Que de la Transición se salió “sin un solo roce de violencia salvo ETA” o que “no hubo sometimiento ni miedo”, solo “grandeza moral y reconciliación”. Son dos frases pronunciadas hace algunos años por dos figuras políticas relevantes –la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo (PSOE) y el exlíder del PP Pablo Casado respectivamente–, pero suenan a un relato que todavía hoy sigue en pie: el de un paso de la dictadura franquista a la democracia incruento y pacífico. Eso a pesar de lo que, frente al olvido institucional, llevan años demostrando los historiadores.
Cubrir ese vacío es, en parte, lo que se propone la Ley de Memoria Democrática con la constitución de una comisión técnica que ha echado a andar esta semana con su aprobación en el Consejo de Ministros. Formada por una docena de expertos en Historia y Derecho Penal, el grupo tendrá el cometido de estudiar las “vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la democracia y los derechos fundamentales” en esta etapa.
Aunque habitualmente se denomina Transición al periodo que se inicia con la muerte de Franco, en 1975, la comisión iniciará sus trabajos con la entrada en vigor de la Constitución, en 1978, y hasta el 31 de diciembre de 1983 porque la ley de memoria extiende su aplicación al periodo anterior. En un año, el equipo deberá entregar un informe y proponer “vías de reconocimiento y reparación”.
Porque, pese a que la derecha e incluso parte de la vieja guardia del PSOE saltara en tromba contra esta medida acusando al Gobierno de “hacer saltar por los aires” la Transición o pactar la ley “con terroristas”, en referencia al apoyo de EH Bildu, la Transición dejó tras de sí un reguero de víctimas de la violencia política que han quedado en un margen de la memoria.
“Es un fenómeno sobradamente estudiado por la historiografía, que ha demostrado y señalado las dimensiones que alcanzó y cuál fue su impacto”, esgrime Víctor Aparicio, doctor en Historia Contemporánea y autor de La violencia, actor político de la Transición (2023). No se trata de invalidar de plano esta etapa, de hecho la Ley de Memoria Democrática dedica una buena parte a defender sus logros, pero “cuando se habla de la Transición no puede dejarse fuera” la violencia y sus víctimas, muchas de la cuales “han sido olvidadas quizá por la tendencia que ha habido a subrayar el proceso como modélico”, añade el experto.
Víctimas del terrorismo
Aunque no hay cifras públicas y oficiales, varias investigaciones académicas y periodísticas han intentado dibujar un mapa aproximado de lo que ocurrió: el periodista Mariano Sánchez Soler contabilizó en La Transición Sangrienta (2010) 591 muertes por violencia política entre 1978 y el primer año de Gobierno de Felipe González, mientras que la profesora de la Universidad de Borgoña (Francia) Sophy Baby, una de las integrantes de la recién creada comisión, elevó la cifra a 714 en El Mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982).
De entre ellas, la inmensa mayoría fueron víctimas del terrorismo. El que más crímenes cometió fue el terrorismo de la banda ETA, con 376 muertos, según el trabajo de Baby, que atribuye además 66 a los GRAPO, uno a Terra Lliure y 67 a grupos terroristas de extrema derecha en un momento en el que coexistían varios como la Triple A, el Batallón Vasco Español o los guerrilleros de Cristo Rey. Además, la ultraderecha conformaba grupos como Fuerza Nueva o Frente de la Juventud “desde los que también se cometieron violencias y asesinatos, aunque no fueran el mismo fenómeno que el terrorismo”, señala Aparicio. Al mismo tiempo se dio una “violencia de Estado”, en la que se incluyen los abusos policiales, que se cobró la vida de 178 personas, de acuerdo con la clasificación de Baby.
La comisión no estudiará todos los casos. El Gobierno ya ha aclarado que “en ningún caso” se incorporarán aquellas víctimas “vinculadas a una organización o grupo terrorista” o que se dedicaran a “subvertir el orden constitucional” en una clara referencia a las sugerencias que en el trámite de la ley se hicieron respecto a que la comisión investigaría, por ejemplo, los asesinatos por parte de los GAL de los miembros de ETA Lasa y Zabala. Y está por ver hasta qué punto se evalúan aquellas víctimas mortales que lo fueron a manos de grupos terroristas a las que el Estado, a veces tarde, ya ha reconocido.
