Del anuncio trascendió sobre todo una cifra, pero la inversión en Formación Profesional que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió el pasado sábado en Pamplona va más allá de la creación de 45.000 nuevas plazas.
El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles la partida, que incluye cinco acuerdos (cinco áreas de inversión) para abordar diferentes ámbitos de la FP: se desarrollarán acciones de calidad, planes de formación, acreditación de competencias, formación y cualificación de trabajadores y se mejorarán los centros de capacitación digital existentes.
“La nueva FP es ya una realidad en marcha, con un gran potencial de crecimiento por las sinergias que se están generando con el tejido productivo”, ha destacado la ministra de Educación, Pilar Alegría. “Una vía segura para la reducción del paro juvenil, para la mejora de la competitividad de las empresas y para la reactivación del ascensor social a través de la educación”, ha concluido.
Con los 1.300 millones de euros aprobados hoy, el Gobierno ha dedicado entre este año y el pasado 6.041 millones de euros a la Formación Profesional, de los que más de un tercio provienen de los fondos Next Generation de recuperación de la pandemia.
El tiempo dirá si la (enésima) apuesta de un Gobierno por la FP acaba dando los frutos esperados, pero este Ejecutivo está poniendo muchos huevos en la cesta de la transformación de la etapa en su afán por ensanchar el mercado laboral por el centro, en el grupo de trabajadores técnicos, donde más flojea España. Aprobó una nueva ley con el consenso casi unánime del Congreso y periódicamente anuncia inversiones o transferencias a comunidades.
867 millones para el empleo
La mayor partida de esta última inversión es la dedicada a la Formación Profesional para el empleo, tanto para trabajadores en activo como desempleados. Esta área es una de las que más ha tocado la nueva norma al sacarla del Ministerio de Trabajo para llevarla al de Educación y tratar de otorgar a la etapa de una mayor cohesión.
Por un lado, se invertirán 867 millones de euros para formación, con los que las comunidades autónomas –que tienen la competencia en FP– deberán llegar a 217.000 personas entre trabajadores y desempleados, según calcula el Gobierno. Esta acción se complementa con otra partida de 111,5 millones de euros para acciones de cualificación y recualificación (reskilling y upskilling) que llegarán a 203.000 personas.
Por otra parte, hay una partida de 273 millones de euros que bajo el nombre genérico “Plan de modernización” incluye la acreditación de competencias profesionales de 540.000 personas (para reconocer oficialmente las capacidades que tienen muchos trabajadores aprendidas a base de hacer, pero sin ningún título que las acredite), la extensión de la enseñanza bilingüe en la FP con la creación de unas 1.500 clases en lengua extranjera y “la puesta en marcha de 304 aulas de tecnología aplicada y 444 aulas de emprendimiento”. Es en esta partida donde se incluye la creación de 45.000 nuevas plazas para mejorar la oferta: hay comunidades donde verano tras verano miles de aspirantes se quedan fuera por la falta de oferta pública.
Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución a las comunidades autónomas de 29,3 millones de euros para el funcionamiento de los 1.047 centros de capacitación digital (para ofrecer formación básica a personas mayores o perfiles que no tengan formación digital) que ya existen y para la creación de 314 más.
Este es el desglose del gasto anunciado por el Gobierno, por partida y comunidad autónoma.