Patricia debe 13.200 euros y no los puede pagar. Lleva tres años en el paro. Su deuda es por estudiar. En 2011 se trasladó a Valencia para cursar un máster de Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible. Como no podía hacer frente a su coste, decidió pedir un préstamo de los que el Gobierno socialista habilitó de 2007 a 2011 para estudios de postgrado. Entre sus ventajas estaba la posibilidad de no devolver el dinero hasta que no se superase una renta anual de 22.000 euros. Sin embargo, Patricia se siente “miserablemente engañada”. A pesar de no tener trabajo, el Banco Santander comenzó a cobrarle las primeras cuotas. Fue en ese momento en el que se enteró de que las condiciones del préstamo habían cambiado.
Ella es una de los 976 jóvenes que se encuentran “atrapados” por los llamados Préstamos Renta Universidad (PRU), una línea de financiación que el Estado y diversas entidades bancarias como Banco Santander o Unicaja y el ICO, pusieron en marcha bajo el lema “estudiar más no cuesta tanto”. Además de no tener que devolverlo hasta que el estudiante no obtuviera un empleo, el préstamo era a tipo de interés 0% y la deuda prescribía a los 15 años. Características que atrajeron a 15.623 universitarios.
Sin embargo, año tras año las condiciones se fueron endureciendo hasta fijar el interés cotizado quincenalmente por el ICO, un periodo máximo de devolución de seis años (dos de carencia y cuatro de amortización) y la obligatoriedad de devolver el préstamo independientemente de la renta anual. “En el banco me informaron y me dieron un folleto asegurándome de que si no llegaba al umbral de los 22.000 euros, no tenía que pagar las cuotas”, sostiene Patricia. “En ningún momento me comunicaron que las condiciones habían cambiado. Si hubiera sabido las características reales del préstamo no lo hubiera pedido”.
Las consecuencias de este intento del Gobierno socialista de fomentar la formación de los jóvenes a través de los préstamos siguen coleando mientras vuelve a abrirse el debate sobre el coste de los estudios universitarios. Este lunes la secretaria de Educación, Montserrat Gomendio, reiteró lo que ya es casi un mantra para a el ministerio de José Ignacio Wert: la universidad es insostenible económicamente. A la reducción de los presupuestos de los centros y la subida de tasas de los últimos años, que en muchos casos ha duplicado el precio de los grados, se suma la implantación del polémico decreto conocido como 3+2, que según el Sindicato de Estudiantes encarecerá los estudios y supondrá una barrera de entrada a la universidad de las personas con menos recursos. Por ello han convocado una huelga desautorizada por Gomendio, que les espetó que las movilizaciones deben realizarse “razones serias y reales”.
Cada vez más damnificados
La Plataforma de Afectados Préstamo Renta Universidad agrupa a los damnificados, que según el colectivo, no dejan de aumentar cada día. Llevan denunciando desde mediados de 2013 que han sufrido publicidad engañosa, tanto por parte del Gobierno como de los bancos. “Las entidades no dejaron claras las modificaciones en el momento de firmar los contratos”, sostiene su portavoz, Victoria Jiménez. En su opinión, “el Gobierno anterior pecó de optimismo”. Como consecuencia del endurecimiento de las condiciones muchos exestudiantes no pueden hacer frente a la devolución de los préstamos porque o no tienen trabajo o viven en condiciones precarias.
A muchos se les acaba el tiempo y ya tienen que empezar a devolver el préstamo este año. “Mis condiciones laborales son ligeramente mejores que hace dos años, aunque tampoco puedo permitirme hacer frente a la devolución ya que, al igual que mucha otra gente en España, debo ayudar a mi familia económicamente y se me hace muy cuesta arriba”, afirma José Marcos Serrano, que trabaja como técnico audiovisual.
Patricia apunta la dificultad de enfrentarse a las entidades bancarias. “Fui personalmente a explicar mi situación e intentar renegociar los pagos a una cuota más llevadera, pero nunca se han mostrado receptivos” explica esta diplomada en Gestión y Administración Pública, que hace trabajos temporales como dependienta. La entidad sostiene que el crédito debe ser devuelto inmediatamente y que, si no es así, iniciará acciones judiciales. Para ella, lo que ha ocurrido está claro: “El Gobierno se ha llenado la boca con la supuesta ayuda a los universitarios y el banco solo pretende hacer negocio con nosotros”.
José Marcos también ha recibido “amenazas” del Banco Santander: “Me presionaban constantemente, los operadores que me llamaban me advertían de que me añadirían a listas de morosos y similares”. Su deuda alcanza los 16.500 euros, que solicitó en la convocatoria de 2010/2011 para hacer un máster en Artes de la Comunicación Audiovisual en Madrid.
“Esto es una monumental estafa”
Ante esta situación, los exestudiantes se sienten engañados. La publicidad sobre las ventajas del préstamo animó a muchos a pedirlo con la esperanza de completar sus estudios y abrirse camino en el mundo laboral. Una esperanza que ahora se ha visto truncada por las altas cifras de desempleo juvenil. José Marcos es tajante: “me siento estafado, ninguneado y abandonado”. Él denuncia que fue la propia escuela que impartía el máster, el Instituto de Comunicación Tracor, la que le “vendió” unas condiciones que no eran las reales.“Cuando fui a firmar la póliza al notario, éste no me informó verbalmente de las condiciones, como debería haber hecho y firmé sin revisar cada una de las claúsulas”, sostiene. “En todo caso, asumo mi error”.
La desesperación les ha empujado a alzar la voz y han decidido dar a conocer su situación. Patricia considera que lo ocurrido “es una monumental estafa” y denuncia el abandono que han experimentado por parte de las autoridades. Un sentimiento que también percibe José Marcos, que se siente indefenso porque “el Gobierno deja en manos del banco mi futuro y el de muchos que nos endeudamos para estudiar”.
La Plataforma exige al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que asuma su responsabilidad y sea consciente de que la situación actual de crisis económica es “excepcional”. Los afectados sostienen que ninguna de las partes contratantes previó lo ocurrido, pero que es el Estado el que tiene mayor compromiso de afrontar el conflicto.
Consideran que debe reconocer que los préstamos se concedieron sin prever que la situación económica del país llegaría a los límites de precaridad y desempleo actuales. “El Gobierno actual no puede lavarse las manos y mirar para otro lado”. Creen que la ampliación del periodo de carencia y amortización que se aprobó en el Congreso de los Diputados en 2013 “es una solución insuficiente y decepcionante”. Además, piden que se hagan públicos los convenios de colaboración entre las distintas partes implicadas con el objetivo de aclarar si el dinero destinado a los Préstamos Renta Universidad es de origen público o, como ha afirmado el Gobierno en algunas ocasiones, proviene de las entidades bancarias.
Según FACUA-Consumidores en Acción, resulta “aberrante” que el Gobierno destine dinero a rescatar a los bancos y “deje a la deriva a quienes optaron por formarse y labrarse un futuro que hoy dista de ser el más adecuado para ellos”. Por eso, al igual que la Plataforma de Afectados, reivindica que las condiciones se igualen a las originales y no tengan que hacer frente a la devolución del préstamo hasta que su renta anual no supere los 22.000 euros, como se estableció al principio. Los exestudiantes se muestran contundentes: “queremos devolver el préstamo, pero no podemos”.