Pocos detalles ha dado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, pero sí ha avanzado que la comisión está pensada para casos como el de la líder estudiantil y militante del Partido Socialista de los Trabajadores Yolanda González, asesinada por miembros de la extrema derecha en 1980. Aunque el grupo deberá dilucidar aún qué parámetros usar para incorporar o no a las víctimas a su estudio, todos los ojos apuntan a aquellas que fueron asesinadas por actuaciones policiales y para las que no ha habido reconocimiento ni reparación.
Represión y 'gatillo fácil'
A fondo ha estudiado esta violencia policial el historiador David Ballester, miembro del Centro de estudios sobre dictaduras y democracias de la Universitat Autònoma de Barcelona. En su libro Las otras víctimas: la violencia policial durante la Transición (1975-1982), Ballester ha documentado 135 asesinatos a manos de las fuerzas policiales en tres contextos: “Por un lado está la represión en manifestaciones y actos reivindicativos o políticos, también lo que llamamos violencia por gatillo fácil, que era cuando usaban inadecuadamente armas de fuego y, por último, tortura a detenidos y presos”, enumera.
La cuestión es que el paso de la dictadura a la democracia en España no fue un proceso de ruptura. “No hubo una depuración de los cuerpos policiales heredados del franquismo, lo que comportó que algunos miembros que habían hecho de la vulneración de los derechos humanos y la violencia su modus operandi lo importaran”, sostiene Ballester, que se refiere especialmente a aquellos agentes que estaban en la Brigada Político Social de Franco y que pasaron a la Brigada Central de Información, que la sustituyó. Ejemplo paradigmático fue el policía 'Billy el Niño', acusado de torturas, que murió en 2020 sin haber sido juzgado y con las medallas que había recibido por su trabajo intactas. La última la recibió en 1982, ya en democracia.
Víctimas de esta violencia policial que previsiblemente serán estudiadas por la comisión fueron, por ejemplo, la ecologista Gladys del Estal, que con 23 años fue asesinada por un guardia civil en una protesta antinuclear celebrada en Tudela (Navarra) el 3 de junio de 1979. También Valentín González, el sindicalista de la CNT al que mató un policía nacional en la huelga celebrada en el Mercado de Abastos de Valencia el 25 de junio de 1979. En marzo de ese mismo año el joven Ursino Gallego-Nicasio, de 14 años, era asesinado por el disparo de una bala de goma en una manifestación en Parla (Madrid) por la escasez de agua.
Sin embargo, más allá de este tipo de casos en contextos de protesta, hubo “muchas personas que murieron por extralimitaciones policiales” sin que necesariamente tuvieran una posición política o estuvieran “luchando por la democracia”, que es la condición que establece la ley al definir qué víctimas estudiará la recién creada comisión. Para los historiadores, esta redacción “comporta el riesgo de dejar a gente fuera”, cree Aparicio. Ballester pone el ejemplo del caso Almería, ocurrido en 1981 y en el que tres jóvenes residentes en Santander que se trasladaron a Roquetas de Mar para asistir a una comunión fueron torturados y asesinados al ser confundidos con miembros de ETA.
Además “los casos de gatillo fácil” se produjeron en muchas ocasiones “en contextos diversos”, por ejemplo, en la barra de un bar, detalla el historiador, que cree que el Gobierno “cometería un error” si no estableciera “un criterio más amplio y generoso” más allá de si la víctima “luchaba o no por la democracia”. Será una decisión que probablemente protagonizará las primeras reuniones de la comisión. “Si las circunstancias hubieran sido otras y los cuerpos policiales se hubieran democratizado habría habido errores y excesos, pero no tantos. Hay que encuadrar también a estas víctimas sin significación política en un problema estructural de violencia en la Transición”.