de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias, que reclama uno por cada 15.
Otro de los focos de conflicto con los familiares han sido las ratios de profesionales mínimas exigidas, tanto auxiliares o gerocultores como sanitarios. El último estándar propuesto por Derechos Sociales es de 0,43 en las residencias de personas mayores hasta alcanzar una ratio de 0,51 el 1 de enero de 2027. Se incrementan respecto a los anteriores borradores, pero las familias señalan al cálculo que se introdujo ya en el anterior borrador. En el primero se especificaba que la ratio se calcularía respecto al total de plazas del centro, y ahora se toma como base “el número de plazas ocupadas en el centro hasta el límite del 80% de las plazas acreditadas”. El Gobierno ha subido la ratio del 0,41 del anterior documento al 0,43 de este.