Ilegitimidad frente a nulidad: 40 años cargando con las sentencias franquistas

Los acusados eran juzgados, en la mayoría de las ocasiones, en grupo. Diez, veinte y hasta treinta reos eran despachados en bloque sin que ni siquiera se les dejara hablar. Sus supuestos abogados defensores eran militares que aplaudían todas y cada una de las acusaciones, evitaban buscar pruebas o testimonios exculpatorios y se limitaban a pedir clemencia a un tribunal formado por fanáticos oficiales franquistas. En apenas unos minutos, estos hombres y mujeres, que apenas sabían de lo que se les acusaba, salían de la sala con una sentencia de muerte o una larga condena de prisión debajo del brazo. 

Así eran los consejos de guerra que se celebraban en la España de Franco desde pocos meses después de producirse la sublevación contra la República. El resto de tribunales que fueron surgiendo durante las cuatro décadas de dictadura no le fueron a la zaga a la hora de aplicar la autodenominada justicia franquista.

Los que nacieron al calor de la Ley de Responsabilidades Políticas, por ejemplo, tenían que incluir entre sus miembros a un militante de Falange. Todos ellos, Tribunales de Orden Público, Tribunales de la Represión de la Masonería y el Comunismo, consejos de guerra… no fueron más que un intento de dotar de supuesta legitimidad a la salvaje represión teledirigida desde el Palacio de El Pardo. 

42 años después de la muerte del dictador, todas las sentencias que dictaron esos tribunales se encuentran en un verdadero limbo jurídico. La Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 las declaró oficialmente ilegítimas, un término lo suficientemente poco claro como para no provocar efecto legal alguno. 

De hecho, la idea de nulidad, de dejar sin efecto los veredictos franquistas solo ha sido objeto de una declaración simbólica del Congreso de los Diputados mediante una proposición no de ley presentada por el PSOE este martes.

“Inseguridad jurídica”

Porque, intencionadamente, el Gobierno de Zapatero evitó establecer la anulación de dichas sentencias argumentando que esa medida generaría “inseguridad jurídica” y apostó por esa salida más simbólica que práctica. En privado, los muñidores socialistas de esa ley reconocían entonces que el problema real era puramente económico: anular las sentencias permitiría a los descendientes de las víctimas reclamar los bienes que les fueron incautados por esos tribunales.

Las consecuencias de esa redacción final de la norma han provocado que los tribunales rechacen, una y otra vez, los recursos presentados por las familias para que se anulen las condenas que enviaron a la muerte o a prisión a sus seres queridos.

“Jurídicamente, de nada sirven declaraciones voluntaristas del Congreso de los Diputados ni proposiciones no de ley”, declara a eldiario.es el profesor de filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid de Rafael Escudero Alday.

Alday enmarca también en esa línea, más simbólica que práctica, la decisión unánime del Parlamento catalán, adoptada el pasado mes de junio, de anular las sentencias franquistas: “Es un gesto importante, pero no tiene relevancia jurídica porque el Parlamento catalán no es competente para adoptar esa decisión. Esta situación solo se puede cambiar con una ley específica como hicieron por dos veces en Alemania: una para las sentencias de los tribunales nazis y otra para los tribunales de la RDA. O eso, o una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No hay otro camino”. 

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica apela también a la experiencia alemana: “Allí, tras aprobarse la ley de nulidad, se recuperó cada sumario instruido por los nazis y se selló como nulo”.

Silva se muestra convencido de que, de no ser por las consecuencias económicas, ya se habría hecho lo mismo en nuestro país: “Las condenas venían acompañadas de confiscaciones de bienes. La Ley de Responsabilidades Políticas incluso pedía estimar económicamente el patrimonio del denunciado para luego establecer multas que, la mayoría de las veces, coincidían con esa estimación.

Y además añade que “la represión fue acompañada del expolio, y por eso ahora no quieren que los herederos recuperen el patrimonio que les fue arrebatado ilegalmente. Eso supondría que muchas empresas y fortunas actuales tendrían que devolver los bienes que obtuvieron ilícitamente. Es llamativo que partidos y sindicatos recuperaran ya hace 30 años el patrimonio que les fue incautado y ese mismo derecho le sea negado, todavía hoy, al resto de las víctimas”.