Uno de los hospitales semiprivatizados montados por Esperanza Aguirre gastó 28 millones de euros saltándose la ley
El hospital Infanta Leonor de Vallecas, uno de los centros semiprivatizados con los que Esperanza Aguirre (PP) forjó sus victorias electorales, gastó 28 millones de euros saltándose la ley, según el análisis de la Intervención de la Comunidad de Madrid. Los auditores concluyeron que, en 2013, “la práctica totalidad de los productos y servicios suministrados y ejecutados vulneran las normas legalmente establecidas”.
El hospital registró unos gastos totales de 109,9 millones de euros en el ejercicio. De estos, gran parte son partidas directas que no deben pasar por concursos: el personal, el canon a la concesionaria que construye y administra el edificio, el servicio de radiología... Todos sumaron 79,1 millones. Del resto, más de 30 millones de euros, “en el mejor de los escenarios posibles” tan solo el 9% se adjudicó siguiendo los procedimientos legales, según dejó escrito el interventor.
Eso supuso que esos 28 millones se colocaran con métodos irregulares: se saltaron al órgano que tenía que adjudicarlos o se fraccionó el gasto inadecuadamente lo que permite contratar sin competencia entre empresas. El gasto del centro sanitario abarca desde el manteamiento de equipos a suministros de todo tipo de material sanitario: suturas, gasas, ortopedias, sondas, bolsas... Una relación larguísima de productos.
La inspección, además, pormenoriza una batería de “incidencias” sobre el control interno del proceso de compras “que se han puesto en conocimiento del centro y para la que no se ha obtenido respuesta”, dicen. Esto, asegura, “hace dudar de la bondad de los datos facilitados”.
Esta manera de gestionar está enmarcada en un desbarajuste generalizado que atestiguaron las intervenciones oficiales. Entre otras cosas, el Infanta Leonor derivaba pacientes para hacerse pruebas a clínicas privadas sin contar con el procedimiento de contratación, se pagaba a administrativos que no correspondía y se abonaban gastos indebidos a la concesionaria como el mantenimiento de la parcela.
Factura de más con el aumento de camas
Los interventores afean muchas de las conductas que el hospital tiene con la concesionaria porque le cuestan dinero a las arcas públicas. Sin ir más lejos, el documento explica que el centro ha pagado de más a la contratista por una ampliación de camas que se realizó desde 2010.
La memoria que se utilizó para autorizar esa ampliación indicaba unos precios más bajos que los que luego se aplicaron realmente (que provenían de cálculos más antiguos) de manera que se abonaron 367.000 euros extra. “Esta cuantía no ha sido reclamada a la empresa por vía alguna”, sentencia la intervención.
Una línea de actuación muy dispar a lo que hace la contratista. La empresa gestora ha llevado hasta los tribunales en numerosas ocasiones a la Comunidad de Madrid para reclamar dinero que consideraba que no se le había liquidado adecuadamente.
Así, al cerrar el ejercicio se contaban siete procedimientos judiciales abiertos por la empresa contra el hospital. Cuatro tenían ya sentencia –dos firmes y dos aún recurribles–. Las dos primeras sumaron casi un millón de euros. Una de ellas, sobre facturación de “servicios adicionales” que pedía la contratista condenó al hospital a pagar más 480.000 euros por caer en “mala técnica procesal” a la hora de recurrir.
Asistencia religiosa
Fuera de los gastos que debieron estar sujetos a las normas de contratación pública, la fiscalización de las cuentas de 2013 revela que el hospital estaba pagando a los sacerdotes católicos que dan asistencia religiosa en el centro sin amparo legal. 31.000 euros se abonaron en virtud de un convenio que la Comunidad de Madrid tiene con el Arzobispado pero que no está suscrito por el órgano de gobierno del Hospital Infanta Leonor. El propio convenio prevé que debe ser refrendado de esta manera con lo que, concluyen: “El mencionado gasto carece de base legal para su realización”.
Este hospital formó parte de los siete centros que la Comunidad de Madrid puso en marcha bajo la fórmula PFI por la que una concesionaria construía el edificio a cambio de gestionar todo lo que no fuera asistencia sanitaria. La Comunidad paga un canon anual durante tres décadas. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investiga si parte del dinero destinado a este programa acabó financiando al Partido Popular.
El centro de Vallecas fue inaugurado el 29 de febrero de 2008 por Esperanza Aguirre y su consejero de Sanidad de entonces, Juan José Güemes. Sin embargo, el plan de infraestructuras que implantó este modelo semiprivatizado fue diseñado por su predecesor en el cargo, Manuel Lamela.
Lamela, convocado por una comisión parlamentaria de la Asamblea de Madrid, aseguró el miércoles pasado sobre este sistema: “Disminuye los costes de mantenimiento, disminuye los costes de explotación y se garantiza una mejor calidad”.
