La tasa de hogares monoparentales en riesgo de pobreza dobla a la de los integrados por dos progenitores
“Si no me hundo es por el niño de ocho años que tengo. Debo tres meses de alquiler y tengo aquí la tercera notificación de que van a cortar la luz”. Las familias monoparentales en España, encabezadas fundamentalmente por mujeres, atraviesan situaciones de pobreza y precariedad en mayor proporción que las que no lo son. Tomando como referencia el indicador europeo AROPE, uno de cada dos hogares de este tipo (el 50%) están en riesgo de pobreza o exclusión, el doble que los formados por dos progenitores (25,8%). La tasa de riesgo de pobreza o exclusión del total de hogares españoles se sitúa en el 26,1%, según datos de 2018. Son cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, analizada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) en su informe sobre Género, Monoparentalidad y Rentas Mínimas.
Las conclusiones del estudio son contundentes y apuntan a que los 1,8 millones de hogares encabezados por una sola persona (en el 81,9% de los casos, mujeres) que hay en España afrontan problemas a los que la Administración pública no ha dado respuesta como una prioridad. Una situación arrastrada por que “el modelo económico actual presupone la existencia de dos personas adultas que generan ingresos” para sustentar a la familia, señala EAPN, por lo que la ausencia de una de ellas “implica un riesgo importante de padecer pobreza”.
Según el informe Monomarentalidad y Empleo, publicado en 2018 por Adecco, casi la mitad de las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, en concreto un 43%, está desempleada. De ellas, siete de cada diez llevan más de un año en esta situación y el 22% entre uno y dos. “El desempleo prolongado, los bajos ingresos entre las mujeres ocupadas, la débil contribución económica de los progenitores y el bajo nivel protector de las políticas en favor de estas familias son factores que contribuyen a la elevada tasa de pobreza”, explica el estudio de EAPN.
Y es que estos hogares experimentan las tasas de riesgo de pobreza relativa (disponer de unos ingresos menores al 60% de la renta mediana) más altas por tipo de hogar llegando a alcanzar el 42,9% en 2018. La cifra ha escalado seis puntos en diez años, al situarse en 2008 en el 36,8%. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, el 74,9% llega a fin de mes con algún grado de dificultad, una tasa 20 puntos por encima de la relativa a los hogares formados por dos progenitores (54,3%).
El informe de EAPN aglutina también varias cifras relativas a las carencias materiales que viven estas familias: la mitad no puede permitirse ir de vacaciones ni una semana al año y el 53% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos de al menos 650 euros. Además, el 16,5% no puede permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada, cifra que se reduce hasta el 6,8% en el caso de los hogares con dos progenitores. Todo ello, recuerda el informe, en un contexto de desigualdad de género marcado por dos elementos: que las tareas de cuidados sigan recayendo fundamentalmente sobre ellas y que el empleo femenino esté atravesado en mayor medida por la precariedad.
“No llego a recogerla al cole”
Con el objetivo de contrastar los datos recogidos por EAPN, la organización ha encuestado a 34 mujeres que encabezan hogares monoparentales y que cobran o han cobrado algún tipo de renta mínima, una prestación que gestionan las comunidades autónomas. De acuerdo con un reciente informe del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el perfil de la persona receptora de rentas mínimas es una mujer, siendo el 60,17% de las que las cobraron en 2017, recuerda EAPN.
La investigación aprovecha para lamentar la complejidad y heterogeneidad de este tipo de sistemas, lastrados además por la insuficiencia de las cuantías o las limitaciones en su cobertura. Las mujeres encuestadas recibieron una renta mínima media de 568 euros. En síntesis, los resultados de las encuestas revelan que estas mujeres atraviesan un grado mayor de pobreza o exclusión social que la experimentada, a la luz de los datos, por las mujeres que encabezan familias monoparentales en general.
En cuanto al ámbito laboral, la situación ocupacional de las mujeres entrevistadas está marcada por el paro de muy larga duración: casi la mitad, el 47%, lleva desempleada más de dos años y un 23% más de uno. Los problemas para conciliar la vida familiar y laboral se erigen como uno de los obstáculos que citan la mayoría, lo que aumenta las barreras para acceder a un empleo: “A mí me pasa de no llegar a recogerla al cole. He hecho cursos de ayuda a domicilio y eso y me llaman para trabajar 8 horas y yo no puedo, mientras ella va al cole yo puedo trabajar, pero menos de 8 horas no te cogen tampoco”, señala una de las mujeres.
La vivienda, un problema clave
En el caso de estas 34 mujeres encuestadas, una mayoría llega con dificultad a final de mes y el 52% apunta a la imposibilidad de consumir pollo, pescado o un equivalente vegetariano cada dos días. De hecho una mayoría, el 74%, recibe alimentos de forma frecuente de la Cruz Roja, el Banco de Alimentos o asociaciones similares.
Las mujeres encuestadas han señalado la vivienda como otro de los problemas fundamentales: un 63% ha declarado no poder pagar el alquiler, un 53% manifiesta tener recibos atrasados y un 42% vivir en una casa con humedades, goteras, hongos, ventanas o puertas podridas. La situación que atraviesan tiene consecuencias directas en la salud de las mujeres, de las que solo un 29% indica tener la capacidad de afrontar los gastos derivados de enfermedades.
Ante esta situación, EAPN reclama avanzar en la protección de todas las familias, pero “dando prioridad” al conjunto de hogares monoparentales. Por ello, la primera demanda de la organización es la aprobación de una legislación específica para este tipo de familias para “garantizar derechos” y paliar las diferencias con las que se encuentran dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan. Además, pide la implantación de una renta mínima de carácter estatal y la promoción de políticas para el acceso a un empleo adecuado que pongan la conciliación en el centro.
