El obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar, se niega a quitar la placa franquista que sobrevive en el Cerro de los Ángeles de la localidad. Eso, pese a que le ha instado a ello una moción aprobada por el pleno del municipio, gobernado por el PSOE, apoyada por todos los grupos excepto el PP. El complejo monumental en el que se ubica la insignia pertenece a la diócesis, pero el espacio es público. La placa está visible en un lugar abierto al acceso.
López de Andújar es el mismo prelado que firmó, junto al obispo de Alcalá de Henares, una carta que decía que la Ley de Transexualidad de Madrid conlleva “la sumisión de las personas a un poder totalitario” y “retuerce la naturaleza humana”
Fuentes jurídicas consultadas explican que el obispado tendría que aceptar la petición del Ayuntamiento y quitarla ya que “exalta” –al llamar caudillo al dictador– y “ocupa un espacio de todos”. Teniendo en cuenta estos dos factores, este caso no puede acogerse al artículo 15.2 de la Ley de Memoria Histórica, que dice que la administración pública queda eximida de actuar para pedir la retirada de símbolos franquistas “cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”.
La placa origen de la polémica se encuentra en la base del monumento en honor al Sagrado Corazón de Jesús, levantado en 1919 en el Cerro de los Ángeles. El complejo, de grandes dimensiones, fue atacado en agosto de 1936 –un mes después del inicio de la Guerra Civil– por un grupo de milicianos. Ya durante el régimen franquista, el dictador ordenó reconstruirlo y pidió que se colocara un mensaje que dejara constancia de que fue el “caudillo de España” quien impulsó la obra.
“No estamos ante ninguno de estos casos”, confirma Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Escudero remarca que “la ley no deja de aplicarse por que el terreno sea de propiedad privada”.
Francisco Armenteros, canciller secretario y portavoz de la Diócesis de Getafe, justifica en conversación con eldiario.es que la placa está en un lugar “poco visible” y “dentro de un recinto privado” –en referencia al Cerro de los Ángeles–. Para la Diócesis, además, la insignia “no es ningún homenaje, es un dato histórico, como decir que Franco inauguró un pantano”. “No se trata en ningún caso de una cuestión política”, zanja Armenteros, que asegura que podrían replantarse la decisión si “nota a las personas molestas u ofendidas”.
La postura del obispado de Getafe contraviene al compromiso del Arzobispado de Madrid de “cumplir la ley” de Memoria Histórica tras años de bloqueo y poca colaboración.
El PP no apoya la retirada
La moción para retirar la placa se aprobó en el pleno del 6 de abril. Más de un mes después, la Diócesis no ha dado una respuesta. No tiene por qué hacerlo. En el documento refrendado por PSOE, IU, Ahora Getafe y Ciudadanos se insta a la Iglesia a que cumpla la ley y “que no permita que continúen oprimidos todos aquellos que padecieron la persecución y la violencia de la Guerra Civil y la dictadura franquista”. El PP, único partido que no aprobó la moción, presentó una enmienda que pedía incluir en el documento la supresión “de las referencias a Carrillo, Guevara o Ibárruri”. Ni siquiera llegó a votarse la propuesta al no ser aceptada por el resto de partidos.
Potestad para quitar las subvenciones
El artículo 15.3 de la Ley de Memoria Histórica da potestad a las administraciones públicas para “retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1”. Es decir, que no cumplan con las medidas tomadas por los gobiernos para retirar los vestigios “de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.
Un convenio firmado en 2012 por la Diócesis de Getafe, el entonces Gobierno municipal –encabezado por Juan Soler, del PP–, la Comunidad de Madrid y el Ministerio del Interior al que ha tenido acceso eldiario.es establece lo siguiente: “Como compensación al uso consentido del entorno del Cerro de los Ángeles”, el Ayuntamiento de Getafe se encarga del mantenimiento y limpieza, flora y arbolado; de recoger los residuos; y sufragar los gastos de servicio de las zonas de uso público (aseos, quiosco-bar, picnic, aparcamiento...)
Este no es el primer convenio entre la Iglesia y Ayuntamiento en el municipio. La relación entre las dos partes a partir de un documento se remonta a 1981, cuando se firmó un convenio de colaboración por treinta años que expiró en 2011 y que fue sustituido por el que está hoy en vigor.
El equipo de Gobierno de Sara Hernández, la alcaldesa socialista del municipio, admite que no se ha planteado rescindir –amparado con la ley– el convenio de colaboración con la Diócesis. Más allá de eso, las administraciones públicas pueden iniciar procedimientos en lo contencioso-administrativo de “ejecución subsidiaria a costa del obligado”, explica el abogado Rafael Escudero. Esto es, una retirada forzosa de la placa cuyo coste logístico, de salir adelante el expediente, recaería sobre la Diócesis.