Patrimonio Nacional ha autorizado los trabajos de exhumación de las personas que aún permanecen enterradas en el Valle de los Caídos. Unas semanas después de que Franco saliera de Cuelgamuros, el organismo anuncia que ha trasladado el acuerdo, adoptado el pasado 1 de octubre, a “los familiares de las personas inhumadas” cuyas solicitudes “se encuentran en trámite”. En concreto son 31 solicitudes en marcha, informa Patrimonio Nacional a eldiario.es, dos de las cuales pertenecen a los hermanos Lapeña, cuya familia cuenta con sentencia judicial favorable desde 2016.
En una nota de prensa, Patrimonio informa de que la decisión se basa en el informe del Instituto Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un estudio técnico que da vía libre porque no ha encontrado “graves problemas de seguridad” para llevar a cabo los trabajos, según ha adelantado la Cadena Ser. A día de hoy son 31 familias, pero “el número puede cambiar”, explican fuentes de Patrimonio, que inciden en que pueden ser otras muchas las que comiencen a solicitar recuperar los restos de sus familiares.
Según explica el abogado Eduardo Ranz a eldiario.es, que representa a ocho de las 31 familias que han solicitado la exhumación, es previsible que comiencen los trabajos en una primera fase durante las fiestas navideñas, pero “según lo que se encuentren los operarios se procederá a la extracción o no”. Así, estos trabajos preliminares serán los que determinen “la viabilidad de la localización, identificación y recuperación de los restos de las personas inhumadas”, señala Patrimonio Nacional.
Una vez realizado el proyecto de obras para el acceso y el afianzamiento de los distintos niveles de las criptas, “se procederá a la apertura de la Capilla del Santo Sepulcro siguiendo por la Capilla del Santísimo y finalmente, por las capillas laterales de la nave de la Basílica”. La primera en abrirse es la de los hermanos Lapeña, Manuel y Antonio Ramiro, fusilados en 1936. Su familia cuenta desde 2016 con una sentencia judicial que autoriza su exhumación, pero aunque el fallo arrojó esperanza, comenzó entonces un laberinto plagado de obstáculos.
La ejecución de la exhumación completa, es decir, que se llegue a sacar los cuerpos, depende del trabajo de campo porque “durante todo el proceso se contará con la asistencia permanente de expertos forenses para el asesoramiento técnico y legal” para “una inspección valorativa”. Eso “llevará a determinar las distintas consideraciones físicas, técnicas y jurídicas en cada lugar de la Basílica”, especifica Patrimonio.
Quiénes están en Cuelgamuros
En el Valle de los Caídos hay actualmente 33.815 cadáveres, 21.423 de ellos identificados al haber sido apuntados sus nombres en los libros de registros de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, según el mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia. Todos son víctimas de la Guerra Civil (tanto del bando nacional como republicano) y de la dictadura, pero muchos de los republicanos fueron trasladados allí sin autorización de sus familiares y han permanecido más de 40 años enterrados junto a su verdugo, el dictador Francisco Franco.
La decisión se conoce después de que el Gobierno haya exhumado a Franco de Cuelgamuros y trasladado al cementerio de Mingorrubio, en Madrid. Y es que mientras todos los ojos miraban al dictador, decenas de familias exigían que los restos de los suyos fueran también sacados de donde, siempre han defendido, nunca deberían haber estado. Así, Patrimonio Nacional se reunió el pasado 6 de noviembre con ellas para comunicarles la autorización y la futura aprobación de un proyecto de obra.
Los seres queridos de muchas de estas familias fueron trasladados a la que aún hoy es la mayor fosa común de España sin su autorización y sus restos están repartidos en cajas en los distintos niveles de la capilla del Santísimo, la del Santo Sepulcro y las seis capillas laterales a lo largo del crucero de la basílica. Al Valle llegaron restos de prácticamente todos los rincones de España, según los análisis de la asociación Innovation and Human Rights (IHR).
De Madrid hay 4.083, seguida de Tarragona con 3.902 y Zaragoza con 3.691. Más de mil son de Asturias, Lleida y Castellón y apenas 466 cadáveres fueron trasladados desde Andalucía. No constan registros de entrada desde Ourense, Pontevedra ni Santa Cruz de Tenerife. Y solo 157 de los cuerpos registrados son mujeres, según IHR.